Bajan adeudos fiscales tras pago de Salinas; compromisos de grandes contribuyentes disminuyen 54 mil mdp en 2026
Los compromisos de grandes contribuyentes disminuyeron 54 mil mdp entre enero y marzo; convenio entre el SAT y la empresa brinda certeza jurídica, opina fiscalista
Los adeudos de grandes contribuyentes se redujeron durante los primeros meses del año, cuando Grupo Salinas llevó a cabo el pago más grande en la historia por un caso fiscal.
Los corporativos y transnacionales tenían cuentas pendientes con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 1.1 billones de pesos al finalizar marzo, una disminución de 54 mil millones o 4.5% en comparación con el cierre del año pasado.
Se trata de la baja más pronunciada desde principios de 2023, cuando los adeudos descendieron 77 mil millones de pesos o 12.3%, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda.
Los grandes contribuyentes concentraron 36% del total de adeudos fiscales, cuyo saldo alcanzó un máximo histórico de 3.2 billones de pesos en marzo.
El organismo, que tiene como jefe a Antonio Martínez Dagnino, detalla que los grandes contribuyentes son aquellas empresas que facturan más de mil 800 millones de pesos al año y el padrón asciende a 15 mil 425 activos.
El pasado 29 de enero, el SAT dio a conocer que Grupo Salinas desembolsó, de forma inmediata, 10 mil 400 millones de pesos, de un adeudo total de 32 mil 132 millones, operación que fue calificada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como “el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo”.
El acuerdo contempla que el monto restante sea cubierto mediante 18 pagos mensuales, después de años de controversias y una resolución de la Suprema Corte en noviembre de 2025.
El conglomerado, que encabeza Ricardo Salinas Pliego, dijo estar en desacuerdo con el adeudo, pero los pagos buscan “poner fin a la sistemática campaña en nuestra contra”.
Multas y recargos
En términos generales, cuando un contribuyente alcanza un acuerdo con el SAT se observa una reducción efectiva del adeudo total, no porque desaparezca el crédito principal, sino por la disminución de accesorios como multas y recargos, con fundamento en los artículos 66 y 74 del Código Fiscal de la Federación (CFF), dijo el fiscalista de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), Jesús Ambriz.
“El convenio detiene o controla el crecimiento del adeudo y brinda certeza jurídica”, explicó en entrevista con EL UNIVERSAL.
Por el contrario, cuando no se llega a un arreglo, el crédito fiscal sigue incrementándose conforme a la ley: se actualiza por inflación (artículo 17-A del CFF), genera recargos por mora (artículo 21), puede acumular multas (artículos 70 y 76) y entra en fase de ejecución (artículos 145 a 151), lo que añade gastos y presión patrimonial.
“El sistema fiscal está diseñado para que el contribuyente enfrente dos escenarios: regularizarse con una carga controlada y previsible, o mantener el litigio con un adeudo creciente y mayores riesgos económicos y jurídicos”, indicó.
Entorno alterado
Desde su punto de vista, la modificación al artículo 141 del CFF no determinó el resultado del caso Grupo Salinas, pero sí alteró el entorno jurídico-estratégico en el que se desarrolló.
“Su principal implicación fue elevar el costo de resistir el cobro fiscal, fortaleciendo la posición del Estado y favoreciendo soluciones negociadas. La posterior flexibilización normativa confirma la necesidad de equilibrar la eficacia recaudatoria con el respeto a los derechos fundamentales”, señaló.
Dijo que el deudor puede pagar hasta 36 parcialidades, o excepcionalmente 60, siempre que cumpla con las condiciones establecidas.
“Si no puede pagar o incumple, el beneficio se cancela y la autoridad fiscal puede exigir el total del adeudo, ejecutar garantías y proceder al embargo, conforme al CFF”, explicó.
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“En términos prácticos: el convenio ofrece una salida ordenada, pero su incumplimiento activa de inmediato el máximo nivel de presión recaudatoria del Estado”, advirtió Jesús Ambriz.
Pleitos en tribunales
Del total de créditos fiscales, 63% son adeudos controvertidos que no pueden ser objeto de acciones de cobro debido a que los contribuyentes promovieron medios de defensa, como en su momento fue el caso de Grupo Salinas.
En tanto, 22% son factibles de cobro y 15% se dan por perdidos porque tienen que ver con deudores insolventes, no localizados y en comprobación de incobrabilidad.
A diferencia de gobiernos pasados, en los que había programas de condonación con borrón y cuenta nueva, la gestión de Andrés Manuel López Obrador se caracterizó por recuperar adeudos detectados por impuestos que se pagaron a tiempo, pero no en forma.
Con ese objetivo, impulsó en 2019 la reforma penal fiscal y negoció con las grandes empresas y bancos el pago correcto de manera voluntaria o mediante convenios reparatorios.
En 2020, en plena pandemia, el fisco logró la firma de los primeros 11 convenios y la recuperación de 33 mil millones de pesos de los casos más sonados, por tratarse de corporativos de alto perfil, extranjeras, marcas famosas y con acciones en la Bolsa Mexicana de Valores que, junto con otras acciones, permitió que el monto subiera a 78 mil millones.
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