El duro mensaje que dio el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en Sinaloa, donde advirtió que los inversionistas requieren certeza y un “entorno libre de corrupción” es el principio de una campaña que podría derivar en acusaciones en Estados Unidos contra políticos mexicanos ligados al crimen organizado, reporta este domingo el diario Los Angeles Times.
Durante la colocación de la primera piedra del megaproyecto de metanol Pacífico Mexinol, Johnson dijo que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha dejado claro que “el camino hacia un futuro seguro pasa por la seguridad energética. La energía no solo es combustible: es poder, seguridad y soberanía”.
Asimismo, reiteró que “ninguna empresa comprometerá recursos donde “las reglas no son claras, donde no hay transparencia o donde la rendición de cuentas es opcional”.
“Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”, zanjó y es que, añadió, “eleva los costos, debilita la competencia y erosiona la confianza de la que dependen los mercados”, advirtió.
Funcionarios en la mira por nexos con el crimen organizado
Pero de acuerdo con Los Angeles Times, que cita a fuentes informadas que pidieron el anonimato, los comentarios son parte de amplia campaña del gobierno estadounidense cuyo blanco son funcionarios mexicanos sospechosos de tener nexos con el crimen organizado.
Esta campaña, añadió, no se limitaría a la cancelación de visas para los sospechosos de tener nexos con los cárteles mexicanos de la droga, como ha ocurrido en los últimos meses.
Esta vez, señala el Times, la campaña podría incluir acusaciones a políticos mexicanos en cortes federales, “incluyendo miembros del partido gobernante, Morena”.
El medio estadounidense detalla que los fiscales encargados de llevar la iniciativa a la práctica podrían recurrir a informantes potenciales, y recuerda los casos de Joaquín y Ovidio, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes se encuentran detenidos en Chicago y firmaron acuerdos de culpabilidad. Se cree, señala el Times, que muchos de estos detenidos mexicanos estarían ansiosos de convertirse en “delatores” de sus antiguos cómplices, entre los que se cree se encuentran políticos y policías corruptos.
El Departamento de Estado ya ha revocado visas de diversos funcionarios de Morena, indicó el Times, incluyendo, se presume, la de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha negado cualquier nexo con los cárteles de la droga y ahora, según el Times a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa.
Luego de la publicación Rocha no se ha pronunciado.
desa/ml
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