Presidenta del Congreso de Sonora pide retirar plantón de colectivo; Covafam exige cumplir un amparo

Hermosillo, Sonora. - El conflicto entre el Congreso de Sonora y el colectivo Covafam escaló este martes luego de que la presidenta de la Mesa Directiva, Alejandra López Noriega, solicitó públicamente al Ayuntamiento de Hermosillo que la Policía Municipal intervenga para retirar a los manifestantes de Covafam que permanecen en plantón frente al recinto legislativo, tras ser desalojados el fin de semana.

La petición fue respondida con fuertes críticas por el abogado -en huelga de hambre- de la organización Conservando los Valores de las Familias (Covafam), Jorge García Ramírez, quien la acusó de obstaculizar cualquier solución al conflicto y la llamó "emperatriz legislativa".

"Ha tomado con prepotencia, sobrada de arrogancia lo que es su función, se ha extralimitado. Es un papel de emperatriz de allá de los siglos anteriores en la humanidad, en donde su autoritarismo también se los impone a diputados y diputados del Congreso indebidamente", sostuvo.

Tras el desalojo del Congreso el pasado fin de semana por elementos de la Policía Estatal, los integrantes de Covafam y el abogado de 81 años mantienen su campamento sobre la banqueta frente al Poder Legislativo y a un costado del Poder Judicial del Estado.

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Durante una entrevista, la diputada López Noriega aseguró que el Congreso ya cumplió con las modificaciones ordenadas por un juez federal y que no existe razón para que continúe la manifestación.

La legisladora sostuvo que el domingo y nuevamente el lunes solicitaron el apoyo de la Policía Municipal de Hermosillo para retirar el plantón, pero, afirmó, la corporación no acudió.

“Las banquetas y las calles son patrimonio del Ayuntamiento. No está bien que permanezcan ahí; debería actuar la Policía Municipal”, expresó.

Incluso, fue más allá al señalar que la falta de intervención podría interpretarse como un respaldo del gobierno municipal al movimiento.

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“Para mí eso es una muestra clara de que también están apoyando esta manifestación. Después esto se presta a que se vuelva un tema político”, declaró.

La diputada insistió en que el Congreso ha privilegiado el diálogo y aseguró que los manifestantes obstaculizaron el ingreso de trabajadores al edificio cuando regresaron a sus oficinas tras concluir el operativo de desalojo.

También afirmó que la presencia de la Policía Estatal continuará para resguardar las instalaciones, ya que el Congreso reanudará esta semana sus actividades presenciales.

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Presidenta del Congreso de Sonora pide retirar plantón de Covafam; colectivo exige cumplir un amparo. Foto: Especial.

“Quiere utilizar a otra corporación para desalojarnos”: huelguista

Las declaraciones provocaron una inmediata respuesta del abogado Jorge García Ramírez, quien calificó como “gravísimo” que la presidenta del Congreso pretenda involucrar ahora a la Policía Municipal de Hermosillo.

El litigante sostuvo que, después del operativo realizado por la Policía Estatal, ahora se busca utilizar a otra corporación para retirar el plantón.

“Ahora quiere involucrar a la autoridad municipal para hacer lo que no ha podido hacer el Congreso. ¿De qué se trata? ¿De utilizar todo el aparato del Estado para reprimir una causa social?”, cuestionó.

Afirmó que la diputada intenta generar un conflicto inexistente entre el Congreso y el Ayuntamiento para justificar un nuevo desalojo.

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“Está generando una controversia donde no la hay para obligar al municipio a hacer lo que ella quiere, que es desalojarnos. Tampoco le gusta que estemos aquí”, dijo a EL UNIVERSAL.

Según García Ramírez, hasta el momento no existe ningún documento formal mediante el cual el Congreso haya solicitado la intervención de la Policía Municipal.

“No exhiben ningún oficio, ninguna petición fundada y motivada. Solamente lo dice ante la prensa”, aseguró.

Acusa “prepotencia” y “autoritarismo”

El abogado también dirigió severos cuestionamientos personales contra la presidenta del Congreso, a quien responsabilizó de impedir una salida negociada al conflicto.

“La diputada ha actuado con prepotencia y arrogancia", reiteró.

Incluso, sostuvo que López Noriega ha asumido un papel de “emperatriz”, al considerar que pretende imponer su criterio sobre el resto de los legisladores.

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“La principal causa de que este conflicto no se resuelva ha sido su actitud. Se conduce como si hablara a nombre de todo el Congreso cuando existen diputados que no comparten esa postura”, expresó.

García Ramírez también acusó a la legisladora de “falsear la verdad” respecto al juicio de amparo promovido por Covafam.

“Continúa mintiéndole a la sociedad. El Congreso perdió el juicio de amparo y está obligado a cumplir la sentencia; no puede decidir cuándo hacerlo”, sostuvo.

Asimismo, rechazó la versión de que hayan existido condiciones de diálogo.

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“Hablan de paz y diálogo, pero lo que hemos visto son policías, denuncias penales y un operativo para desalojarnos. Eso no es diálogo”, declaró.

El abogado aseguró que la protesta continuará pese al desalojo y reiteró que permanecerá en huelga de hambre hasta que el Congreso cumpla en su totalidad la resolución emitida por un juez federal.

Jorge García Ramírez sostuvo que la presidenta del Congreso difundió una interpretación incorrecta sobre la resolución emitida por el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Sonora, dentro del juicio de amparo 758/2023.

Afirmó que el Poder Legislativo perdió ese proceso y que la sentencia se encuentra en etapa de cumplimiento y ejecución.

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Señaló que el Juzgado concedió el amparo a las integrantes de Covafam, por lo que, a su juicio, el Congreso está obligado a acatar la resolución en los términos ordenados por la autoridad federal.

“Es falso que el juez les haya dado oportunidad de cambiar tiempos y condiciones de cumplimiento. Una sentencia ejecutoriada no concluye hasta que se cumple totalmente”, declaró.

Agregó que el Congreso “no puede modificar el contenido ni los alcances de una sentencia de amparo” y aseguró que las autoridades responsables ya fueron apercibidas por el juzgado, por lo que el incumplimiento podría derivar en las medidas de apremio y sanciones previstas en la Ley de Amparo.

¿Cuál es la lucha de Covafam?

La asociación Conservando los Valores de la Familia busca que el Estado garantice y asuma la obligación constitucional de brindar educación inicial pública. Además, exige el cumplimiento de una sentencia federal para destinar recursos a estancias infantiles y demanda que se armonice la legislación local con las reformas federales sobre los derechos de la primera infancia.

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Los integrantes de Covafam sostienen que el Congreso continúa sin acatar una sentencia de un juez federal relacionada con el pago de aproximadamente 2 millones de pesos destinados a maestras de estancias infantiles, además de mantener pendiente la armonización de la Constitución de Sonora con la reforma federal de 2019 que reconoce la educación inicial como un derecho para la primera infancia.

Las educadoras reiteraron que su exigencia no se limita al pago ordenado por la autoridad judicial, sino que busca que el Estado asuma la obligación constitucional de garantizar educación inicial pública para todos los niños y niñas de Sonora.

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