Desde el traslado de los animales del Refugio Franciscano en Cuajimalpa a diversos albergues en la Ciudad de México, se han desatado movilizaciones contra las acciones tomadas por el Gobierno de la capital.
El mismo refugio desestimó la idea de cometer alguna infracción contra los animales y recalcó que el reordenamiento de los seres vivos es un tema de interés.
EL UNIVERSAL hace un recuento de la historia del Refugio Franciscano para conocer los hechos que llevaron a su desinstalación como centro de cuidado a animales.

Según su propia página, el refugio fue creado en diciembre de 1977, cuando a partir de una experiencia profundamente dolorosa en un centro antirrábico, donde sus fundadores fueron testigos del maltrato y la crueldad hacia los animales.
Previo a su desalojo, se encontraba en la carretera México-Toluca en Lomas de Vista Hermosa, delegación Cuajimalpa de Morelos
El Refugio se distinguió por una política de no sacrificar animales y evitar nacimientos, realizando esterilizaciones masivas como método ético de control poblacional.
Ellos contabilizan más de 19 mil perros y mil 400 gatos rescatados y atendidos en el albergue, todos víctimas de abandono y maltrato.
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján precisó que en 2025 se contabilizaron 936 animales tras revisiones de las autoridades de la CDMX.
En las redes sociales del refugio se mencionó que la cifra que fue dada por las autoridades fue errónea, debido a que ellos documentaban mil 95 animales, y exigieron respuesta del paraderos los demás seres vivos de los que se tenía registro.
En 2022 un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México emitió una resolución que permitió a la Fundación Haghenbeck recuperar la posesión legal del predio, del cual es propietaria original.
Tras este fallo, el Refugio Franciscano difundió un comunicado en el que aseguró que la Fundación le había cedido el uso del terreno mediante un contrato de comodato, figura legal que permite utilizar un inmueble sin el pago de una contraprestación económica.
En contraste, la Fundación sostuvo que dicho contrato había concluido años atrás y planteó como alternativa la reubicación del refugio en un inmueble ubicado en Xalatlaco, Estado de México.
Mientras la Fundación argumentó que el traslado era necesario debido a una presunta falta de espacio adecuado para los animales, el Refugio Franciscano señaló que el interés en el predio de Cuajimalpa estaría vinculado con la intención de desarrollar proyecto inmobiliario en la zona.
Tras los hechos, ambas instituciones mencionaron estar en pláticas conciliatorias con el objetivo de alcanzar una solución conjunta sobre el predio donde se encontraba instalado el refugio.
Este año, la jefa de gobierno, Clara Brugada hizo un llamado a las dos instituciones a ponerse de acuerdo y anteponer el bienestar de los animales a los intereses privados para resolver el caso de los animales que se encuentran en dicho refugio, mencionando: "el conflicto es por un terreno, entonces hacemos un llamado a las dos asociaciones: que si están ambas asociaciones en defensa del bienestar animal, que antepongan los intereses privados a favor del bienestar animal y que se pongan de acuerdo".
El Refugio Franciscano publicó en sus redes sociales el 7 de enero el posicionamiento dirigido a Brugada, la Secretaría de Medio Ambiente, la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana, la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México y al gremio médico veterinario de la Ciudad de México.
Denunciaron que la madrugada del 11 de diciembre de 2025 se llevó a cabo un desalojo con uso excesivo de la fuerza pública en las instalaciones del refugio, lo que, aseguran, derivó en la sustracción, sufrimiento y posible desaparición de perros y gatos que ahí eran atendidos.
De acuerdo con el pronunciamiento, el operativo se realizó en cumplimiento de una sentencia emitida por la Juez 60 Civil, que ordenó la entrega del inmueble.
En el comunicado señalan directamente a Carmela Rivero y a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P., a quienes responsabilizan por los hechos ocurridos tras el desalojo, así como por presuntas irregularidades durante los días posteriores, en los que, aseguran, el inmueble permaneció cerrado y sin acceso a autoridades ni al personal especializado del refugio durante 28 días donde la fundación se hizo cargo del albergue, además los responsabilizan del deterioro del albergue y de los animales, recalcando su "ambición inmobiliaria".
Por otro lado, la Fundación Haghenbeck también se posicionó al respecto, esclareciendo su prioridad por dar condiciones optimas a los animales rescatados, además de señalar su disposición para colaborar con el Gobierno de la Ciudad de México con el objetivo de garantizar condiciones dignas y atención adecuada para los animales que se encontraban en el sitio.
Indicó que, a 27 días de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el resguardo de los animales en dicho predio, se han llevado a cabo diversas acciones de atención y saneamiento.
También reconocieron el actuar de Clara Brugada, y de su equipo de trabajo, por intervenir de manera decidida ante lo que calificó como un grave caso de maltrato animal que fue expuesto, documentado y denunciado.
Desde el 2022, la Fiscalía General de la Ciudad de México investigaba al refugio por los presunto delitos de maltrato animal o crueldad contra de animales, mencionando que "causan lesiones que ponen en peligro la vida del animal”; además, señalaban deficiencias en alimentación, cuidados y falta de servicios veterinarios".
A la demanda se sumaron la inspección de la Junta de Asistencia Privada, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la que concluyeron que la mayoría de los animales enfrentan problemas de desnutrición , pues comen pan revuelto con croquetas, además encontraron la presencia de ectoparásitos (pulgas, mosquitos y moscas) y fauna nociva (roedores) en el albergue, lo que es preocupante, pues transmiten diversas enfermedades.
Además, comprobaron la ocupación excesiva de los animales, conclusión que coincidió con una inspección que realizó el Instituto de Verificación Administrativa del Gobierno de la CDMX en 2015 y que llevó a la suspensión de actividades.
Este año, el 7 de enero, se realizó un operativo de rescate y resguardo coordinado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la PAOT, más de 200 elementos de la Brigada de Vigilancia Animal, Tránsito y la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
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Debido a denuncias de maltrato animal, el Gobierno de la CDMX y la FGJCDMX desplegaron una intervención una intervención en la que participaron diversas autoridades capitalinas.
Elementos de veterinaria forense de la FGJCDMX realizaron inspecciones en los que se acreditaron afectaciones graves al bienestar animal, como hacinamiento severo, condiciones de insalubridad, omisiones reiteradas en la atención médica, desnutrición, enfermedades crónicas sin tratamiento y un entorno incompatible con condiciones mínimas de bienestar.
Destacaron que de 936 animales, 21 animales fallecieron por causas asociadas a su estado de salud (19 caninos y 2 felinos) y 57 fueron hospitalizados (20 caninos y 37 felinos).
Como conclusión de las indagatorias, se informó que 858 caninos fueron trasladados y resguardados en tres espacios habilitados de manera temporal, bajo supervisión de las autoridades de la Ciudad de México:
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Durante la intervención de las autoridades en el predio del albergue, animalistas expresaron su preocupación por la vida e integridad de los perros y gatos resguardados en el lugar, desatando confrontaciones con elementos policiacos.
Tras cinco días de los hechos, personas a favor del refugio se manifestaron con consignas como "¡Fue despojo, no fue rescate!".
Según personal de la Secretaría de Gobierno local (Secgob) se contabilizaron 250 personas que marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo capitalino, convocados por el mismo Refugio Franciscano.
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