La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) desarrolló el Índice de Extorsión en el que, a partir de tres variables, enlista a los países con mayor problema y a los de menor incidencia.
Al evaluar los factores de magnitud del delito, cifra oculta y percepción de inseguridad, el también llamado sindicato patronal aseguró que los cinco estados con mayor nivel de extorsión son: Morelos, Tabasco, Estado de México, Zacatecas y Guerrero.
Le siguen Colima, Querétaro, Ciudad de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Nuevo León, entidades a las que se les califica con un nivel “alto” en el Índice de Extorsión.

Las entidades con nivel de extorsión “bajo” son Yucatán, Jalisco, Baja California Sur, Tamaulipas, Coahuila, Sonora, Tlaxcala, Campeche, Oaxaca, Aguascalientes y Chiapas.
En la evaluación se expuso que “los resultados permiten identificar dónde la extorsión representa una mayor amenaza y dónde es necesario fortalecer las capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar este delito”.
La Coparmex recordó que, con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la extorsión es el principal delito al alza en México, lo que contrasta con otros delitos que se reducen, como los asesinatos, el homicidio doloso, el feminicidio y el secuestro.
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De enero a junio de 2026, la extorsión alcanzó a 6 mil 562 víctimas, lo que significó un crecimiento de 9.17% en el primer semestre de este año, con respecto al 2025.
Al menos 12 entidades del país alcanzaron su máximo histórico de víctimas en los últimos 11 años, de acuerdo con el estudio del INEGI.
Recordó que “las mayores variaciones anuales se registraron en Chihuahua 2 mil 325%, de 4 a 97 víctimas; Zacatecas 551.4%, de 35 a 228; Yucatán 400%, de 1 a 5; y Tabasco 184.2%, de 82 a 233”.
Sin embargo, esa no es la cifra real, porque el INEGI aseguró que el 97% de los casos de extorsión no se denuncia ni registra, por lo que “las cifras oficiales representan apenas una pequeña fracción del fenómeno”.
Los resultados del primer semestre del año “confirman la urgencia de fortalecer la estrategia contra la extorsión, que continúa creciendo y adoptando nuevas modalidades. Por ello, reiteramos la necesidad de aplicar efectivamente la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión”.
Para combatir la extorsión, la Coparmex pidió avanzar en la homologación de las legislaciones locales conforme a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Crear y garantizar la suficiencia presupuestal para la operación de unidades especializadas contra la extorsión en las fiscalías locales, como establece el artículo 13 de la Ley General.
Dar seguimiento y acompañar a las fiscalías mediante nuestros Centros Empresariales, identificando progresos y pendientes.
Añadió que es necesario instalar inhibidores de señales de celular en los centros penitenciarios para impedir las llamadas de extorsión.
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Así como verificar la implementación de las medidas, una vez concluidos los plazos establecidos, concluyó.
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