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Hermosillo, Sonora. - La movilización en respaldo a las maestras de Covafam Sonora y al abogado Jorge García, quien mantiene una huelga de hambre de 50 días frente al Congreso del Estado, evidenció este jueves el choque de posturas entre la organización civil y el Poder Legislativo sobre la asignación de recursos para centros de educación inicial.
La marcha fue encabezada por la influencer hermosillense Lupita Villalobos, quien reunió a cientos de ciudadanos, familias y docentes en un recorrido desde la Plaza Emiliana de Zubeldía hasta el Congreso local para exigir el cumplimiento de resoluciones judiciales y recursos para los Centros de Atención Infantil vinculados a Covafam.
Durante el recorrido, los asistentes portaron pancartas y lanzaron consignas en defensa del derecho de niñas y niños a recibir educación inicial pública.
Villalobos afirmó que su participación obedece únicamente a una convicción ciudadana y rechazó cualquier vínculo con intereses políticos o electorales.
“Tenemos que tener educación inicial gratuita en Sonora”, expresó al llamar a la sociedad a respaldar la causa.
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Al concluir la marcha, la representante de Covafam (Conservando los Valores en Familia) Sonora, Guadalupe Lizeth Villalobos López, sostuvo que la presencia de figuras públicas e influencers ha permitido que el conflicto alcance mayor visibilidad y genere interés social sobre la importancia de la educación inicial.
Rechazó además las observaciones difundidas sobre presuntas irregularidades en algunos centros infantiles y aseguró que varias de las imágenes difundidas en redes sociales corresponden a inmuebles que ya no operan o que cambiaron de domicilio.
La dirigente afirmó que los 25 centros actualmente en funcionamiento cuentan con dictámenes aprobatorios de Protección Civil y sostuvo que las autoridades pretenden exigir requisitos que, aseguró, aún no están plenamente regulados para los centros de educación inicial.
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También insistió en que el movimiento no responde a intereses partidistas y llamó al Congreso y al Gobierno de Sonora a instalar una mesa de diálogo para armonizar la legislación y cumplir con la resolución emitida por un juez federal.
Por su parte, el abogado Jorge García, acusó a la presidenta del Congreso, Alejandra López Noriega, de obstaculizar el diálogo y de incumplir, según su interpretación, una sentencia de amparo favorable a Covafam.
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El litigante sostuvo que el Congreso está obligado a acatar la resolución judicial y negó que existan fundamentos para condicionar el cumplimiento del fallo a nuevos requisitos administrativos.

Postura de Morena y aliados
Después de la manifestación, la diputada presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra López Noriega, dio una conferencia de prensa acompañada por las y los coordinadores parlamentarios Ernestina Castro Valenzuela (Morena), Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT), David Figueroa Ortega (PVEM), Norberto Barraza Almazán (PES) y César Adalberto Salazar López (NAS).
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El propósito fue informar sobre la situación jurídica que mantiene el Poder Legislativo con un grupo de propietarias de guarderías.
López Noriega informó que el Congreso de Sonora ha dado cumplimiento puntual a las resoluciones judiciales emitidas con motivo del amparo concedido a la asociación Conservando los Valores de la Familia A.C. (Covafam), en octubre de 2025, relacionado con la asignación de dos millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023, recursos que serán considerados en el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2027.
La diputada Jazmín Gómez Lizárraga advirtió que las personas y organizaciones que prestan servicios de educación inicial deben cumplir, sin excepción, con lo establecido en la Ley 5 de junio, la cual contempla protocolos estrictos de seguridad para salvaguardar la integridad física de niñas y niños.
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No obstante, afirmó que las personas manifestantes exigen que dicha legislación no les sea aplicable y que se cree una ley a modo a su favor. Consideró que esa petición es inaceptable, ya que podría poner en riesgo la vida de niñas y niños, además de desmerecer el trabajo de los centros de atención infantil que sí cumplen con la legislación vigente.
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La diputada López Noriega añadió que el grupo inconforme no ha permitido avanzar en la construcción de acuerdos, debido a que en cada mesa de negociación incrementaba sus exigencias de manera intransigente.
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Por su parte, la diputada Ernestina Castro explicó que la mayoría de las entidades federativas aún no ha homologado sus constituciones locales en materia de educación inicial, debido a que los artículos transitorios de la reforma constitucional federal no establecen la obligación de adecuar las constituciones estatales.
Sin embargo, precisó que sí existe la obligación de armonizar la legislación secundaria, la cual fue atendida mediante la adecuación de la Ley de Educación del Estado a la Ley General de Educación.
Las posiciones reflejan el conflicto que mantiene enfrentados a Covafam y al Congreso de Sonora.
Mientras la organización sostiene que existe una resolución judicial que obliga a restituir recursos para la educación inicial, el Poder Legislativo argumenta que cualquier asignación presupuestal debe sujetarse al cumplimiento de la normatividad vigente y de los requisitos legales establecidos.
dmrr/cr
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