La extorsión en México no deja intacto a nadie. Se ha convertido en una de las actividades delictivas más lucrativas y arraigadas del país. Lo que alguna vez fue un delito focalizado hoy constituye una industria criminal en expansión, sostenida por la impunidad, el miedo social y la fragilidad institucional.
Este flagelo ya no se limita a llamadas intimidatorias o cobros presenciales. Las organizaciones criminales han diversificado sus métodos, utilizando redes sociales, servicios de mensajería y suplantación de identidad para manipular a sus víctimas. La facilidad con la que se puede acceder a información personal en línea ha permitido que los extorsionadores operen con mayor precisión y menor riesgo.
En gran parte de México, abrir un pequeño negocio se ha convertido no solo en una apuesta económica, sino en un acto de valentía. Para miles de comerciantes, el miedo no proviene de la competencia o la falta de ventas, sino de las amenazas que pueden llegar en cualquier momento.
Este delito, que combina violencia, intimidación y control territorial, se ha transformado en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado. El cobro de "piso" y la extorsión telefónica han paralizado inversiones, cerrado negocios y sembrado el miedo en miles de familias mexicanas.
El temor a denunciar, alimentado por experiencias de corrupción e ineficacia institucional, ha convertido la extorsión en un delito silencioso. Un factor determinante es la desconfianza ciudadana. La mayoría de las víctimas —comerciantes, empresarios, agricultores, constructores, campesinos, operadores de transporte, profesores, estudiantes e incluso amas de casa y empleados— son blanco diario de este delito en aumento. Especialmente los comerciantes y empresarios a menudo prefieren pagar antes que exponerse a represalias o a procesos judiciales que tienen pocas probabilidades de culminar en castigo.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2015 se registraron 6,223 víctimas de extorsión, mientras que en 2024 esa cifra cerró con 10,862, lo que representa un incremento del 74 por ciento. También se informa que hasta abril de 2025 se registró un promedio de 27.97 casos diarios de extorsión a nivel nacional. Durante ese año hubo 11,081 víctimas de este delito, la cifra anual más alta en los últimos diez años.
Estas estadísticas confirman la persistencia de dicho ilícito, a pesar de la implementación, de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en julio pasado.
Según el informe de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024, la extorsión se ubica en el tercer lugar, solo detrás del robo y el fraude. El análisis por entidad federativa muestra que la lista de estados con mayor incidencia no cambió entre 2024 y 2025. En ambos años, las entidades con más víctimas fueron el Estado de México, que encabeza la lista nacional con 2,257 casos, seguido de la Ciudad de México, con 1,753. En tercer lugar, se ubicó Guanajuato, con 1,457 víctimas, y en cuarto lugar, Nuevo León, con 991.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, en 2024, la cifra negra de “delitos que no fueron denunciados” por extorsión fue del 97 por ciento, situación que coloca este ilícito como el segundo con la mayor cifra negra en el país.
Las formas y modalidades de la extorsión han evolucionado a lo largo de los años. El "cobro de piso" se ha consolidado como la forma más común de este delito, caracterizándose por exigencias de dinero a comerciantes, transportistas, agricultores y empresarios, quienes deben pagar para poder trabajar “sin problemas”.
Entre las modalidades más comunes se encuentran las extorsiones telefónicas, que suelen consistir en amenazas realizadas desde cárceles o centros de operación remotos. También destaca la extorsión virtual o digital, que implica intimidaciones a través de redes sociales como WhatsApp, Telegram, entre otras, utilizando perfiles falsos o suplantando identidades de grupos criminales para chantajear, acosar o amenazar a sus víctimas.
Otra táctica utilizada es el cobro por el transporte, donde se exige dinero por circular en rutas específicas o por descargar mercancías. Un mecanismo más sofisticado es el conocido como phishing, que consiste en el robo de datos sensibles del celular de la víctima, tales como fotografías y registros personales. En este caso, el delincuente chantajea y acosa a la víctima, amenazando con hacer público el contenido del dispositivo a cambio de un pago constante.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, señaló que, aunque la estrategia nacional contra la extorsión tiene elementos positivos, como la actualización del tipo penal y la incorporación de la experiencia de las unidades antisecuestro, lo que vemos, sostiene atingentemente Rivas, son solo vaguedades.
En conclusión, combatir el delito de extorsión representa uno de los principales retos del Sistema Judicial Nacional. Este delito no solo se puede medir en números; su impacto social y económico debe ser evaluado y controlado, aprovechando la división territorial y las características del entorno donde se presenta.
México, a través de sus instituciones, está enfrentando este problema que nos afecta a todos. En 2025, si bien se han fortalecido las unidades antiextorsión, las cifras continúan en aumento, superando la capacidad de respuesta institucional.
Es imperativo reducir la incidencia de este delito en crecimiento. Por ello, exhortamos a la ciudadanía a denunciarlo, incluso de forma anónima. Esto contribuirá a desarticular las redes financieras de la extorsión y dará pasos firmes hacia la disminución de este flagelo, con el fin de recuperar la tranquilidad de nuestros conciudadanos.