Tal vez llevamos demasiado tiempo discutiendo las reglas y muy poco a las personas. Podemos cambiar una vez más la forma de elegir a quien preside la Suprema Corte. Podemos quitarle facultades administrativas, devolverle algunas, establecer turnos, votaciones o cualquier otro mecanismo. Nada de eso servirá si quienes llegan a esos cargos entienden el poder público como una oportunidad para favorecerse, acumular influencia o imponer sus intereses personales.
La presidencia de la Suprema Corte tiene una función bastante clara. Quien la ocupa debe conseguir que el tribunal funcione adecuadamente y eso significa conducir las sesiones con seriedad, permitir que exista una deliberación real, escuchar posiciones distintas y crear las condiciones para que cada asunto pueda resolverse de la mejor manera posible. También significa garantizar condiciones dignas de trabajo para las miles de personas que hacen funcionar a la institución todos los días.
Además, quien preside la Corte la representa frente al resto del Estado. Tiene que defender su independencia cuando otro poder intenta vulnerarla, exigir el presupuesto necesario para que opere adecuadamente y cuidar una institución que pertenece al país entero.
Nada de eso tiene que ver con satisfacer ambiciones personales. Un cargo público jamás debería convertirse en patrimonio de quien temporalmente lo ocupa y mucho menos la presidencia del máximo tribunal del país. Por eso, frente a la disputa que hoy existe alrededor de la presidencia de la Suprema Corte, quizá deberíamos formular una pregunta mucho más sencilla: ¿quién de las personas que integran el Pleno entiende realmente para qué sirve ese cargo?
México acaba de elegir a sus ministros y ministras mediante voto popular. Se nos dijo durante meses que la elección judicial acercaría a la ciudadanía al Poder Judicial y es momento de que tomemos esa promesa en serio y vigilemos su actuación
Hay que observar cómo votan, cómo deliberan, cómo utilizan sus facultades y qué hacen cuando sus propios intereses entran en tensión con los de la institución. Y cuando llegue el momento de decidir quién debe encabezar la Corte, tenemos derecho a exigirles que expliquen su voto y nos digan públicamente a quién consideran la mejor persona para representar a la Suprema Corte y por qué. Podemos exigirles que voten pensando en la institución y recordarles que ellos tampoco son propietarios del cargo que ocupan.
Si después de una elección judicial seguimos teniendo personas que utilizan posiciones públicas para acumular poder, colocar intereses personales o librar batallas internas, entonces tenemos un problema bastante más grave que el mecanismo utilizado para designar a una presidencia.