La movilidad urbana es uno de los ejes fundamentales para el funcionamiento de cualquier gran urbe, como lo es la Ciudad de México. Sin embargo, cuando el acceso a la conducción de vehículos motorizados se concede sin requisitos reales de preparación, conocimiento o aptitud física, el resultado no es movilidad, sino riesgo.
En nuestra ciudad, la emisión de licencias de conducir se ha convertido, desde hace más de dos décadas, en un trámite administrativo que prescinde de exámenes teóricos, prácticos y médicos, una situación excepcional si se compara con los estándares internacionales.
Conducir un vehículo implica mucho más que saber moverlo. Supone comprender y respetar un conjunto de normas diseñadas para proteger la vida de peatones, ciclistas, pasajeros y conductores. No obstante, aquí es posible obtener una licencia de conducir permanente sin acreditar conocimientos básicos de reglamentación vial, sin demostrar habilidades prácticas y sin someterse a evaluaciones médicas mínimas de visión, coordinación o estado de salud general.
Esta situación explica conductas cotidianas que se han normalizado en el espacio urbano, cito algunos ejemplos: el bloqueo de intersecciones con semáforo en rojo, la invasión de carriles, la falta de respeto a ambulancias y cuerpos de seguridad, el estacionamiento en doble o triple fila y el desconocimiento sistemático de señales de tránsito. Todo ello incrementa de forma directa la siniestralidad vial y la gravedad de los accidentes.
Expertos y organizaciones de seguridad vial en la Ciudad de México asientan que existe una relación directa entre la emisión de licencias de conducir sin un examen práctico riguroso y el incremento de accidentes e infracciones.
La Coalición Movilidad Segura, instancia que agrupa a más de 90 organizaciones de la sociedad civil y especialistas en materia de movilidad y seguridad vial, ha destacado que la caída de siniestros viales o accidentes de tránsito solo será posible con la emisión de una licencia de conducir exigente, que incluya evaluaciones necesarias, de manera periódica, para comprobar experiencia al frente del volante.
Dicho organismo precisó en 2024 que el 89 por ciento de los siniestros de tránsito son responsabilidad de la persona que conduce un vehículo motorizado.
Juan Pablo de Botton, Secretario de Administración y Finanzas, ha reconocido que se superó el estimado de un millón de licencias previstas al inicio del programa para emitir este documento. El funcionario detalló que, entre noviembre de 2024 hasta octubre de 2025, la administración capitalina expidió un millón 249 mil 375 licencias de conducir permanentes y esto representó un ingreso de 2 mil 12 millones de pesos para la Ciudad de México.
La laxitud del modelo vigente para conseguir una licencia de manejo contrasta de manera radical con los requisitos exigidos en diversas ciudades del mundo. En lugares como Río de Janeiro, Londres, Berlín, Tokio o Singapur, la obtención de una licencia de conducir implica cursos obligatorios, exámenes teóricos y prácticos, pruebas médicas integrales, evaluaciones psicológicas y, en algunos casos, licencias provisionales sujetas al comportamiento del conductor.
En ciudades latinoamericanas como Montevideo, Buenos Aires o Santiago de Chile se exigen horas mínimas de formación, exámenes psicofísicos y verificación de antecedentes, situación que evidencia que no se trata de una exigencia elitista, sino de una política básica de seguridad pública.
La comparación resulta inevitable: mientras otras ciudades asumen que conducir es una responsabilidad que debe demostrarse, en la Ciudad de México se ha optado por un modelo que facilita el acceso sin evaluar consecuencias, una diferencia tan profunda que por sí sola explica la alta incidencia de colisiones y la comorbilidad asociada a los accidentes viales.
En los últimos años se ha planteado la posibilidad de que la obtención de licencias de conducir tenga un costo económico mayor o nuevos requisitos administrativos. Sin embargo, introducir o incrementar tarifas sin modificar el fondo del problema no resuelve la inseguridad vial. Cobrar más por una licencia o facilitar los trámites para su obtención no garantiza que el conductor sepa manejar, conozca el reglamento o esté en condiciones físicas adecuadas para hacerlo. Es necesario replantear el objetivo en la emisión de licencias de conducir. La prioridad debe ser la seguridad antes que la recaudación.
El objetivo central de esta política pública debe ser claro: garantizar que quien obtiene una licencia esté capacitado para conducir con seguridad. La recaudación, en todo caso, debe ser un aspecto secundario y nunca el eje rector del sistema.
Revertir esta situación no requiere inventar modelos nuevos, sino adoptar prácticas ya probadas en otros países. Una política de licencias responsable debe incluir, al menos: Exámenes teóricos obligatorios sobre el reglamento de tránsito; pruebas prácticas de conducción en condiciones controladas; evaluaciones médicas básicas de visión, audición y coordinación; programas de educación vial previos a la expedición de la licencia y licencias temporales sujetas a buen comportamiento vial.
Estas medidas no buscan excluir, sino proteger. Proteger al conductor de sí mismo y, sobre todo, a los demás usuarios del espacio público. Conducir es un derecho condicionado a la responsabilidad. Aceptar que cualquier persona pueda manejar un vehículo sin demostrar capacidad es una anomalía que no debería admitirse en ninguna ciudad del mundo. Transformar la licencia de conducir de un trámite automático en una verdadera certificación de aptitud es una decisión urgente y necesaria.
Priorizar la prevención de accidentes sobre los intereses recaudatorios no solo salvaría vidas, sino que contribuiría a una cultura vial más respetuosa, ordenada y humana. Conducir no es un privilegio administrativo: es una responsabilidad social que debe ganarse y demostrarse.