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La discusión en torno a los derechos educativos en el norte del país sumó un nuevo capítulo en el ámbito digital y civil. Una manifestación pacífica recorrió las calles de Hermosillo con el propósito de exigir que la educación inicial en el estado de Sonora posea un carácter obligatorio, laico y gratuito.
La movilización (que se originó a partir de una convocatoria en plataformas digitales efectuada por la influencer Lupita Villalobos) congregó a decenas de ciudadanos y agrupaciones de la sociedad civil organizada.
El grupo civil avanzó desde la Plaza Emiliana de Zubeldía, recorriendo el bulevar Rosales, hasta establecerse en las inmediaciones del Congreso del Estado. El suceso coincidió con la reanudación de las sesiones de los diputados locales, tras un periodo de más de dos meses de inactividad parlamentaria en el edificio.
Exigencia de armonización constitucional y el respaldo a Covafam
El eje central de las demandas radica en la necesidad de equiparar el marco jurídico local con las disposiciones federales vigentes. De acuerdo con el texto vigente del Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (disponible en los portales oficiales del Gobierno de México), la educación inicial forma parte de la educación básica y es una obligación del Estado concientizar sobre su importancia.
El movimiento argumenta que la falta de homologación en Sonora impide que los lactantes e infantes de cero a tres años accedan a estancias infantiles públicas sin que las madres deban cumplir con requisitos de seguridad social (como estar dadas de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social) o realizar pagos particulares.
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Al arribar al recinto legislativo, los manifestantes arroparon a los integrantes de la organización Conservando los Valores de la Familia (Covafam). La protesta cobró particular relevancia por la situación de Jorge García Ramírez (un abogado de 81 años de edad que cumplió 50 días en huelga de hambre en el sitio).
Activistas denunciaron que durante el plantón se presentaron actos que atentaron contra la integridad del litigante (tales como la clausura de un baño portátil y el corte de energía eléctrica en la carpa de resguardo), afrontando el clima extremo de la capital sonorense. "Vengo dando la voz de quienes no pueden hablar, que son nuestros niños", declaró la creadora de contenido al manifestar su apoyo al representante legal.
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La manifestación obligó el pronunciamiento de las autoridades legislativas locales, quienes basaron sus argumentos en la normatividad técnica y administrativa vigente. La presidenta del Poder Legislativo de Sonora, Alejandra López Noriega, informó que la asignación de recursos públicos se encuentra estrictamente condicionada al cumplimiento de las leyes hacendarias y reglamentarias.
Según la información técnica y administrativa emitida por el Congreso del Estado, diversas estancias vinculadas a la asociación Covafam presentan inconsistencias operativas que les impiden el acceso a financiamiento público.
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