Oficina del Alto Comisionado de la ONU pide investigar agresiones a periodistas y personas defensoras de DH; "debe ser una prioridad”, dice
La ONU Derechos Humanos logró verificar, entre 2016 y 2025, al menos 89 asesinatos de periodistas, ocho de trabajadores de medios y 181 defensores de derechos
Guanajuato, Gto.- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) presentó el informe “Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, que busca orientar a las fiscalías y a su personal con la debida diligencia.
El documento es un instrumento orientador para fortalecer la investigación de delitos cometidos en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, desde la perspectiva de la debida diligencia, eficacia y respeto a los estándares nacionales e internacionales.
En la presentación, Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, enfatizó que la investigación penal es trascendental para la garantía del derecho a la verdad y la justicia de sobrevivientes, familiares de las víctimas, colegas de profesión y la sociedad en general.
“Tomar medidas para fortalecer las capacidades del Estado mexicano, para investigar las agresiones contra quienes defienden nuestros derechos y ejercen el periodismo debe ser una prioridad”, acotó.
No hacerlo, agregó, implica que la violencia contra personas defensoras y periodistas no cesará, lo que afecta directamente el goce de los derechos humanos para todas y para todos, dijo en el auditorio principal de la Fiscalía General del Estado, en presencia de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, y del fiscal estatal Gerardo Vázquez Alatriste.
Al finalizar el evento, la periodista Alfonsina Ávila, en representación del gremio periodístico, entregó un documento a la gobernadora, y a representantes de la ONU, en el que hacen saber que tras la reunión sostenida el 10 de marzo de 2025 con el fiscal , “las y los periodistas de Guanajuato constatamos el incumplimiento del compromiso de informar periódicamente” sobre los avances en las investigaciones de agresiones, desapariciones y asesinatos de periodistas en la entidad.
Documenta ONU agresiones a periodistas y defensores
La ONU Derechos Humanos logró verificar, entre enero de 2016 y diciembre de 2025, al menos 89 asesinatos de periodistas, ocho de trabajadores de medios y 181 de personas defensores de derechos humanos en posible relación con la labor que realizaban, expuso De Souza Cancela Neves.
También documentó que 14 periodistas, dos trabajadores de medios y 13 personas defensoras fueron víctimas de intentos de homicidio. Asimismo, 25 periodistas, un trabajador de medios y 43 personas defensoras fueron desaparecidas en este mismo período.
El oficial del ACNUDH detalló que de este total de 376 víctimas, 80 son mujeres, y de ellas al menos 105 defendían el medio ambiente.
“Es importante para nosotros destacar que en estos 10 años y de este total de 376 personas defensores de derechos humanos y periodistas víctimas de asesinatos y de desaparición, 70% ya habían sufrido anteriormente incidentes de seguridad. Y aproximadamente 30% habían presentado formalmente denuncias ante los entes de procuración de justicia.
“Además, 72, al momento en que fueron asesinadas o desaparecidas, contaban con medidas de protección vigente”, aseveró De Souza Cancela Neves.
Dijo que eso evidencia la persistencia de retos para cumplir con las obligaciones en materia de prevención, protección y acceso a la justicia.
“El Comité de Derechos Humanos ha señalado que el hecho de que no se haga comparecer a la justicia a los autores de violaciones, puede ser de por sí sola una violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y el comité destacó también, que puede ser un elemento importante que contribuya a la repetición de las infracciones”.
Diagnóstico
Dijo que de mil casos que tienen documentados, el informe sobre "Buenas Prácticas y Desafíos en la Investigación”, se basa solo en el estudio detallado en las carpetas de investigación de nueve casos representativos del universo de delitos cometidos en contra de personas defensores de derechos humanos y periodistas.
Los nueve casos son por delitos de homicidio, desaparición y amenazas. Los dos primeros por ser los más impactantes y el tercero por ser la agresión más común.
La fuente primordial de información está contenida en las más de cuatro mil fojas de las carpetas de investigación, a las que tuvieron acceso, muchas de ellas proporcionadas directamente por las propias fiscalías. También se realizaron búsquedas de información en fuentes abiertas, entrevistas con víctimas directas e indirectas y entrevistas con las autoridades encargadas de la investigación de los casos.
Explicó que la ACNUDH desarrolló una metodología de análisis de expedientes de investigación penal, a través de la construcción de indicadores cualitativos basados en los estándares internacionales en materia de investigación criminal, así como en jurisprudencia e instrumentos jurídicos nacionales.
El resultado de la aplicación de los indicadores arrojó que en la mayoría de los casos no se han llevado a cabo de manera integral los procedimientos necesarios según los principios de debida diligencia.
Los hallazgos del informe reflejan que en México existe capacidad tanto por parte de la FGR como de las fiscalías estatales para realizar investigaciones conforme a los principios de debida diligencia, pero que no siempre se conjugan los recursos, la competencia y la voluntad necesarias para cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar.
Destaca la falta de priorización y agotamiento de líneas de investigación relacionadas con la labor periodística o de defensa de derechos humanos. En los casos en que sí se consideraba se fortalecieron las líneas de investigación y se favoreció de manera determinante el esclarecimiento de los hechos.
El representante del organismo internacional dijo que el informe es un insumo técnico destinado sobre todo a las personas operadoras de administración y procuración de justicia, y a las que toman decisiones en materia de política pública para asistir a los procesos de construcción y fortalecimiento de la institucionalidad relacionada con el acceso a la justicia.
Busca que a partir de los casos concretos con específicas buenas y malas prácticas poder orientar a las fiscalías y a su personal en su actuar.
Señaló que la oficina presentó 16 recomendaciones concretas a las 33 fiscalías del país y ofrece su disponibilidad para brindar asistencia técnica constructiva para su fortalecimiento.
En ese contexto recomienda incluir como obligación el agotamiento de una línea de investigación relacionada con los intereses que podrían verse afectados por labores de personas defensoras o periodistas, y aumentar la capacidad del funcionario de las fiscalías para actuar con perspectiva de género e intercultural.
Del mismo modo, establecer la obligación de que en casos de delitos cometidos contra mujeres, periodistas y defensoras se consideren ideas de investigación que contemplen motivos o formas de comisión del delito vinculadas a razones de género.
Dijo que se ha avanzado con la Fiscalía General de la República para retomar los trabajos para la construcción de un Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra Personas Defensoras de Derechos Humanos a través de consultas con las y los operadores de justicia que lo implementarán y con la participación de la sociedad civil, y se espera que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia lo pueda adoptar próximamente.
Buenas y malas prácticas
En el estudio identificaron buenas prácticas relacionadas en procedimientos para la inspección del lugar del hecho, identificación de testigos y realización de entrevistas, obtención de videograbaciones, desarrollo de peritajes en rubros de medicina forense, criminalística o balística, elaboración de dictámenes de mecánica de hechos, análisis de contexto, análisis jurídico de la conducta de amenazas y otorgamiento de medidas de protección cuando fue pertinente.
Ricardo Jorge de Souza Cancela Neves, Oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, explicó que las buenas prácticas son actuaciones acordes a las obligaciones en materia de vida y diligencias en investigaciones penales. Aunque no es garantía necesaria de un resultado exitoso en la resolución del caso.
En el caso de Arnulfo Cerón, defensor de derechos humanos de la montaña de Guerrero, la fiscalía condujo la realización de entrevistas a más de 30 testigos y esto permitió generar una línea de investigación basada en su labor de defensa de derechos humanos y cómo esta afectaba intereses políticos y económicos en la región.
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Otro ejemplo es el caso del periodista Amir Ibrahim, en la cual la Fiscalía General de la República realizó un análisis de contexto que permitió conocer el trabajo periodístico que realizaba, los intereses que afectaba y situarlo en un entorno social y territorial en que el aumento de delitos cometidos contra periodistas fue particularmente elevado. Esto fue determinante para que la FEADLE (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión) alcanzara su primera sentencia por amenazas en su historia.
En los casos de Miriam Rodríguez y Meztli Sarabia, la forma como la Policía de Investigación logró de manera oportuna recuperar y analizar grabaciones de video y así identificar los vehículos utilizados en los hechos y sus trayectos, fue paso clave para llegar a la identificación de los perpetradores.
Por otro lado, en los casos del periodista Agustín Silva (Oaxaca) y Edgar Daniel Esqueda Castro (San Luis Potosí), no se actuó de la misma manera oportuna, “lo que llevó a perder evidencia esencial que explica, al menos en parte, que ambos periodistas sigan sin justicia”.
Esto, añadió, es un ejemplo de las omisiones que también se identifican en el informe, particularmente en el cumplimiento de los principios de debida diligencia, de oportunidad, competencia y exhaustividad, que se han visto reflejados en deficiencias en la preservación del lugar de los hechos, pérdida de videograbaciones, por retrasos injustificados en su identificación y obtención, falta de seguimiento a solicitudes de diligencias o el no agotamiento de las líneas de investigación relacionadas con la labor de la víctima.
En el caso de Camelia Muñoz (periodista) se estableció la falta de actuaciones oportunas, exhaustivas y competentes ante las violentas agresiones contra sus dos perritos, a raíz de las cuales una de las mascotas perdió la vida.
Ya en el caso de Meztli Sarabia (defensora de derechos humanos), la investigación careció de actuaciones que permitieran confirmar o descartar si el ataque constituiría una manifestación de violencia por razones de género.
El informe presenta conclusiones en relación con el perfil de la víctima, los medios probatorios, el rol en el proceso de víctimas, familiares y testigos, identificación de las personas responsables y necesidades de fortalecimiento institucional.
Que el delito no quede impune
Maia Campbell, en representación de Humberto Henderson, Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, precisó que el informe es resultado de un trabajo de muchos años y acompañamiento a las víctimas.
Su presentación en Guanajuato, responde a la importancia de fortalecer desde lo local las capacidades institucionales de investigación, promoviendo el intercambio de experiencias y la reflexión sobre procedimientos que pueden ser aplicados, adaptados y reforzados.
Explicó que, a partir de un proceso de diagnóstico, el informe identifica prácticas concretas que han contribuido a investigaciones más sólidas, así como desafíos recurrentes que limitan su eficacia.
Expuso que identificar las deficiencias que afectan el proceso de investigación penal es un paso necesario para promover mejoras concretas que permitan garantizar que no queden en la impunidad las agresiones a esas personas.
Asimismo, al destacar buenas prácticas, se pretende fomentar su réplica o adopción por parte de otros operadores de justicia y fiscalías.
En la presentación, dijo que es una oportunidad para dialogar sobre herramientas prácticas, criterios de actuación y procesos internos que contribuyan a investigaciones más robustas con especial atención a la preservación de evidencia, el análisis del contexto y la participación adecuada de víctimas y familiares.
Aseveró que los casos de ataques contra personas defensores de derechos humanos y periodistas, por la naturaleza de las víctimas y el contexto en que ocurren, exigen respuestas especializadas, diferenciadas, oportunas y exhaustivas.
Todo con el fin de esclarecer los hechos y evitar efectos inhibidores sobre el ejercicio de los derechos humanos.
El informe parte de una convicción que las fiscalías son actores centrales en la garantía del acceso a la justicia y cuentan con capacidades reales que cuando se activan de manera adecuada permitan avanzar significativamente en el esclarecimiento de los hechos.
Al evento también asistió Jaime Fernández-Rúa, consejero político de la delegación de la Unión Europea en México.
aov/cr
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