Hay reformas que nacen con vocación de permanencia y otras que, desde el primer momento, revelan más entusiasmo político o venganza política que diseño institucional. La reforma judicial de 2024 pertenece, cada vez con mayor claridad, a la primera categoría. Se apostó por una idea tan potente en lo discursivo como frágil en lo práctico: elegir a las personas juzgadoras por voto popular como si la justicia pudiera someterse, sin más, a la lógica electoral.
No fue un error menor, fue una pésima idea. Una cosa es abrir el Poder Judicial a la ciudadanía y otra muy distinta es trasladar a las urnas decisiones que, por su propia naturaleza, exigen conocimientos técnicos, trayectorias profesionales verificables y criterios de evaluación que no se construyen en campañas ni se condensan en boletas. La reforma partió de una premisa equivocada: que el problema de la justicia era quién elegía a las y los jueces, y no cómo se garantizaba su capacidad para juzgar.
El primer ejercicio electoral judicial y su materialización terminaron por exhibir las grietas de ese planteamiento. Expedientes acumulados, procesos de evaluación rebasados, criterios de idoneidad que se diluyeron frente a la urgencia de cumplir plazos. Y, sobre todo, una ciudadanía enfrentada a decisiones altamente especializadas en medio del ruido propio de cualquier contienda electoral. Pedirle al electorado que distinga entre perfiles jurídicos complejos bajo esas condiciones no era democratizar la justicia, era, en buena medida, desdibujarla.
La iniciativa propuesta por el senador Javier Corral y las y los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez y Olga Sánchez Cordero, que ahora se discute no lo dice así, pero lo reconoce en cada una de sus propuestas. Ahí radica su valor, aunque también su ironía. Lo que hoy se plantea es, en los hechos, un golpe de timón frente a una reforma que nunca terminó de sostenerse sobre bases sólidas.
Se propone introducir certificaciones técnicas obligatorias, exámenes de conocimientos, mecanismos de evaluación más rigurosos y centralizados. Se eliminan requisitos formales que poco aportaban, Como cartas de recomendación o promedios académicos, para sustituirlos por criterios que en esta ocasión buscan medir competencias reales. Es decir: se intenta reintroducir el mérito en un modelo que la reforma original había relegado.
La contradicción es difícil de ignorar. Primero se desconfió de los mecanismos técnicos de selección y se apostó por el voto como filtro suficiente. Hoy, apenas unos meses después, se reconoce que ese filtro no basta, que la legitimidad democrática no sustituye la capacidad técnica.
A ello se suma un segundo ajuste igual de significativo: separar las elecciones judiciales de las elecciones políticas y posponerlas hasta 2028. La razón es evidente, aunque durante la reforma original se haya minimizado. La simultaneidad con campañas partidistas diluye la deliberación sobre perfiles, satura al electorado y abre la puerta a la politización de un poder que, por definición, debería mantenerse al margen de esas dinámicas.
En otras palabras, lo que se presenta como un ajuste operativo es en realidad el reconocimiento de un error de diseño. La justicia no se adapta bien a los tiempos ni a los incentivos de la política electoral.
Hay algo en este viraje que vale la pena reconocer. No como absolución, sino como una virtud escasa en la vida pública: la humildad institucional. La capacidad de advertir que una decisión no produjo los resultados esperados y, en lugar de insistir en ella por cálculo político o por orgullo, optar por corregir el rumbo.
Pero sería injusto atribuir este viraje únicamente a una reflexión interna del poder. Detrás de esta corrección hay también un trabajo sostenido, técnico y muchas veces incómodo de organizaciones de la sociedad civil que, frente al entusiasmo político, pusieron datos, diagnósticos y propuestas sobre la mesa. En particular, México Evalúa ha sido una de las voces más consistentes en señalar las fallas del modelo, documentar sus riesgos y proponer rutas concretas para mejorar los mecanismos de evaluación y selección.
En un contexto donde las decisiones públicas suelen privilegiar la narrativa sobre la evidencia, que existan organizaciones capaces de hacer ese trabajo, y de hacerlo bien, no es menor. Es, en muchos sentidos, un contrapeso indispensable. Si algo ha quedado claro en este proceso es que el conocimiento técnico no estorba a la democracia sino que la hace posible.
Nada de esto significa que la iniciativa resuelva todos los problemas. El modelo sigue descansando, en su núcleo, en la elección popular de personas juzgadoras, con todos los riesgos que ello implica. Pero sí introduce algo que la reforma original no tuvo: un mínimo de realismo institucional.
Corregir a tiempo es mejor que persistir en el error. Pero también obliga a una conclusión incómoda. Si el viraje llega tan pronto, si los ajustes son tan profundos, es porque el punto de partida fue equivocado. No porque la implementación haya fallado, sino porque la idea misma, convertir la justicia en un ejercicio electoral, nunca fue tan sólida como se quiso hacer ver.
La iniciativa actual intenta salvar lo que se puede. Introducir técnica donde hubo exceso de narrativa. Es, sin duda, un golpe de timón a tiempo. Pero también es una admisión, silenciosa pero contundente, de que la reforma judicial de 2024 fue, desde su origen, una apuesta fallida.
Ahí esté su enseñanza más valiosa, que incluso en el poder, reconocer el error no debilita. Lo que debilita es negarse a verlo. Y que, en esa tarea de corregir el rumbo, la evidencia sigue siendo el mejor punto de partida.