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En los últimos años se registra un aumento de los casos de extorsión a los empresarios, tanto por grupos de delincuentes como por parte de trabajadores del gobierno, alertaron organizaciones del sector privado.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, dijo que la extorsión crece sostenidamente, más del 70% en la última década.
Agregó que esa situación lo convierte en el segundo delito que más afecta a los empresarios, solamente después del robo de mercancías.
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En entrevista durante su visita al Centro Empresarial Coparmex de Jalisco, el líder del sindicato patronal afirmó que la Confederación está en la tarea de hacer encuestas empresariales para conformar el reporte Data Coparmex y durante la visita a los diversos centros de la organización se encuentran con la queja de que sube la extorsión.
“Las quejas de los empresarios, cuando visito los centros y en algunas ciudades de algunos estados, está sucediendo este tema de la extorsión de la autoridad en aras de hacer cumplir la ley y se convierte, por lo pronto en el mayor de los extorsionadores”, añadió el empresario.
Expuso que “la autoridad se está convirtiendo en algunas ciudades y estados, es el extorsionador mayor y creo que esto es importante de atender, este delito que ha crecido y que preocupa y que es una exigencia del empresario”.
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Añadió que “es importante que se atienda y que se armonice la ley general de castigo a la extorsión en los diferentes estados. Que abran las fiscalías un departamento de atención a la extorsión, con gente capacitada, el delito de la extorsión se combate con mucha investigación a partir de las denuncias, es el papel que tiene que jugar el empresario y la sociedad, el tema de la denuncia”.
Al respecto el presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), Gerardo Cleto López Becerra, y el dirigente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social (Monacos), Alberto Vargas, dijeron que aproximadamente el 40% de los casos de extorsión que afectan a comerciantes en pequeño, empresarios y trabajadores independientes, así como a la ciudadanía en general, provienen de funcionarios públicos y el 60% restante de organizaciones delictivas.
“Si se renuevan y fortalecen los programas de denuncia para erradicar las prácticas ilícitas cometidas por funcionarios públicos deshonestos, así como por organizaciones representativas del comercio popular que imponen cuotas obligatorias por el derecho a trabajar”, añadieron.
En un comunicado, dijeron que la iniciativa que presentó la Jefa de Gobierno en la Ciudad de México, Clara Brugada, --de considerar la violencia física o moral e incluso, el hostigamiento coercitivo como agravante-- podría tener impacto a nivel nacional y mejorar los resultados en el combate a la extorsión, delito que afecta gravemente la vida y el patrimonio de comerciantes y empresarios.
Aunque, López Becerra agregó que algunas medidas ya se implementaron en administraciones anteriores sin resultados efectivos, porque las denuncias quedan “atrapadas” en procesos complejos ante el Ministerio Público, “instancia actualmente rebasada por su carga de trabajo y bajo la responsabilidad de la Procuradora de Justicia, Berta Alcalde Luján”.
Planteó que la mayor parte de las acciones se quedan en promesas, por ejemplo, dijo que las denuncias por los saqueos a comercios del Centro Histórico, el 2 de octubre de 2025, registran avances limitados, ya que sólo se les dio apoyo económico para reparar parcialmente cortinas y se les devolvió la mercancía retenida como evidencia, pero los responsables siguen libres.
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