Defienden al acuífero de la laguna de un colapso; activistas y científicos buscan frenar su sobreexplotación
Ambientalistas, activistas y expertos de diversas organizaciones señalan que las actividades productivas de la región dependen del agua, por lo que es indispensable su protección desde varios frentes
Torreón.— El acuífero Principal, de la Comarca Lagunera, es uno de los 10 más sobreexplotados de México pues presenta un déficit anual de 111.4 millones de metros cúbicos, según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lo que representa que cada año se extrae mucha más agua de la que naturalmente puede recargarse.
Frente a este escenario, ambientalistas, activistas y organizaciones libran diversas batallas para frenar un modelo que, advierten, compromete el futuro de La Laguna.
Entre esas batallas está la defensa de la sentencia 543 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a revisar el modelo de explotación del acuífero. También está la lucha por el desorden en las concesiones de agua y, a últimas fechas, la batalla por impedir la instalación de una planta de fertilizantes que, alertan, pondría en riesgo el Área Natural Protegida del Cañón de Fernández, el recurso hídrico más importante en la región Laguna.
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Todo gira en torno al agua
La lucha no es nueva, durante décadas, La Laguna construyó su prosperidad alrededor del agua: la región es la cuenca lechera más importante del país, pues produce 21.8% de toda la leche en México, de acuerdo con datos de 2024 del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la mayor participación nacional.
Para sostener esa producción, año con año se siembran más de 100 mil hectáreas de forraje, cultivos que requiere una elevada demanda de agua.
En 2023 existían 547 mil 240 bovinos destinados a producción lechera, mientras que el inventario total de bovinos —entre carne y leche— alcanzó 994 mil 971 cabezas, un crecimiento de 63% respecto a 2014, según datos del gobierno federal.
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“La naturaleza ya nos está diciendo que este modelo no es sostenible”, señala Francisco Valdés Perezgasa, investigador y presidente de Prodefensa del Nazas.
Al respecto, Amorita Salas West- phal, doctora en Manejo de Recursos Naturales y presidenta de la asociación Tequio Lagunero, considera que la crisis hídrica obliga a replantear completamente la relación entre economía y naturaleza.
“No existe economía ni sociedad sin la naturaleza”, advierte la especialista.
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A la mala gestión del acuífero se suma el cambio climático, que incrementa la incertidumbre sobre las futuras disponibilidades.
“No podemos pensar que vamos a mantener este nivel de desarrollo sin proteger, conservar y dosificar la extracción”, señala Amorita Salas.
Mineros de agua
Francisco Valdés Perezgasga explica que el agua dejó de entenderse como un bien indispensable para la vida, y comenzó a tratarse como un insumo económico.
“Somos mineros de agua. El problema es que no nos hemos sentado a pensar qué va a pasar cuando se acabe la veta. Va a pasar como a los pueblos mineros: cuando se acabe el agua se va a acabar toda la actividad”, pronostica.
Considera que el desarrollo regional se ha construido bajo una lógica donde únicamente importa el valor comercial del recurso.
“Ni hay agua en cantidad, ni en calidad suficiente para los habitantes de La Laguna”, advierte.
En este escenario surgió uno de los instrumentos jurídicos más importantes para la región: la Sentencia 543 de la Suprema Corte.
En marzo de 2023, la SCJN emitió la sentencia del amparo en revisión 543/2022, una decisión que ordena al Estado mexicano corregir la sobreexplotación del acuífero Principal en La Laguna, la fuente de agua de la que dependen los habitantes laguneros de Coahuila y Durango.
La resolución es considerada un precedente en México porque reconoce que el deterioro del acuífero no es sólo un problema ambiental o técnico, sino también una violación al derecho humano al agua y a un medio ambiente sano.
Además de reconocer el problema, también establece medidas concretas para revertirlo.
La Conagua fue ordenada a realizar inspecciones a los más de 2 mil pozos agrícolas. Durante estas inspecciones encontraron pozos sin títulos de concesión, medidores dañados, equipos saboteados e incluso pozos donde la autoridad dependía únicamente de lo que declaraba el propio concesionario.
Hace semanas, las organizaciones alertaron por intentos de reinterpretar los alcances de la sentencia. Dieron a conocer que el 24 de marzo de 2026 la entonces consejera jurídica de la Presidencia de la República, Esthela Damián Peralta, envió el oficio 100.CFEF.06053 al presidente de la SCJN, en el que se instruye redefinir los alcances de la sentencia.
El investigador considera preocupante cualquier intento de modificar una resolución judicial firme.
“Se está metiendo en una cosa juzgada y está mal. Se supone que hay una separación de poderes”, critica Valdés Perezgasga.
La batalla por los derechos de agua
Otra de las luchas ocurre lejos del acuífero profundo.
Elizabeth Estrada Macías, vocera de la Contraloría Autónoma del Agua en La Laguna, encabeza un movimiento para recuperar derechos de agua superficial, presuntamente despojados a campesinos desde la reforma al artículo 27 de la Constitución, que permitió la compra y venta de tierras y derechos de agua.
Tras años de litigios individuales, la organización conformó un movimiento colectivo. Hasta ahora han recuperado 150 derechos de agua y mantienen procesos para recuperar otros 350.
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Se trata del agua que proviene del sistema de presas de la región, del que, para el ciclo agrícola 2026, se autorizó extraer 750 millones de metros cúbicos.
Elizabeth Estrada Macías refiere que durante la revisión del padrón del Distrito de Riego 017, donde hay 35 mil usuarios, hallaron contratos duplicados, derechos asignados a personas fallecidas, extranjeros e incluso empresas con concesiones.
Dice que es muy amplio el acaparamiento de los derechos, a pesar de que el artículo 47 de la Ley Agraria establece que ningún ejidatario puede ser titular de 5% de la tierra ejidal, equiparable en el agua.
La activista sostiene que buena parte del problema responde a la creciente demanda de agua para alimentar el hato ganadero. “Las vacas hasta las bañan dos veces al día para que no se estresen, mientras a muchas familias les llega el agua dos veces por semana”.
Una nueva lucha
Una nueva lucha se hizo presente en la región Laguna: defender el Cañón de Fernández ante el anuncio de inversión en Lerdo, Durango, de una planta de fertilizantes que estará a unos cuatro kilómetros del Área Natural Protegida.
El Parque Estatal Cañón de Fernández es considerado Sitio Ramsar (humedal de importancia internacional) y principal vaso alimentador de agua para la región.
Amorita Salas dice que el cañón es la única garantía de resiliencia ante la magnitud del impacto de la crisis hídrica y climática. Y por ello la preocupación es doble: un posible riesgo industrial en el uso de amoniaco o el uso de agua que termine por agotar la principal fuente.
Señala que es un momento crítico en torno al agua y por ende al desarrollo, la salud de la gente, así como de los ecosistemas.
“Nosotros no debiéramos buscar el bienestar de la población para cuidar el ecosistema, debemos de garantizar la salud de los ecosistemas para que la población tenga sus satisfactores”, expresa.
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