Reporta EL UNIVERSAL que tras comparecer ante la justicia luego de ser detenido en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el contralmirante mexicano Fernando Farías Laguna solicitaría asilo político porque teme por su vida. No le falta razón al presunto delincuente en sus temores: la escandalosa serie de actos de corrupción conocidos como el huachicol fiscal, representó un daño patrimonial a la Nación Mexicana que se ha calculado en algo más de 200 mil millones de pesos al año.
Si comparamos esa estratosférica cifra con otros escándalos de corrupción en nuestro país, como el caso Segalmex también del sexenio pasado (15 mil millones de pesos), o la llamada Estafa Maestra durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (7 mil millones de pesos), se entiende la magnitud del robo ocurrido durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
En efecto, tan solo con el caso del huachicol fiscal, el gobierno de López Obrador alcanzó las cifras más altas de robo por corrupción de los tiempos contemporáneos, con el agravante de haber corrompido a la Marina, una de las instituciones que se habían mantenido al margen de escándalos de esa naturaleza.
En la estela de corrupción, el robo de combustible a gran escala también alcanzó el esquema institucional hacendario, aduanal, de vigilancia y de Petróleos Mexicanos, además de implicar una serie de crímenes que difícilmente pueden ser considerados meras casualidades.
Si hacemos memoria, fue en junio de 2024 cuando el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar denunció ante el entonces secretario de la Marina del presidente López Obrador, Almirante José Rafael Ojeda Durán, la red de huachicol fiscal operada por los sobrinos de éste. El 10 de octubre sostuvo una reunión en las oficinas del nuevo secretario de Marina. Al mes siguiente, Guerrero Alcántar fue asesinado a balazos en Manzanillo, durante sus vacaciones.
Otras dos muertes movieron a sospecha, por tratarse de personas estrechamente vinculadas con el caso: el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, quien fue señalado por recibir sobornos a cambio de dejar pasar los buques del huachicol fiscal. Presuntamente cometió suicidio, en septiembre.
No se suicidó, pero resultó muerto tras un accidente en una práctica de tiro el 9 de septiembre, según la Marina, otro presunto implicado: el capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, encargado del puerto de Manzanillo, Colima.
Ese era el ambiente del caso cuando Farías Laguna escapó de la justicia y huyó fuera del país.
La Fiscalía Federal argentina ha exhibido la captura del mexicano como un trofeo de justicia, y en el marco de las tensiones políticas y diplomáticas entre ambos países, con autoridades situadas en polos opuestos del esquema político, el almirante preso ahora busca asilo.
Es la hora de la verdad para la justicia en México y para el gobierno federal originado en Morena, justo cuando está en plena recomposición, cuando las fichas del tablero partidista se mueven, con una dirigencia que ha renunciado para aceptar incorporarse al equipo de la presidenta Sheinbaum, y sus aliados sopesando su situación y actuación futura…
En definitiva, el huachicol fiscal pinta para ser una carambola de varias bandas para el régimen y su partido, y pone en un mismo episodio a sus hasta ahora aliados, a su talón de aquiles que puede exhibir la corrupción como un elemento propio y no como fenómeno ajeno, y en otra acera pero en la misma coyuntura, la política internacional con Estados Unidos expectante.
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