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Miami.— Los escándalos por conducta sexual indebida en el Congreso desde enero de 2025 han desatado un debate en Estados Unidos: ¿Tienen los legisladores capacidad real para investigar a sus propios miembros cuando las denuncias involucran poder, subordinación laboral, violencia, presuntas agresiones sexuales o uso del cargo para obtener favores?
“Pareciera que sólo renuncian y ya, no trasciende o no se sabe nada más del problema y no debería ser así”, dice el politólogo Pablo Salas a EL UNIVERSAL.
El demócrata Eric Swalwell tuvo que bajarse de la contienda por la gubernatura de California y dejar su cargo como congresista en la Cámara de Representantes, tras ser acusado de violación y acoso sexual.
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El representante republicano Tony Gonzales también dimitió, tras reconocer un affaire con una excolaboradora que posteriormente se quitó la vida.
El congresista republicano Cory Mills también fue acusado de conducta sexual inapropiada, violaciones de las normas de financiación de campaña y uso indebido de su cargo. El exrepresentante republicano Matt Gaetz se retiró como primera opción del presidente Donald Trump para fiscal general de Estados Unidos por acusaciones de tráfico sexual. La investigación se mantiene en curso, pero Mills optó por no renunciar.
El ángulo potencialmente penal del caso Mills está en las acusaciones de una expareja, Lindsey Langston. Según documentos judiciales reportados por diversos medios, una jueza de Florida emitió una orden de protección después de que Langston acusó a Mills de amenazar con divulgar imágenes y videos sexuales y de amenazar con dañar a futuras parejas. La orden le prohibió contactarla, acercarse a su casa o trabajo y mencionarla en redes sociales. En términos legales, una investigación ética no procesa penalmente a nadie, pero amenazas, violencia de pareja, extorsión o difusión de material íntimo pueden ser asuntos de competencia para autoridades estatales judiciales si los hechos se prueban y si encajan en delitos vigentes.
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En el caso de Swalwell, la Fiscalía de Distrito de Manhattan abrió una investigación penal por una denuncia de agresión sexual de una exempleada en Nueva York.
Tolerancia Cero
El Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos subrayó en abril que “debe haber tolerancia cero para la conducta sexual indebida, el acoso o la discriminación en los pasillos del Congreso o en cualquier entorno laboral”. También afirmó que desde 2017 inició investigaciones en 20 asuntos relacionados con acusaciones de conducta sexual indebida contra miembros de la Cámara, aunque admitió que “desafortunadamente, probablemente existen casos nunca reportados al comité”.
De esas 20 investigaciones, sólo 15 han sido públicamente identificadas, contribuyendo al ambiente de opacidad en el Congreso.
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Los escándalos cruzan partidos políticos, al haber tanto demócratas como republicanos implicados. El portal noticioso Axios describió el momento como “el mayor ajuste de cuentas del Congreso por conducta sexual indebida desde el movimiento Me Too” y citó a un republicano de la Cámara que expresó su enojo. “Es una completa estupidez, tienes a todos estos tipos acostándose con sus empleados y no pasa nada; y todo el mundo sabe lo que está pasando”.
Los casos mencionados están lejos de ser los únicos.
Chuck Edwards, republicano de Carolina del Norte, aparece en NOTUS, medio digital especializado en el Congreso, en una historia publicada que cuenta que el Comité de Ética investiga acusaciones de conducta sexual indebida con una ex- asistente, incluida una presunta relación de largo plazo con una exsubjefa de gabinete. En el Senado, el demócrata Rubén Gallego quedó bajo la lupa cuando la representante republicana Anna Paulina Luna lo señaló de conductas “muy perturbadoras”, algunas “de naturaleza sexual”. Sin embargo, Gallego, quien niega las acusaciones, no ha recibido notificación ni ha sido contactado por el Comité de Ética.
Víctimas vulnerables
El Comité de Ética admitió que su mayor obstáculo es convencer a los testigos más vulnerables de contar sus historias. También dijo que las divulgaciones forzadas pueden enfriar la cooperación, retraumatizar a víctimas y hacer que testigos teman represalias si su participación se vuelve pública. Esa tensión es real: demasiada opacidad protege al acusado y a la institución; demasiada exposición puede destruir a víctimas y testigos.
Algunas congresistas afirman que las simples renuncias de los implicados no bastan. Que se necesita hacer más para erradicar la depredación sexual del Capitolio.
Fue la presión de un grupo bipartidista de legisladoras, que amenazaron con presentar resoluciones para forzar las expulsiones de Swalwell y Gonzales, las que obligaron a éstos a dimitir para evitar la humillación. “La rendición de cuentas es posible. Podemos exigir responsabilidades a los hombres cuando maltratan a las mujeres, y vamos a hacerlo con más frecuencia”, advirtió la diputada Teresa Leger Fernández, que preside el Grupo de Mujeres Demócratas.
El debate sobre los acuerdos pagados con dinero público amplifica la crisis. Axios reportó que la representante Nancy Mace difundió registros que, según ella, mostraban más de 338 mil dólares de fondos públicos pagados durante 10 años para resolver casos de conducta sexual indebida relacionados con ocho exmiembros.
Mace, junto con la legisladora Anna Paulina Luna, ambas republicanas, han estado entre las voces más abiertas a favor de sacar a la luz los casos de conducta sexual inapropiada en el Congreso.
“Quiero que todos y cada uno de los depredadores que hay ahora en el Congreso se vean obligados a dimitir. No me importa cuánto tiempo lleve. Si podemos hacerlo rápido, hagámoslo. Hagámoslo ahora, independientemente del partido”, dijo Mace a Fox News en abril. “Creo que todos deberíamos estar de acuerdo en lo básico: que quizá, no sé, si estás acosando o agrediendo sexualmente, o tienes problemas de violencia doméstica, o estás robando fondos de la FEMA, quizá no deberías estar en el Congreso”, acotó en sus redes sociales el mismo mes.
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El actual reclamo de justicia ha traído ecos de la situación que se vivió en 2017, con el movimiento de #MeToo, que tuvo un fuerte impacto en el Congreso, cuando distintas figuras comenzaron a alzar sus voces, denunciando prácticas toleradas o ignoradas durante mucho tiempo en el recinto legislativo.
En la lista de acusados figuraban senadores y representantes de ambos partidos, del demócrata Al Franken al republicano Trent Franks, de Arizona.
Pero casi 10 años después, el reclamo de justicia y la frustración siguen siendo los mismos: el Congreso sigue careciendo de un sistema en el que los miembros del personal confíen lo suficiente como para utilizarlo como para denunciar.
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Los empleados del Capitolio no cuentan con un departamento de recursos humanos tradicional, los legisladores ejercen un control casi total sobre sus oficinas y los empleados del Congreso no gozan de las mismas protecciones, en el caso de quienes denuncian ser víctimas de abusos sexuales, que en otras áreas del gobierno. El temor a las represalias se mantiene.
“Hace nueve años, denunciamos la cultura generalizada de acoso sexual, discriminación, acoso y abuso en la política. Estábamos enfadadas. Sinceramente, enfadadas hasta la médula, pero también creíamos que habíamos llegado a un punto de inflexión”, escribieron en la revista The Rolling Stone las estrategas Christine Pelosi, hija de la representante demócrata Nancy Pelosi, y Adama Iwu.
Aunque reconocieron que las leyes cambiaron, se crearon nuevos códigos de conducta, incluyendo en el Congreso, y se establecieron sistemas de rendición de cuentas. Pero, añadieron, “aquí estamos, nueve años después, y volvemos a estar enfadadas. Una vez más, hemos visto salir a la luz acusaciones creíbles y graves contra hombres en puestos de poder. Hombres cuyo comportamiento no estaba del todo oculto, hombres a los que se había advertido, hombres que miraban a los ojos a las mujeres a las que respetaban y lo negaban todo categóricamente”.
El deseo de justicia, también en los casos de abuso en el Congreso, advirtieron, sigue pendiente.
“Todavía se espera que las mujeres demuestren, denuncien y lo den a conocer [los casos de abuso]. Las instituciones siguen protegiéndose a sí mismas antes que a las víctimas y los supervivientes. Las redes de rumores siguen alimentando el miedo a que se revele la verdad”.
El escándalo actual se agrava, advierten ellas, igual que expertos, en un entorno donde, con el imperio de lo digital, han surgido nuevas formas de comportamiento depredador, mientras las leyes no se han actualizado para ir también por estos agresores, sin importar su posición en el Congreso.
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