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Miami.— A un año de gobierno y de las promesas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el archivo del pederasta Jeffrey Epstein se ha convertido en un goteo de documentos, redacciones y batallas políticas, con el republicano redirigendo el caso contra los demócratas.
“Donald Trump ha empujado un encuadre político cada vez más claro: convertir los archivos Epstein en un problema de demócratas y en un desgaste de agenda para su propio gobierno”, dice a EL UNIVERSAL el analista político Alejandro Castellano, desde Miami. Una muestra es lo que Trump escribió en Truth Social: “Ahora se encuentran un millón de páginas más sobre Epstein. Están obligando al Departamento de Justicia a gastar todo su tiempo en este engaño inspirado por los demócratas”, y luego remató: “Publiquen todos sus nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país”.
Aunque esa estrategia tropieza con un hecho incómodo: “Los paquetes publicados han mostrado que Epstein cultivó relaciones con figuras de ambos partidos y del mundo corporativo, pero queda claro que, en principio, las imágenes o menciones no equivalen automáticamente a un delito”, advierte Castellano.
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Trump dice: “No me gustan las fotos de Bill Clinton siendo mostradas. No me gustan las fotos de otras personas siendo mostradas. Creo que es algo terrible (…) probablemente tienen fotos de otras personas que, inocentemente, conocieron a Jeffrey Epstein hace años (…) banqueros y abogados muy respetados y otros”. Pero el gobierno las usa como arma.
El capítulo Clinton se volvió el ejemplo perfecto del reenfoque político de Trump: el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos citó a Bill y Hillary Clinton y ellos respondieron por carta negándose. La Associated Press (AP) dio a conocer que los Clinton calificaron la pesquisa como “legalmente inválida” y advirtieron que el proceso estaba “literalmente diseñado para resultar en nuestro encarcelamiento”, y añadieron: “nos defenderemos con firmeza”.
El miércoles, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental del Congreso aprobó una resolución para declarar en desacato a los Clinton. Es el primer paso de un proceso que requiere de la aprobación final de la Cámara de Representantes.
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Mientras, los republicanos han procurado mantener a Trump al margen de ese mismo estándar de citación. Según AP, el presidente del comité, James Comer, dijo que “nadie está acusando a los Clinton de nada; sólo tenemos preguntas”, y justificó el interés: “cualquiera admitiría que pasaron mucho tiempo juntos”. Sin embargo, en esa misma declaración, Comer sugiere que el comité no intentaría obligar a Trump a testificar por tratarse de un presidente en funciones.
En la práctica, ese argumento de “es presidente” funciona como blindaje político y, hasta cierto punto, institucional; incluso “si el Congreso quiere puede investigar, forzar la comparecencia del jefe del Ejecutivo, lo que abriría un terreno de choque constitucional que suele resolverse con negociación, privilegios o litigio”, advierte el analista. El resultado es una asimetría política voraz: a los demócratas se les presenta como sujetos “citables” y “sospechosos”, mientras el mandatario se reserva la posición de árbitro indignado que exige nombres ajenos sin exponerse a un interrogatorio equivalente.
Frente al impulso de “liberen todo ya”, algunos especialistas han advertido que la idea de un “vaciado” de archivos puede ser ilegal y dañina. Benjamin Wittes, editor en jefe de Lawfare, abre un análisis de golpe: “¿Se han vuelto locos todos?”, y plantea la pregunta de fondo, si el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia deberían “publicar sin ton ni son” expedientes de “un gran caso de explotación infantil y trata de personas” con muchas víctimas, porque “una cantidad incontable de testigos” podría ser “totalmente inocente”.
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Wittes sostiene además que parte del material probablemente es información de Gran Jurado, protegida por la Regla 6(e) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos o por sellos judiciales, “es ilegal divulgar este material (…) No es una decisión que la fiscal general pueda tomar (…) No puede. No debería. Y si lo hace, debería ir a la cárcel”. Su conclusión resume el choque entre morbo político y Estado de derecho. “Lo que el mundo no necesita es avalancha de documentos”.
El gobierno alimentó esa línea defensiva con un memorando del Departamento de Justicia (DOJ) y del FBI fechado en julio de 2025. El texto afirma que una “revisión sistemática” no halló una “lista de clientes” incriminatoria; que no encontró “evidencia creíble” de que Epstein “chantajeara a personas prominentes” y que no se “descubrió evidencia” que justificara investigar a “terceros no acusados”. También explica por qué la publicación íntegra choca con límites obvios: los archivos incluyen material sellado y una gran cantidad de imágenes y videos, incluidos “más de 10 mil” de material ilegal de abuso sexual infantil, cuya liberación “no se permitirá”.
En esa narrativa de “no hay una lista”, no hay base para ir tras “terceros”; lo que convive, paradójicamente, con la furia pública por lo que sí se publicó y que una gran cantidad de renglones aparecen suprimidos al ser cubiertos con tinta negra. CBS News documentó que “al menos 550 páginas” quedaron “totalmente redactadas” en la primera gran entrega, y describió series completas de documentos “cubiertas por un recuadro negro” página tras página.
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La reacción política fue inmediata y el costo no cae sólo sobre los demócratas. Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, afirmó que “simplemente publicar una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de la transparencia y la letra de la ley (…) Necesitamos respuestas sobre por qué”. Y el propio DOJ se defendió: “los documentos y fotos seguirán siendo revisados de acuerdo con la ley y con extrema cautela por las víctimas y sus familias”.
El fiscal general adjunto Todd Blanche, según CBS News, endureció el tono: “las únicas redacciones que se están aplicando (…) son las requeridas por la ley, punto”; y politizó la comparación histórica al afirmar que “administraciones demócratas” previas “se negaron” a dar “detalles completos”, mientras que “el presidente Trump, la fiscal general Pam Bondi y el director del FBI (…) están comprometidos con plena transparencia consistente con la ley”.
“El costo más delicado y menos útil como munición partidista es el de las víctimas”, hace ver Castellano. Abogadas y abogados que representan a presuntas víctimas escribieron a un juez federal para exigir más cuidado. ABC News citó una línea: “estas mujeres no son peones políticos; son madres, esposas e hijas”. En la misma carta, sostienen que lo ocurrido es “absolutamente inaceptable” y que el programa “debe corregirse” antes de publicar más documentos si no se quiere exponer información sensible.
En una entrevista con Michel Martin de National Public Radio (NPR), el exfiscal federal Elie Honig calificó como anómalo que la fiscal general estadounidense “avise” al presidente que aparece nombrado en archivos criminales; “para nada”, respondió Honig cuando le preguntaron si era normal, y añadió: “eso es altamente anormal (…) sería visto como una violación de la independencia de la fiscal general”.
Honig también cuestiona el argumento de que “no se puede publicar por las víctimas” como coartada total. En la misma entrevista dice que “la excusa de ‘tenemos que proteger las identidades de las víctimas’ es inválida porque (…) todavía puedes publicar los registros, pero redactar y proteger la información de las víctimas”, y aterriza por qué el tema no muere, “¿Quiénes son otros hombres poderosos (…) que tuvieron sexo con mujeres y niñas menores de edad? ¿Y quién lo facilitó?”.
Honig, escribiendo como exfiscal en la revista New York Magazine, retrata el manejo institucional como una cadena de tropiezos que alimentan teorías conspirativas. Ahí afirma que “la primera señal de problemas” fue que el liderazgo del Departamento de Justicia “ignoró casualmente” la fecha límite legal.
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Remarca que el público sigue sin saber la magnitud real de lo publicado. “Actualmente no tenemos idea de dónde está la producción total”. La escalada más reciente muestra el choque entre el Congreso y la fiscalía federal en Manhattan. AP informó que el fiscal federal Jay Clayton dijo a un juez que “carece de autoridad” para nombrar un “experto neutral” o un “administrador especial” que supervise la divulgación, calificando la petición como un remedio “extraordinario” impulsado por los congresistas Ro Khanna y Thomas Massie. Khanna respondió que “estamos informando al tribunal de mala conducta grave por parte del DOJ que requiere un remedio”.
Los legisladores habían escrito que “en pocas palabras, no se puede confiar en el DOJ” para cumplir divulgaciones obligatorias.
La variable que más puede “impactar” a demócratas y republicanos a la vez es la opinión pública, porque castiga la opacidad sin distinguir demasiado quién la administra. Un sondeo nacional de la Universidad Quinnipiac reportó que 63% desaprueba cómo la administración maneja los archivos, y su analista Tim Malloy lo resumió con una línea que explica por qué esto no se apaga, “Epstein ha estado muerto y desaparecido por años, pero su sórdido legado se cierne grande en un país que quiere saber más sobre a quién conocía y si los secretos han sido enterrados con él”.
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En el sondeo de The Economist/YouGov, la “investigación de Jeffrey Epstein” también aparece con saldo negativo: 54% desaprueba y 24% aprueba.
Así que el reenfoque “contra demócratas puede funcionar como golpe táctico, sobre todo en el caso Clinton; pero es menos claro que produzca un daño estratégico duradero sin una evidencia inequívoca que vaya más allá de fotos, vuelos o amistades antiguas”, concluye Alejandro Castellano.
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