Censura, arrestos y crisis política; estas son algunas de las polémicas que rodean al gobierno de Layda Sansores en Campeche
EL UNIVERSAL hace un recuento de las controversias más recientes de la administración de la política emanda de las filas de Morena
Entre acusaciones de abuso de poder, señalamientos de censura y una creciente confrontación política, el gobierno de Layda Sansores San Román enfrenta uno de los momentos más tensos de su administración en Campeche.
Marcado por conflictos con la policía estatal, denuncias de presión contra periodistas críticos, la polémica judicial que involucra al exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores y las recientes advertencias de posibles condenas de hasta 37 años de prisión a mujeres que participaron en las marchas del 8M, la administración estatal enfrenta continuas críticas y cuestionamientos.
EL UNIVERSAL hace un recuento de polémicas más recientes que rodean la gobernadora de Campeche.
Conflicto con policías
La crisis con los policías comenzó el 15 de marzo del 2024, luego de que en el Centro Penitenciario de Kobén ocurriera un operativo fallido en el que al menos 10 elementos resultaron heridos y un par más aseguraron no contar con equipo necesario.
Tras los hechos, agentes exigieron nuevas garantías en su trabajo así como la destitución de la titular de la SSPC, Marcela Muñoz Martínez, provocando un paro de labores y manifestaciones hasta que fueran escuchadas sus peticiones.
En un intento por solucionar el paro de policías que sumó 10 días, Sansores dialogó con los agentes para explicarles por qué la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Muñoz Martínez, no sería destituida.
Sin embargo, los policías insistieron en su postura y la gobernadora se retiró en medio de gritos de los inconformes diciendo "no estoy para cumplir caprichos de nadie".
El 2 de abril, la mandataria estatal anunció una "limpia" de nueve policías de la SSPC, llamándolos "canallas y corruptos", pues aseguró que "han sido denunciados por acosar mujeres, maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía", por lo que dijo, habia iniciado el proceso de bajas y denuncia de esos delitos.
Luego de más de un mes de paro, policías de Campeche, junto a el secretario general del Sindicato Nacional de Policías, llegaron a la Cámara de Diputados para levantar la voz y solicitar una audiencia con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, para exponerles las deficiencias y solicitar justicia por el operativo fallido del pasado 15 de marzo, en el Cereso de San Francisco Kobén.
Denunciaron acoso por parte de Laysa Sansores y que durante el operativo realizado el 15 de marzo, cinco mujeres policías fueron agredidas sexualmente, quienes además tienen secuelas y necesitan atención psicológica, que el propio gobierno estatal les ha negado.
Censura a periodistas
La gobernadora de Campeche se ha visto envuelta en diversas polémicas con medios de comunicación del estado, así como con periodistas.
El pasado 9 de abril, Jorge González Valdez fue detenido por policías estatales, sometido con violencia y arrestado más de 36 horas.
En en junio del 2025, el exdirector del portal Tribuna, medio que publicó columnas y críticas contra el gobierno de Layda Sansores, denunció enfrentar una persecución orquestada por Sansores San Román, luego de que fuera vinculado por incitación del odio y violencia en su contra.
El portal de Tribuna fue obligado a ser cerrado, además de prohibirle a González ejercer el periodismo durante dos años e imponer una indemnización de dos millones de pesos por daño moral al Director de Comunicación Social del estado, la jueza ordenó el embargó algunas de sus propiedades.
Organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de prensa denunciaron que el caso podría ser acoso judicial o censura contra la prensa, mientras que la gobernante ha dicho que solo está defendiendo su dignidad y combatiendo ataques misóginos
De acuerdo con periodistas de la entidad, bajo el gobierno de Sansores desaparecieron los únicos cinco medios impresos que existían: Tribuna, Crónica, El Sur, Expreso y Novedades, a los que fue atacando y censurando hasta lograr su extinción.
En agosto 2025, el periodista Abraham Martínez, junto con dos, fueron obligados a disculparse por violencia política en razón de género con la gobernadora
Layda justificó los hechos mencionando: “es una decisión histórica que se tomó a favor de las mujeres para que ya no sigan soportando la humillación y la violencia”.
La detención del exrector de Campeche
El 12 de enero de este año se reportó la detención del entonces rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, por presuntamente hallar grapas con posible droga en su auto.
Por los hechos, Abud Flores fue destituido de su cargo en la UAC, además de ser vinculado a proceso por posesión de drogas, pero siguiendo su caso en libertad.
Ante los hechos, la universidad protestó y calificó la detención como una intromisión del gobierno estatal en la autonomía universitaria.
El exrector comentó que la droga fue "sembrada" y Edwin Trejo, abogado defensor, aseveró que la acusación se basa en el dicho de un policía y no existe una sola evidencia gráfica.
Durante una entrevista con EL UNIVERSAL, Trejo destacó que el rector, de 73 años, buscaba reelegirse en la máxima casa de estudios estatal para un segundo periodo, y enfrentaba desacuerdos con autoridades del gobierno de la morenista al no permitir que dentro de la universidad campechana se realizaran actos políticos.
El 27 de enero, José Alberto aseguró que su detención se debió a que la gobernadora lo considera "incómodo".
“Yo era una persona incómoda. No me plegaba a sus designios, no obedecía, vamos a ponerlo en esos términos, no obedecía las órdenes que venían desde arriba, desde el gobierno, claro, no les convenía. Ellos lo que necesitan es una persona obediente que esté de acuerdo con lo que le digan que haga”, dijo.
Crisis política en el estado
En febrero 2026, 10 de los 16 diputados de Morena en el Congreso local marcaron una ruptura con la gobernadora debido a que mostraron desacuerdo en sus decisiones.
El conflicto de los diputados guinda data del mes de noviembre del 2025 cuando la mayoría del Poder Legislativo campechano negó aprobar un crédito de mil millones de pesos que pedía la mandataria.
Diputados inconformes acusaron que desde el Ejecutivo estatal se intentó presionar al Congreso para aprobar la deuda sin suficiente debate.
Como respuesta al conflicto, el Congreso local restauró el fuero constitucional para legisladores, una figura eliminada años antes, en medio de temores de que pudieran ser perseguidos judicialmente.
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Algunos diputados denunciaron presiones políticas y persecución desde el gobierno estatal.
El enfrentamiento provocó una fractura interna en Morena en el estado, debilitando la relación entre el Poder Ejecutivo estatal y la mayoría legislativa.
Analistas, políticos y periodistas coinciden que en la entidad hay una crisis política sin precedentes.
“Lo que se está viviendo, no sólo en el Congreso de Campeche, sino en todo el estado, es una crisis político-económica. Hemos visto cómo el poder se usa para perseguir, para venganzas políticas, te inventan carpetas, van atrás de rectores”, señala la diputada federal priista Ariana del Rocío Rejón.
La legisladora campechana asegura que en el gobierno de Sansores “existe mucha opacidad y no hay rendición de cuentas en cómo se está ejerciendo el gasto”.
Hasta 37 años de cárcel por agresiones a policías durante 8M
Luego de la marcha anual por el 8M en Campeche, se anunció la detención de 14 personas por agresiones a policías y hechos violentos.
Los detenidos son señalados por delitos de daño en propiedad ajena, motín, homicidio en grado de tentativa.
La Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana informó que durante la marcha participaron 173 policías en total, entre ellas 109 mujeres, de las cuales 23 resultaron lesionadas, 3 por quemaduras y 20 policontundidas.
El 10 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Campeche informó que un juez vinculó a proceso a una mujer señalada por presuntamente lanzar combustible y prender fuego a mujeres policías durante la protesta.
Un día después, se anunció la liberación de nueve de los 14 detenidos, entre los que figuraban una menor de edad y una estudiante.
Las cinco personas restantes, cuatro mujeres y un hombre, quedaron a disposición de un juez y fueron trasladadas al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén.
Este 12 de marzo, luego de que la gobernadora condenara los hechos en los que se atenta contra mujeres policías, aseguró que quienes rociaron material inflamable a agentes, podrían alcanzar penas máximas de hasta 37 años de prisión.
Sansores mencionó que las penas de prisión serían petición de la Fiscalía General del Estado de Campeche para dos de los 14 detenidos inicialmente.
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