El 9 de julio, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago presentó una estrategia para replantear la educación jurídica en la era de la inteligencia artificial. Parten del hecho de que la IA ya es inherente a la profesión y fingir que se trata de una amenaza futura es perder el tiempo. William Hubbard, profesor de Derecho y Economía y presidente del comité que diseñó la estrategia, me lo dijo con claridad en una entrevista: “Ya no estamos hablando en tiempo futuro”.
La propuesta rechaza la disyuntiva entre prohibir la IA por completo o incorporarla a las aulas, como si añadir una licencia de software equivaliera a modernizar la enseñanza. En su lugar, Chicago quiere que sus estudiantes aprendan a pensar con IA, sin IA y sobre la IA. La diferencia entre esas tres preposiciones contiene prácticamente todo el programa.
La estrategia tiene tres ejes: desarrollar métodos de enseñanza y evaluación resistentes a la IA; fortalecer las capacidades esencialmente humanas de la abogacía, y enseñar un uso responsable, eficaz y ético de estas herramientas. En los cursos obligatorios del primer año se prohibirán, salvo excepciones, las computadoras, tabletas y teléfonos. Los exámenes se realizarán en el aula, sin internet ni acceso a archivos o aplicaciones. Además, se mantendrá el método socrático para obligar a los alumnos a pensar y responder en tiempo real.
Parecería extraño que un programa de innovación busque regresar al papel, cerrar las computadoras y volver a preguntar en voz alta. Precisamente por eso resulta innovador, pues su apuesta no consiste en proteger a los estudiantes de la tecnología, sino en reservar ciertos momentos del aprendizaje para que no puedan esconderse detrás de ella.
En los cursos de investigación y escritura jurídica, la lógica será distinta. Escribir sin IA será la base, pero sobre ella se incorporará el trabajo con IA para investigar, revisar textos, preparar nuevos borradores y ensayar argumentos orales. Los estudiantes deberán aprender no solo a obtener resultados, sino a supervisarlos, criticarlos y mejorarlos. En las clínicas y materias optativas se permitirá una mayor experimentación con herramientas especializadas y reglas explícitas para cada curso.
Quienes elaboren trabajos de investigación también tendrán que discutir y defender oralmente sus argumentos ante un profesor. La medida sirve para comprobar que entienden lo que firmaron, pero también recupera una obviedad que las facultades suelen olvidar: los abogados, además de saber escribir, deben explicar, negociar y responder preguntas incómodas.
La pregunta más difícil es si este modelo puede trasladarse a México y América Latina. Chicago tiene grupos pequeños, herramientas especializadas, profesores con tiempo y una red de egresados que incluye abogados de grandes despachos y empresas tecnológicas. En nuestra región abundan las aulas saturadas, los presupuestos escasos y el acceso desigual a la tecnología. Después del episodio del b de la UNAM, sería tentador concluir que necesitamos plataformas más costosas, sistemas de vigilancia más invasivos o detectores de IA que probablemente serán burlados por otra IA.
Le planteé esta objeción a Hubbard. Su respuesta fue que lo más valioso de una facultad de Derecho no requiere tecnología costosa. Enseñar a reconocer un problema jurídico, identificar las normas aplicables, construir un argumento y ejercer el juicio profesional sigue dependiendo de buenos profesores y de estudiantes dispuestos a pensar. Una universidad con recursos limitados debería preguntarse, dijo, cómo garantizar que hace bien aquello que está en el centro de la enseñanza jurídica y que la tecnología no la distraiga de ello.
Al final le propuse el dilema que enfrentan todas las facultades: ¿qué es más peligroso, permitir que los estudiantes dependan demasiado de la IA o graduar abogados que no sepan utilizarla? Hubbard eligió el primer riesgo, aunque advirtió que ignorar estas herramientas tampoco es una opción. Si la única habilidad de un estudiante consiste en escribir instrucciones para que una máquina produzca respuestas jurídicas, “se está preparando para quedarse sin trabajo”. Las propias empresas de IA ya buscan automatizar la elaboración de esas instrucciones.
La ventaja profesional se encuentra en saber cuándo se equivoca la IA, qué consecuencias tiene su respuesta y quién debe responder por ella. La IA puede redactar, investigar y sugerir estrategias, pero no puede prestar juramento, asumir responsabilidad profesional ni construir por sí sola una relación de confianza con un cliente.
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