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De acuerdo con investigaciones de autoridades mexicanas y estadounidenses, los grupos criminales que operan en el país se han aprovechado de sus vínculos políticos, judiciales y sociales para infiltrarse y montar negocios legales, principalmente para lavar dinero.
Se tiene identificado que, en al menos nueve estados del país, diferentes organizaciones criminales han logrado montar negocios lícitos en 50 distintas ramas, actividades o giros que van desde pequeños comercios hasta grandes cadenas que les dejan ganancias millonarias.
Los negocios varían dependiendo de la vocación productora de cada entidad.
Especialistas alertan que muchos capos del crimen quieren migrar a negocios bien establecidos para dejar un patrimonio “lícito” a sus familiares y tratar de evadir las redes policiales.
Documentos federales estadounidenses describen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización criminal con una estructura económica diversificada. El narcotráfico continúa como su principal fuente de poder, pero no la única: robo y contrabando de combustibles, fraude en tiempos compartidos, la extorsión, el secuestro, el tráfico de migrantes, la corrupción y el control de empresas legales son parte de sus otros “negocios”.
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Las ganancias circulan mediante efectivo, compañías, facturas, transferencias, operaciones comerciales, criptomonedas y redes profesionales de lavado.
El 23 de julio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a más de 50 personas y empresas mexicanas vinculadas al CJNG. Fue la mayor acción de esa oficina contra el cártel.
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El CJNG se maneja como una economía criminal diversificada. En julio de 2025, Vanda Felbab-Brown, investigadora de Brookings, declaró ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado que los grandes cárteles mexicanos “penetraron la pesca legal e ilegal, la agricultura, la minería y la venta de alcohol y tabaco. La posesión de empresas y activos les permite guardar ganancias, dominar proveedores y empleos, imponer condiciones comerciales y ampliar su influencia sobre autoridades y comunidades”.
En su testimonio, Felbab-Brown señaló que la diversificación de negocios no se limita a prácticas de extorsión de negocios legales e ilegales, sino que “alcanza la adquisición real de activos importantes en esas economías”.
Lavado profesional y redes chinas
Las redes chinas de lavado conectan los dólares del narcotráfico con ciudadanos chinos que buscan sacar capital de su país. El cártel entrega dólares dentro de Estados Unidos; la red le paga en pesos en México y vende los dólares a compradores interesados en adquirir bienes o inversiones fuera de China. Los pagos compensatorios permiten completar la operación mediante movimientos internos en cada país.
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Siendo subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson afirmó en un testimonio que “pueden mover valor a través de fronteras sin trasladar efectivo, hacer pagos transfronterizos o siquiera utilizar el sistema financiero formal, lo que dificulta su detección”.
Las redes usan relaciones personales, aplicaciones cifradas, cuentas bancarias, criptomonedas, bienes raíces, vehículos, mercancías de lujo y comercio internacional.
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En julio de 2026, el Tesoro sancionó a siete operadores que, según la dependencia, recogían efectivo del narcotráfico en varias ciudades estadounidenses, transferían el valor mediante diferentes instrumentos y devolvían el dinero a sus propietarios en México. La red habría lavado decenas de millones de dólares por año desde 2023 y cobrado una comisión.
Empresas legales y alcance de las sanciones
Las autoridades estadounidenses han localizado compañías vinculadas con el CJNG en turismo, tiempos compartidos, centros comerciales, bienes raíces, restaurantes, agricultura, tequila, construcción, ropa, madera, suplementos, gasolinerías, petróleo y gas, transporte, logística, seguridad privada y servicios financieros. Algunas conservan activos; otras justifican transferencias, reciben pagos, transportan productos o esconden al beneficiario real. Existen empresas sometidas a extorsión o proveedores que pueden relacionarse con operadores sancionados sin que todos sus empleados conozcan el vínculo.
Los abogados de Holland & Knight advirtieron que el escrutinio se había extendido a la agroindustria de Jalisco y Michoacán, donde actores criminales pueden influir en tierras, logística, producción y comercialización, extraer dinero mediante coacción o integrarse en cadenas de suministro. La presencia criminal dentro de una cadena productiva exige revisar propietarios, proveedores, transportistas, pagos y autoridades relacionadas; carece de capacidad para convertir automáticamente en responsables a todas las compañías del sector.
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Estados
En Jalisco, estado base del Cártel Jalisco Nueva Generación, se conoce que el grupo criminal está vinculado a tiempos compartidos, tequileras, call centers, gasolinerías, tiendas mayoristas de ropa, calzado infantil y licorerías.
También se le relaciona con empresas constructoras, de seguridad privada y de renta de camionetas de lujo para transporte, según información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que utilizaría para lavar dinero.
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Acorde con la misma fuente, también tienen fábricas de muebles que usan como fachada para la producción de metanfetaminas; empresas agrícolas y agropecuarias, empresas de logística de transporte y de suplementos alimenticios para ocultar activos financieros del cártel.
Operan centros de rehabilitación o anexos para reclutar o esconder personas, y promotoras de espectáculos y artistas, como el caso de Los Alegres del Barranco.
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En Nuevo León, el Cártel del Noreste (CDN) ha utilizado decenas de empresas de transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para mover mercancías y ocultar recursos, de acuerdo con reportes de autoridades mexicanas y de Estados Unidos.
En Chihuahua, reportes oficiales detallan que grupos del Cártel de Juárez y Cártel de Sinaloa operan negocios como restaurantes, sobre todo en Chihuahua capital; comercializadoras de madera en la sierra, ganado, producción de queso, lecherías, seguridad privada, hoteles e inmobiliarias que utilizan para lavado de dinero con prestanombres.
En Nayarit, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tiene documentado que el CJNG opera tiempos compartidos en Rivera Nayarit y Puerto Vallarta para lavado de dinero, así como empresas agrícolas y agropecuarias.
En Colima, este grupo delictivo maneja gasolinerías y restaurantes que han sido sancionados por autoridades estadounidenses.
En Durango, donde operan el grupo Los Cabrera y Los Mayos, del Cártel de Sinaloa, se les involucra en el sector inmobiliario y actividades agropecuarias.
En Chiapas se especula que peluquerías llamadas barbershops, que han florecido en Tuxtla Gutiérrez, y farmacias serían utilizadas para el lavado de dinero. Sin embargo, autoridades señalan que no hay denuncias oficiales.
En Puebla se sabe que, mediante extorsión, células de diversos grupos criminales obligan a gasolinerías a vender combustible robado. Bajo el mismo método obligan a autoridades municipales a contratar constructoras y empresas proveedoras cercanas a sus intereses.
En Sonora se tiene detectada la operación de células de diversos cárteles, como el Independiente de Sonora, el De Sinaloa, el CJNG, el Cártel de Caborca, La Línea y los remanentes de Los Beltrán Leyva.
Estos grupos operan empresas de bienes raíces, deshuesaderos, compra y venta de autos usados, empresas de transporte y logística, restaurantes, bares y centros nocturnos, promotoras y empresas organizadoras de eventos artísticos.
En Sinaloa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tenía documentado en 2007 bienes y activos de las dos principales figuras del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín El Chapo Guzmán Loera.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros divulgó un listado de 13 empresas en las ramas agrícolas, educativas, de entretenimiento, construcción, prestación de servicios, ganadería y una industria lechera ligadas a la primera esposa de El Mayo Zambada, Rosario Niebla Cardoza, y a sus hijas.
También se mencionaba una estancia infantil que tenía convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una empresa de diseños, autotransportes, un parque acuático, centros comerciales, desarrollos habitacionales, casinos y ranchos.
El 12 de junio de 2012, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos congeló todos los activos de María Alejandrina, la primera esposa de El Chapo.
Entre sus negocios se mencionaron inmobiliarias, hoteles y desarrollos habitacionales en Mazatlán y Culiacán, en Sinaloa.
También se investigó a cinco familias, que se presume lavaban dinero para El Chapo en giros que incluían plataformas de criptomonedas, farmacias, gasolinerías, refaccionarias, prestadores de servicios, construcción de conjuntos inmobiliarios y autotransportes terrestres.
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Dejar herencias limpias
Especialistas en seguridad sostienen que la economía mexicana actual está sostenida, en buena medida, por las inversiones del crimen organizado en negocios legales, pues el sistema bancario mexicano carece de capital suficiente para préstamos y es una aspiración natural de los criminales colar esos recursos en la economía formal para blindar su patrimonio.
Consultados por EL UNIVERSAL, especialistas en el análisis de redes criminales coincidieron en que, en primer término, el crimen incursiona en negocios legales para lavar dinero, para tener cuentas bancarias, para poder ponerlas a nombre de familiares y, de esta manera, evadir los esquemas de vigilancia gubernamental.
“Los criminales, igual que todos, tienen la aspiración de integrarse propiamente a la economía, es decir, de no ser estigmatizados, de que esos negocios puedan tener un componente legal que hereden a sus hijos, familiares y puedan usar su patrimonio. Siempre hay un anhelo de saltar a la economía formal”, consideró David Saucedo, especialista en seguridad.
“No se habla de prosperidad, el crimen organizado siempre es un negocio próspero, el tema con el dinero del crimen organizado —para ser considerado próspero— es la capacidad que tienen estas organizaciones para meterlo en la economía legal y, a partir de ella, crecer”, indicó Luis Leal, especialista en operación de redes criminales por la UDLAP.
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Para Luis Leal, el combate que el gobierno mexicano ha hecho a los negocios del crimen organizado, a través de varios años, ha provocado que cada vez incursionen más en negocios legales, no porque funcione o no la política de seguridad, sino por la pulverización de las grandes organizaciones.
“Las acciones en conjunto entre Estados Unidos y el gobierno federal para desmantelar a estas organizaciones han provocado dos cosas: la primera, el surgimiento de nuevos grupos que buscan sus propias fuentes de ingresos, a mayor fragmentación de grupos criminales, mayor el surgimiento de otras empresas tanto criminales como legales.
“Si a esto le sumamos las sanciones por parte del gobierno estadounidense en contra de estas empresas criminales y sus asociados, eso es bastante motivo para que busquen nuevos asociados y nuevas formas de meter el dinero a la economía legal. El dinero del crimen organizado siempre va a buscar y encontrar la forma de llegar a la economía formal”, explicó.
Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, apuntó que los pequeños grupos del crimen organizado que han quedado de la fragmentación de las grandes corporaciones llegan a tener tantos recursos que buscan invertirlos en actividades que camuflen mejor el nivel de patrimonio que buscan construir.
“Llega a ser tanto el dinero que tienen que prefieren reinvertirlo en actividades legales que se camuflen mejor, que son más discretas e incursionan hasta en negocios que necesitan fe, por ejemplo, el Cártel Jalisco ya mina criptomonedas, está lo de los tiempos compartidos”, comentó.
David Saucedo reconoció que existe un problema bancario y de inversiones en el país: “Las instituciones bancarias no prestan dinero con la facilidad que permita el flujo de inversión de otros países. La banca comercial, a su vez, carece de fondos suficientes para inyectarlos en la propia economía, pero la mafia mexicana y los narcotraficantes se convierten en prósperos empresarios a través de financiamientos a negocios legales”, comentó.
Saucedo aseguró que el gobierno mexicano sabe en qué medida el crimen organizado sostiene la economía mexicana y advirtió que cerca de 7% u 8% del dinero que entra a México de “inversión extranjera” no tiene un origen claro.
Según Luis Leal, una forma de medir el impacto real de las acciones gubernamentales en contra del crimen organizado debe ser por el nivel de decomisos realizados en términos económicos.
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