Hay algo que cambió en la política latinoamericana: la seguridad dejó de ser solamente una política pública y se convirtió en una estrategia electoral. El llamado “efecto Bukele” ya no es únicamente el modelo aplicado en El Salvador; es también una forma de comunicar el poder. Soldados en las calles, policías fuertemente armados, cárceles de máxima seguridad, operativos espectaculares y delincuentes esposados forman parte de una narrativa que promete algo muy sencillo: orden.
Nayib Bukele entendió antes que muchos que la seguridad también se comunica. Su estrategia contra las pandillas redujo drásticamente los homicidios y le otorgó niveles extraordinarios de popularidad, aunque bajo un régimen de excepción cuestionado por organizaciones de derechos humanos. El modelo se convirtió así en referencia para gobiernos y candidatos que, particularmente desde las nuevas derechas duras y los populismos, han encontrado en la “mano dura” una bandera política poderosa.
El fenómeno ya tiene expresiones concretas en la región. En Chile, el gobierno de José Antonio Kast ha colocado la seguridad en el centro de su agenda y ha mirado hacia la experiencia salvadoreña. La nueva cárcel de máxima seguridad y los operativos de alto impacto forman parte de una narrativa de autoridad estatal. Incluso la difusión de imágenes de los traslados de reclusos, musicalizadas para redes sociales, mostró hasta qué punto la seguridad también se ha convertido en espectáculo.
Y Colombia acaba de sumarse con fuerza a esta tendencia. El nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, llegó al poder con una propuesta de “mano dura” que incluye militarización, recuperación territorial y la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad inspiradas explícitamente en el modelo de Bukele. En su primer día de gobierno trasladó a 117 reclusos a cárceles de máxima seguridad y convirtió la medida en una poderosa imagen política.
Tres países distintos, tres realidades criminales diferentes y, sin embargo, una misma intuición política: la seguridad da votos.
El problema comienza cuando confundimos visibilidad con eficacia.
Un operativo se ve. Una cárcel se ve. Un soldado patrullando se ve. Un delincuente detenido se ve. Una investigación financiera de dos años para descubrir quién lava el dinero de una organización criminal no se ve. Tampoco se ve al funcionario que evita que un adolescente ingrese a una banda, ni al analista que detecta una transferencia sospechosa antes de que financie una operación criminal.
Pero esas acciones pueden ser mucho más importantes para derrotar al crimen organizado.
Porque el crimen no es solamente violencia: es un negocio. Las organizaciones criminales buscan rentabilidad, controlan mercados, utilizan redes financieras, reclutan personas, compran armas, corrompen funcionarios y modifican sus rutas cuando el Estado aumenta la presión. Detener a sus integrantes es necesario, pero no suficiente. Hay que quitarles el dinero, desarticular sus redes y hacer que delinquir deje de ser rentable.
La prevención tiene además un problema político: cuando funciona, no se ve. Es difícil hacer campaña con un delito que nunca ocurrió. Por eso resulta mucho más rentable mostrar una operación que explicar una política de prevención.
Y aquí aparece otro riesgo: la creciente utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Pueden ser fundamentales para controlar fronteras, proteger infraestructura crítica o apoyar operaciones en territorios determinados. Pero convertirlas en la respuesta permanente frente al crimen implica exponerlas a funciones para las que no fueron diseñadas y puede terminar debilitando tanto a las instituciones militares como a las policiales.
El desafío no es tener un Estado más duro. Es tener un Estado más inteligente.
La seguridad requiere policías profesionales, inteligencia, fiscales, jueces, cooperación internacional, persecución financiera, cárceles capaces de aislar realmente a los líderes criminales y políticas de prevención. La fuerza es parte de la respuesta, pero no puede convertirse en la respuesta completa.
El “efecto Bukele” seguirá siendo atractivo porque es sexy: se puede mostrar, fotografiar y convertir en campaña. La prevención, en cambio, es silenciosa.
Y esa es precisamente la paradoja: lo que más votos puede dar no siempre es lo que más seguridad produce. La verdadera seguridad es mucho menos espectacular. Se construye antes de que ocurra el delito, lejos de las cámaras y con instituciones que casi nunca son protagonistas.
La seguridad se volvió sexy porque vende una imagen poderosa: un Estado fuerte, un enemigo identificado y una respuesta inmediata. Pero el crimen organizado no se derrota con imágenes. Se derrota quitándole territorios, dinero, redes y capacidad de reemplazar a quienes caen. La mano dura puede llenar las pantallas; la inteligencia, la prevención y las instituciones son las que finalmente llenan las cárceles y vacían las estructuras criminales. La pregunta, entonces, no es quién puede parecer más duro. Es quién puede ser realmente más eficaz.
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