Nuestra nación vive tiempos de crisis inéditas en cuanto a la legitimidad de las autoridades constituidas. Regiones enteras permanecen en crisis de seguridad derivada de una relación criminal entre la clase política y grupos delincuenciales. Esos grupos, que debieran ser combatidos, se desenvuelven con impunidad y afectan a la ciudadanía y a los bienes de las personas, incluso agreden, secuestran y asesinan, sin recibir el merecido castigo por parte de quienes juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, pero traicionaron ese juramento y se aliaron con los criminales.
Ha sido un gobierno extranjero, el de Estados Unidos, el que ha puesto el dedo en la llaga, al pedir la extradición con fines de llevar ante la justicia de aquel país, entre otros, a un gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, al presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, un senador de la República, Enrique Inzunza Cázares, un general y ex secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y otras autoridades de seguridad, todos de Sinaloa.
La bomba estalló ante todos, de frente y sin aviso de pronto México vio cómo se ponía ante el escrutinio internacional lo que se decía y se callaba al mismo tiempo, lo que tanto denunciamos quienes militamos en oposición al régimen.
Hay una innegable infiltración del crimen organizado en el territorio e instituciones mexicanos. No se puede negar lo evidente, y sin embargo la primera reacción del régimen, de la primera autoridad que es la Presidenta Claudia Sheinbaum, no ha sido sujetar a los acusados a un inmediato proceso. Su primera reacción fue protegerlos.
Como si fueran funcionarios ejemplares a los que se pretende calumniar, a pesar del cúmulo de acusaciones, no solo del gobierno estadounidense sino de varios connacionales, incluso de personas que han sido víctimas de lo que podemos llamar una penosa y evidente relación de un gobierno estatal con el crimen organizado.
Desde un principio el gobierno federal debió deslindarse de Rubén Rocha, hoy con licencia, y dar paso a una investigación seria e intensa para no dejar margen de dudas. En lugar de eso, desde un inicio hemos visto a un gobierno que pone la cara y protege al acusado, como no lo hizo con Carlos Manzo…
En el otro lado de la moneda, toda la fuerza del Estado Mexicano se ha vertido contra la gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, por haber permitido la presencia en un operativo antidrogas de cuatro agentes de la CIA. Un operativo, hay que decirlo, en el que participaron las Fuerzas Armadas mexicanas y se desmanteló un laboratorio de producción de fentanilo y metanfetaminas.
Ambos gobernantes hoy son acusados, aunque por motivos bien diferentes. Una, por permitir la presencia de agentes extranjeros en territorio nacional, y otro, por colaborar con el crimen organizado. Pero solo uno habría dañado a la población a la que juró defender. O al menos, así se ve...
Coordinadora Diputados MC