Costa Rica, una elección en medio de la amenaza autoritaria

Costa Rica va a elecciones presidenciales este domingo en las que la oficialista Laura Fernández parte como la favorita, de acuerdo con los últimos sondeos, mientras en el país sobrevuela la amenaza autoritaria bajo el aumento de la presencia del narco, incluso en las altas esferas del gobierno.

Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien aventaja con 44% a sus otros 19 contrincantes, es una politóloga derechista admiradora de Nayib Bukele. Para evitar un balotaje el 5 de abril, es necesario obtener 40% de los votos. Una medición previa de la Universidad de Costa Rica, divulgada el 21 de enero, ubicaba justo en 40% el apoyo a la exministra; su triunfo ampliaría el viraje a la derecha en Latinoamérica. No obstante, hay un tercio de indecisos en el país centroamericano, indican las encuestas. En la nación, al menos 3.7 millones de electores votarán por presidente y 57 diputados del Poder Legislativo (unicameral) para los próximos cuatro años.

Con 39 años, Fernández es la heredera política del actual mandatario Rodrigo Chaves, de quien fue ministra de la Presidencia y de Planificación.

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El aumento de la presencia del narco y la violencia

Fernández tiene un discurso de “mano dura” contra la creciente violencia ligada al narcotráfico y se inspira en la guerra contra las pandillas del actual mandatario de El Salvador.

“Estoy dispuesta, como futura presidenta de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios y si viéramos una escalada en sicariato y delitos relacionados con el crimen organizado, solicitar a la Asamblea Legislativa, levantamiento o suspensión de garantías individuales”, expresó Fernández en la campaña.

También ha prometido concluir una cárcel inspirada en la megaprisión de Bukele para pandilleros y subir las penas.

Costa Rica, que durante mucho tiempo fue el paraíso de la tranquilidad, encara casos de corrupción y la penetración del narcotráfico. Cerró el año pasado con una tasa de 17 homicidios por cada 100 mil habitantes (casi el triple de la media mundial) por la violencia criminal frente al índice de 11.2 de 2019.

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El país centroamericano pasó de ser puente a centro logístico para cárteles de Colombia y México, explicó a la AFP el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

Soto contó a la agencia que mafias locales almacenan la cocaína y en los puertos la camuflan en contenedores de productos de exportación, una modalidad que el país, con costas en el Pacífico y el Caribe, combate con escáneres insuficientes.

Los “anillos de miseria en las ciudades” han “generado que el crimen organizado se arraigue ahí”, agregó Soto a la AFP.

En los últimos años, el país centroamericano también ha visto cómo el narco se infiltra en los altos niveles de gobierno.

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“Celso Gamboa Sánchez, exministro de seguridad de Costa Rica entre 2014 y 2015, fue capturado en San José, centro del país, tras una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos”, reportó María Belén López Conte en InSight Crime en 2025, en el que añadió que “la solicitud, a la que InSight Crime tuvo acceso, alega conexiones entre redes de narcotráfico y altos cargos políticos costarricenses”.

“De acuerdo con una investigación realizada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), presentada en el marco de la acusación en su contra, Gamboa presuntamente desempeñaba un papel crucial coordinando la recepción de cocaína en Costa Rica enviada por el Clan del Golfo y otras redes narcotraficantes colombianas y panameñas. Luego, la droga era almacenada y redistribuida hacia Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos”, añadió López Conte para InSight Crime. El presidente Chaves negó cualquier vínculo con el exministro y acusó al Organismo de Investigación Judicial de no investigar adecuadamente. La organización ha alertado que “la evidencia reciente que vincula al gobierno de Costa Rica con redes de narcotráfico revela cómo la corrupción se expande a la par del creciente protagonismo del país en el mercado de drogas, alcanzando los niveles más altos del gobierno”.

Henry Shuldiner, periodista de investigación, escribió para InSight Crime que “una encuesta de diciembre de 2025, publicada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), mostró que la mayoría del electorado sitúa la seguridad ciudadana como su principal prioridad, y que las propuestas en esta materia de todos los principales candidatos apuntan hacia medidas de línea dura”. Johan Muñoz, de 21 años, dijo a la AFP que espera que el próximo presidente tome medidas que le permitan a él “sentirse seguro”, porque “últimamente la violencia es algo increíble”.

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La lucha entre poderes

Según analistas, puede haber una amenaza de un giro al autoritarismo. Apenas en enero, Chaves invitó a Bukele a la inauguración de una nueva cárcel inspirada en el controvertido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

El presidente Chaves ha culpado al Poder Judicial y a la Asamblea Legislativa, de mayoría opositora, de ser blandos con los criminales, incluso ha dicho que el nuevo centro penitenciario “va a estar vacío si no cambian nuestras leyes y si no cambia el Poder Judicial”.

Una encuesta de la Universidad de Costa Rica muestra una alta probabilidad que el movimiento de Fernández logre una mayoría parlamentaria, necesaria para las reformas que busca.

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Fernández ha dicho que buscará reformar al Poder Judicial, a la Sala Constitucional, a la Fiscalía y al Organismo de Investigación Judicial, fortalecer la Academia Nacional de Policía e instaurar carrera policial.

Isabel Román, la directora del Programa Estado de la Nación, dijo al medio El Observador que se observa un “deterioro en la calidad de la gestión democrática del país”, con una creciente crispación entre los poderes de la República, lo que dificulta la capacidad de dar “respuestas oportunas a las demandas ciudadanas”.

Luis Antonio Sobrado, expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ha advertido que “esta elección definirá si Costa Rica rectifica la deriva populista o se hunde de manera más o menos definitiva”. Ha reiterado que “defender la democracia exige madurez: voto estratégico y renuncia a dogmatismos. El peor escenario sería que una agenda populista controle la Asamblea Legislativa y tenga capacidad para reformar la Constitución con criterios autoritarios”.

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Román añadió que el principal desafío actual es “renovar nuestro pacto democrático” y agregó que la oportunidad de ejercer el voto y la posibilidad de una segunda ronda en abril son cruciales para decidir el tipo de sociedad que Costa Rica quiere construir. Jorge Herrera, rector de la Universidad Nacional de Costa Rica, ha destacado que el desafío se basa en el abstencionismo que ha rondado 40% en las últimas elecciones nacionales.

“Se juega una institucionalidad histórica” y el riesgo de “convertirnos en un narcoEstado y una narcoeconomía”, señaló recientemente a la AFP la socióloga Montserrat Sagot, de la Universidad de Costa Rica.

Shuldiner también recordó que en el año pasado ocurrió “el desmantelamiento del llamado Cártel del Caribe Sur, que funcionarios locales describieron como la primera organización criminal transnacional del país”.

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Los otros candidatos

Los demás candidatos con posibilidades plantean otras medidas contra el aumento de la presencia del narco y la violencia.

Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, cuyo padre fue viceministro de Seguridad, propone “megaoperativos” dirigidos a los 40 barrios más peligrosos del país, así como a las zonas turísticas con mayores niveles de criminalidad; la contratación de 6 mil nuevos policías, y la creación de un laboratorio balístico biométrico para rastrear armas de fuego y a sus propietarios.

También propone edificar un Centro de Atención Institucional Multinivel para albergar a personas privadas de la libertad de bajo riesgo, con el objetivo de liberar capacidad en un sistema penitenciario ya sobrepoblado.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, es una exprimera dama que promete trabajar para cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, modernizar las estrategias contra el crimen organizado y empleo para los jóvenes.

Soto recordó a la AFP lo que un niño de 13 años le dijo tras un operativo en la provincia caribeña de Limón, de las más violentas del país. Quiere ser “narcotraficante” porque a los de su barrio les va “muy bien”, relató. Con información de agencias.

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