Quince días de suspensión, la sanción más común a funcionarios de la Fiscalía de la CDMX; Ministerio Público acumula más casos
Suspensiones breves y amonestaciones concentran la mayoría de sanciones administrativas entre 2013 y 2023
Entre 2013 y 2023 se han aplicado 799 sanciones administrativas a 516 funcionarios de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México. En 681 casos, las medidas se aplicaron contra agentes del Ministerio Público y la sanción más frecuente fue la suspensión temporal del cargo por 15 días, de acuerdo con un análisis realizado por EL UNIVERSAL del listado de Personas Servidoras Públicas Sancionadas publicado por la institución.
Especialistas consultadas advierten que la baja cantidad de casos y cortos tiempos de sanción obedecen al desconocimiento de la sociedad para denunciar a los funcionarios, así como al poco personal de los ministerios públicos, por lo que se decide aplicar medidas rápidas y cortas.
Suspensiones y regaños, lo más común
La Fiscalía de la Ciudad de México publica trimestralmente el listado de sanciones aplicadas a funcionarios de la institución. De acuerdo con los datos, hasta el 2023 (el último año con registros de resolución disponible), se han aplicado 799 sanciones; de estas, 649 consisten en suspensiones temporales del cargo, 133 fueron amonestaciones, ocho inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos y cinco destituciones. En un solo caso, los detalles de la sanción se reservaron.
En entrevista para EL UNIVERSAL, la abogada Claudia Ivette Morales, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, señala que este patrón no es casual, pues las instituciones suelen optar por sanciones más leves porque son más fáciles de controlar y aplicar.
Sin embargo, advierte que el problema no termina ahí. Después de una sanción, el seguimiento no es “el más adecuado”. Morales explica que los órganos internos de control de las dependencias públicas no informan de manera detallada a las víctimas sobre el avance de los procesos o las medidas correctivas. En muchos casos, se reduce a una lógica cerrada: investigar, sancionar y archivar.
La atención sobre las sanciones suele crecer sólo cuando el caso cobra notoriedad mediática, como en el caso de Edith Guadalupe, víctima de un presunto feminicidio cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 15 de abril. Los familiares de la joven acusaron que el personal de la FGJ planteó iniciar la búsqueda hasta después de 72 horas y además señalaron que se les pidió dinero para continuar la investigación.
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Ante estos señalamientos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que tres funcionarios de la Fiscalía fueron separados del cargo debido a las irregularidades.
Claudia Morales sostiene que existen problemas estructurales para la aplicación de medidas correctivas, desde la falta de servicio profesional de carrera hasta posibles conflictos de interés dentro de las fiscalías que investigan a sus propios funcionarios.
Bajan sanciones administrativas
De acuerdo con las cifras de la fiscalía capitalina, en 2018 se emitieron 204 resoluciones de sanciones administrativas, mientras que en 2023, únicamente 12, lo que significa una reducción del 94%. Leslie Jiménez Urzúa, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que “la baja cantidad de denuncias hacia servidores públicos y de procedimientos administrativos, responde a que la gente no sabe cómo denunciar y a que el proceso es desgastante, no a que no se den hechos irregulares”.
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Los tiempos de suspensión reportados van desde 3 a 90 días, siendo 15 el tiempo más común de suspensión con 274 reportes, seguido de 3 días con 126 casos. Al respecto, Jiménez explica que “debido a que Ministerios Públicos y policías trabajan por guardias y que tienen poco personal, cuando se les sanciona se busca que la actividad del turno no se vea afectada. Los periodos cortos de sanción también obedecen a evitar afectaciones en sus sueldos, ya que son días que no se les pagan”.
El cargo de agente del Ministerio Público (MP) es el que registra mayor número de sanciones con 681, seguido del oficial secretario del MP con 64, agente de policía de investigación (PDI) con 11 y perito con ocho. Sólo se encontraron tres casos de sanciones resultas contra un fiscal de Extinción de Dominio en 2019: una suspensión de tres días y dos amonestaciones por firmar “indebidamente” oficios.
Jiménez Urzúa considera que quienes ocupan puestos bajos suelen ser sancionados con mayor frecuencia debido a que tienen menor poder de decisión. La sobrecarga de trabajo y la falta de recursos son factores que abonan a que los asuntos que más se sancionen sean los que se pueden resolver rápido.
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En 2018, se encuentra un caso en donde el agente del Ministerio Público no ordenó la liberación inmediata del imputado, pese a que ya existían condiciones legales para mantenerlo detenido, por lo que mantuvo privado de su libertad de manera indebida, vulnerando su derecho a la libertad personal y el debido proceso. Por esta conducta, se le impuso como sanción una suspensión del empleo, cargo, o comisión por 15 días, al considerarse una actuación irregular en el ejercicio de sus funciones.
Otro caso de 2020 describe a un agente del Ministerio Público que omitió investigar un delito de índole sexual, a pesar de que en la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos ya existían elementos que apuntaban a la posible comisión del hecho; sin embargo, durante un año en que tuvo a su cargo la indagatoria, no realizó diligencias necesarias para esclarecerlo. Por esta conducta, se le impuso una amonestación pública.
Un caso destacado de inhabilitacion para ejercer un cargo público fue resuelto en 2016: un agente del ministerio público omitió acreditar que una menor lesionada no era víctima de violencia familiar para poder entregarla a su madre. Fue inhabilitado por un periodo de 9 años.
Respecto a los casos de destitución, tres estuvieron relacionados al cargo de agente PDI por el uso indebido de su arma de fuego y por tratar de forma irrespetuosa a quienes debía ayudar, y dos a jefes de grupo de la PDI, por llevar a cabo una detención sin respetar el debido proceso legal.
Durante el análisis realizado por EL UNIVERSAL se encontró que los años de resolución de las sanciones no corresponden al ejercicio en que se reportan, pues no se encontraron suspensiones resueltas de 2024 a 2026, pese a que sí se publicaron reportes trimestrales en esos años. Este diario consultó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre el desfase. En respuesta, la institución ofreció a esta Casa Editorial entregar información complementaria que incluyera sanciones disciplinarias de su unidad de asuntos internos y sanciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero al momento de la publicación de esta nota no se ha recibido información adicional.
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