El Estado tiene derecho a responder a la información que considere falsa, aclarar señalamientos y presentar datos verificables. Lo que no debe hacer es utilizar Palacio Nacional, recursos públicos y un espacio institucional para exhibir a periodistas, medios de comunicación, personas opositoras y quienes expresan sus opiniones en las redes sociales, colocándolos dentro de una supuesta operación contra el gobierno.
Esto ocurrió desde el escenario de la conferencia mañanera, convertida durante años en el principal espacio desde el cual el gobierno informa, pero también opina, califica y señala a quienes lo cuestionan. Ahí, Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, presentó una relación de nombres y cuentas agrupados en cuatro niveles de un llamado “ecosistema de amplificación digital”.
Después negó que se tratara de una lista. Sin embargo, cambiarle el nombre a una práctica no modifica su naturaleza: se seleccionó, clasificó y exhibió públicamente a personas unidas, principalmente, por expresar opiniones críticas hacia el gobierno.
La presentación no incluyó solamente a periodistas y medios de comunicación. También exhibió a políticos, integrantes de la oposición, figuras públicas, organizaciones y ciudadanos que comentan, comparten información o expresan opiniones en las redes sociales. Esto amplía todavía más la preocupación: el mensaje no parece dirigirse únicamente contra la prensa, sino también contra cualquier persona que ejerza su derecho a cuestionar al poder.
La exposición habló de una operación “pagada” y “financiada”, pero no mostró pruebas suficientes de automatización, coordinación, financiamiento o instrucciones comunes. Compartir publicaciones, comentarlas o coincidir en determinados temas no demuestra, por sí mismo, la existencia de una conspiración. Así funcionan las redes sociales: una cuenta publica, otras retoman el contenido y muchas más lo replican.
Si el gobierno asegura que existen redes artificiales, debe presentar una metodología clara, datos verificables y pruebas técnicas sobre la existencia de bots o mecanismos de coordinación. Una infografía con los nombres de quienes lo cuestionan no constituye evidencia. Por el contrario, puede convertirse en una forma de señalamiento y estigmatización.
También resulta preocupante que la presidenta Claudia Sheinbaum haya respaldado este ejercicio, en lugar de reconocer sus riesgos. En 2021 sostuvo que elaborar listas de adversarios con amenazas implícitas correspondía a prácticas autoritarias. El principio democrático que entonces defendió debe mantenerse ahora que encabeza el gobierno.
La libertad de expresión no se garantiza solamente porque no haya periodistas encarcelados o medios formalmente censurados. También se pone en riesgo cuando desde las instituciones se desacredita o expone a quienes investigan, cuestionan o piensan diferente. La palabra pronunciada desde el poder tiene consecuencias y exige responsabilidad.
Estas prácticas pueden provocar que periodistas, comunicadores o usuarios de las redes sociales guarden silencio por temor a ser señalados. Cuando el poder clasifica las voces críticas como enemigas, desinformadoras o integrantes de una operación, se debilitan la pluralidad, la deliberación pública y el derecho de la sociedad a recibir información diversa.
México necesita más voces, no menos; más periodismo, no periodistas intimidados; más debate, no listas de adversarios. La crítica no es una conspiración ni una amenaza contra el Estado. Un gobierno democrático escucha las voces incómodas, responde con argumentos y acepta las diferencias como parte natural de una sociedad libre.
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