Ciencia y tecnología: una apuesta sin presupuesto

El análisis de la política educativa nos ha llevado a señalar que la expansión del gasto educativo fortalece la cobertura, pero no garantiza por sí misma la calidad de los aprendizajes. La ciencia y la tecnología son la continuación lógica de ese diagnóstico. El plan de desarrollo en el actual sexenio plantea convertir a México en “potencia científica”. Sin embargo, las decisiones del camino apuntan en otra dirección: se extinguieron decenas de fideicomisos de ciencia, se recortaron drásticamente las becas al extranjero, se eliminaron los estímulos a la innovación empresarial y se suprimió en la ley la meta de inversión en el sector. La ciencia mexicana ha sido uno de los rubros más recortados del gasto público en la última década.

El centro de la problemática es la inversión. Según el Banco Mundial y la UNESCO, el gasto de México en investigación y desarrollo experimental alcanzó apenas 0.25% del Producto Interno Bruto en 2024, una fracción del promedio de la OCDE, que ronda 2.7%. El país exporta más de 94 mil millones de dólares en productos de alta tecnología cada año, pero invierte poco en generarla. Esa asimetría es, precisamente, el potencial por aprovechar: la capacidad exportadora ya existe y lo que falta es la apuesta por la investigación que la origine.

En contraste, el esfuerzo público es todavía más limitado y ahí está el amplio margen de mejora. Mientras Corea del Sur destina alrededor de 1.13% de su PIB a ciencia y tecnología y Alemania cerca de 0.93%, según cifras de la OCDE, México invertirá en 2026 apenas 0.17% de su producto. No es casualidad que se trate del segundo nivel más bajo del gasto federal en la materia desde 2012; recuperar ese terreno es más una decisión de política pública que una restricción insalvable.

El punto de partida está en la institución llamada a liderar el sector. Al antiguo CONAHCYT (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías), hoy transformado en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), se le aprobó para 2026 un presupuesto del Ramo 38 de poco más de 37 mil millones de pesos. Esa cifra es un tercio inferior, en términos reales, a lo ejercido en 2015, el mejor año del sector. La nueva Secretaría nace con menos recursos que el viejo consejo, pero también con la oportunidad de definir cómo priorizarlos desde su origen.

El camino por recorrer no es sólo presupuestal, sino normativo. En 2023, el Congreso modificó la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y eliminó la meta que obligaba al Estado a invertir 1% del PIB en ciencia y tecnología. En la práctica, el país quedó sin la única referencia cuantitativa que fijaba un piso a la formación de investigadores. En suma, restablecer un horizonte explícito de inversión devolvería al sector la certidumbre que hoy no tiene.

La disminución no es sólo presupuestal: se refleja en cuántos mexicanos alcanzan estudios de posgrado. Entre 35 economías comparadas por la OCDE, México ocupa el lugar 31 en el crecimiento de graduados de maestría por cada mil trabajadores desde 2015, apenas por encima de Colombia, Sudáfrica, Brasil y Egipto, mientras Polonia y Luxemburgo triplicaron ese ritmo. Sin una base de posgrado que crezca al mismo paso, la ambición científica del país seguirá sin sostén propio.

La señal más clara del camino por recorrer está en los cimientos, no sólo en las disciplinas STEM. La OCDE presentó los resultados de PISA 2025: México obtuvo 388 puntos en matemáticas, 408 en lectura y 414 en ciencias, todos por debajo del promedio de la organización, y siete de cada diez estudiantes de 15 años no alcanzan el nivel básico de competencia matemática. La vocación científica también se cultiva desde temprano: a los 15 años, 28% de los niños quiere dedicarse a la ciencia o la ingeniería, frente a sólo 9% de las niñas, según UNICEF. Sin una base sólida en la educación básica, apostar todo a las carreras STEM es construir la “potencia científica” sobre cimientos que la propia evaluación internacional confirma como frágiles.

La paradoja del momento también ofrece una salida. El gobierno impulsa proyectos como Kutsari, Coatlicue y Olinia con fondos extraordinarios, mientras el gasto regular de los Centros Públicos de Investigación permanece congelado. El riesgo no es que México deje de anunciar proyectos ambiciosos, sino que los sostenga sobre una base educativa frágil, sin formar ni retener a los científicos capaces de construirlos. Si el ciclo escolar en curso garantiza el acceso, la política científica debe garantizar lo que sigue: aprendizajes sólidos, formación, permanencia y remuneración de quienes harán posible la potencia tecnológica. Con cimientos educativos firmes y una inversión científica constante, la anhelada potencia científica puede dejar de ser un título y convertirse en un proyecto de país; ese es el reto.

*Presidente de Consultores Internacionales, S.C.

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