La muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años que ingresó a un curso de verano en una academia militarizada de Tamaulipas y nunca regresó con vida a su hogar, abrió una discusión que México debió haber dado hace muchos años. No sólo sobre lo ocurrido dentro de ese plantel, cuya investigación corresponde esclarecer a las autoridades, sino sobre una pregunta mucho más profunda: ¿cómo fue posible que este tipo de instituciones operaran durante años sin una regulación específica y con una supervisión que hoy todas las autoridades parecen negar?
Dafne no es un caso aislado. En 2023 murió Zamir Pinto, de 16 años, tras hechos ocurridos en una academia militarizada en el Estado de México. En 2025, Erick Leonardo Terán Torbellín, de apenas 13 años, perdió la vida durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc. Hoy son tres adolescentes muertos en apenas tres años. Tres familias destrozadas. Tres casos que exhiben un patrón que no puede seguir explicándose como hechos aislados.
Durante décadas, numerosas academias privadas ofrecieron una formación basada en disciplina castrense, uniformes militares, jerarquías, entrenamientos físicos y campamentos. Prometían formar carácter, liderazgo, respeto y disciplina. Sin embargo, la propia Secretaría de Educación Pública ha reconocido que la legislación mexicana no contempla una modalidad educativa denominada “escuela militarizada”, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional aclaró que carece de facultades para autorizar, supervisar o regular estos planteles.
Entonces surge la pregunta inevitable: si ninguna autoridad tenía atribuciones para supervisar ese modelo educativo, ¿quién protegía a las niñas, niños y adolescentes que permanecían bajo su cuidado?
La respuesta no puede ser que nadie.
El Estado tiene la obligación constitucional y convencional de garantizar el interés superior de la niñez. Esa responsabilidad no desaparece por un vacío normativo ni porque distintas dependencias se deslinden unas de otras. Al contrario, cuando existe incertidumbre sobre quién debe vigilar una actividad que involucra a menores de edad, el deber de protección debe fortalecerse, no diluirse.
Después del caso de Dafne, la SEP ordenó revisar los Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios y anunció que no podrán operar instituciones que ofrezcan servicios educativos bajo denominaciones como “militarizada”, “militar” o “castrense”. La decisión era necesaria, pero también inevitable preguntarse por qué tuvo que morir otra adolescente para que el Estado actuara.
No basta con cerrar escuelas. Es indispensable investigar si existieron omisiones administrativas, fallas de inspección, ausencia de supervisión o advertencias que nunca fueron atendidas. También debe revisarse quién autorizó campamentos, quién verificó las condiciones de seguridad, qué protocolos existían para proteger a las y los estudiantes y qué funcionarios tenían la obligación de vigilar el funcionamiento de estos establecimientos.
La investigación tampoco puede limitarse a determinar responsabilidades individuales. Debe reconstruir toda la cadena de decisiones que permitió que un modelo educativo sin regulación específica operara durante años sin controles suficientes. La protección de la infancia exige mirar más allá de una sola persona o de un solo plantel.
La disciplina jamás puede confundirse con violencia; la obediencia nunca puede imponerse mediante humillaciones, castigos o prácticas que pongan en riesgo la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes. La educación sólo tiene sentido cuando protege la dignidad humana.
Dafne, Erick y Zamir ya no volverán con sus familias. Precisamente por ellos, el Estado mexicano tiene la obligación de demostrar que aprendió la lección más dolorosa: que ninguna institución puede quedar al margen de la ley cuando tiene bajo su cuidado la vida de la infancia.
Porque la verdadera justicia no llegará únicamente con el cierre de estas academias. Llegará cuando se conozca toda la verdad, se sancione a quienes incumplieron su deber de cuidado y se garantice que ninguna otra familia vuelva a vivir una tragedia que pudo y debió prevenirse.