La reaparición en la escena pública del expresidente Andrés Manuel López Obrador ocurre en medio de una de las situaciones más tensas y difíciles para el Movimiento que él fundó y para la Presidencia de la República, entre acusaciones directas hacia autoridades emanadas de su partido por presuntamente colaborar con el crimen organizado.
El acusador es ni más ni menos que el gobierno de Estados Unidos.
El mismo que llevó al cadalso político al poderoso exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, acusado también de actuar en complicidad con criminales, del Cártel de Sinaloa.
Mismo acusador, mismos cargos, diferentes acusados, diferentes gobiernos.
Claro que en el caso de García Luna, el propio gobierno mexicano, entonces encabezado precisamente por López Obrador, se convirtió en la primera caja de resonancia de las acusaciones estadounidenses y de los primeros actores políticos internacionales que validaron y festejaron los fallos de los tribunales de aquel país.
Hoy la situación es diametralmente opuesta al lejano 2019, cuando fue detenido García Luna, y al 2024, cuando fue sentenciado a 38 años de prisión por un juez norteamericano.
Primero con filtraciones a medios de comunicación y luego como procesos formales y solicitudes de extradición, el gobierno estadounidense ha emprendido un nuevo proceso legal, esta vez en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (hoy con licencia); el senador Enrique Insunza Cazares; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil (también ya con licencia), así como el ex secretario de Administración y Finanzas del Estado, Enrique Díaz Vega, y el fiscal adjunto de la Fiscalía estatal, Dámaso Castro Saavedra.
Otros acusados por el gobierno de Estados Unidos, cuya detención también fue solicitada al gobierno mexicano son los exjefes de la policía de investigación Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la policía del Estado, José Antonio Dionisio Hipólito, y Juan Valenzuela Milán.
De todos ellos, sabemos que Mérida Sánchez, General de División, ya está a disposición de las autoridades estadounidenses, en calidad de detenido (se entregó), y en el mismo tenor Enrique Díaz Vega, quien al parecer también afrontará el proceso en acuerdo con la fiscalía de aquel país.
Con mucho, se trata del caso más escandaloso de presunta corrupción-colaboración con el crimen organizado en la historia reciente de nuestro país, así que la reacción del expresidente López Obrador, así sea mediante una carta pública, no puede tomarse a la ligera. Las acusaciones no simplemente salpican, sino que empañan directamente a Morena y ponen en tela de juicio la integridad de varios de sus integrantes.
Hasta ahora, hemos visto de todo: la negación en primera instancia, pero también una activa defensa del Estado Mexicano hacia los funcionarios acusados, incluso poniendo a disposición de Rocha Moya fuerzas federales para protegerlo de posibles operativos internacionales. Al menos es lo que ha trascendido en los medios de comunicación.
La justicia sigue su camino y no tardaremos en enterarnos del desenlace de esta historia que ya empieza a involucrar a más presuntos acusados, también autoridades de nuestro país, también del partido oficial, al que le urge desmarcarse, pues incluso no le ha sido suficiente la reaparición de su “bateador estelar”, el expresidente López Obrador, para detener una inercia de desprestigio que amenaza con escalar.
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