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Los Ángeles. Una jueza federal bloqueó este lunes una ley estatal en California que prohíbe a los agentes locales y federales, incluyendo a los migratorios, el uso de pasamontañas y máscaras, lo que supone una victoria para el gobierno del presidente Donald Trump, que había demandado la medida.
La jueza Christina Snyder, del Tribunal Federal en Los Ángeles, dictaminó que la ley SB 627 discriminaba a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y otros agentes federales afectados por la prohibición.
La ley aprobada el año pasado, tras las agresivas redadas que afectaron Los Ángeles, exceptúa a la Policía estatal, así como a los miembros de grupos especiales.
Lee también ICE detuvo a 400 mil migrantes en primer año de Trump; 86% no tenía historial criminal violento
“(La ley) trata a las fuerzas del orden federales de manera diferente a los agentes de las fuerzas del orden estatales en situaciones similares”, escribió Snyder en su fallo temporal.
No obstante, la juez mantuvo una ley SB 805 que exige a los agentes mostrar visiblemente al público una identificación que incluya la agencia a la que pertenecen y un nombre o número de placa cuando realicen sus tareas, que también había sido demandada por el Ejecutivo estadounidense.
En su demanda, el gobierno Trump argumentó que las leyes amenazan la seguridad de los agentes que enfrentan acoso, filtración de sus datos personales y violencia "sin precedentes".
Desde que se aprobaron las leyes, la administración republicana aseguró que no acataría la ley. La semana pasada, el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Michel Moore, se manifestó en contra de la ley que prohibía a los agentes cubrirse el rostro.
California se convirtió en el primer estado en prohibir a los agentes migratorios cubrirse el rostro mientras llevan a cabo las redadas, un pedido que se ha ido extendiendo por todo el país y hasta el Congreso de Estados Unidos, especialmente después de la muerte de los estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis el mes pasado.
Se esperaba que las dos leyes entraran en vigor el 1 de enero de 2026, pero debido a la demanda no se habían implementado.
El fallo de la jueza aparentemente permite que California formule nuevamente la ley para no hacer excepciones.
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