La aprehensión de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista de Baja California, por supuestamente beneficiarse del delito de huachicol fiscal, a través de su empresa Ingemar, ha desatado diversos debates y acusaciones entre la oposición y el gobierno federal.
Mientras unos acusan al gobierno de emprender “una persecución política” contra opositores, el gobierno asegura que Ernesto Ruffo era “el dirigente de una organización criminal” que contrabandeaba litros de combustible declarando menos cantidad.
Para entender mejor este asunto, le presentamos algunas claves de cómo se desarrolló este conflicto que, lejos de discutirse como un asunto de seguridad y fiscalización en los más altos niveles del gobierno federal, ha llevado a crispar las relaciones políticas en México.

La trama de huachicol fiscal que hunde a México comenzó en marzo de 2025, cuando autoridades federales decomisaron el buque Challenge Procyon en la aduana de Tampico, Tamaulipas, con la incautación de 10 millones de litros de diésel.
Lee también Ruffo, “líder de una organización criminal”: FGR; lo acusan de recibir 18 mdp por huachicol
Este golpe a la corrupción en las aduanas mexicanas reveló una red de empresas y funcionarios del más alto nivel que permitían y se beneficiaban de declaraciones falsas de aditivos y combustible: diciendo que era menos o era otro producto, introducían combustible de manera ilegal para venderlo en México, sin pagar el costo real de entrar al mercado nacional.
Para julio de 2025, se dio el segundo mega decomiso de combustible sin declarar en Coahuila, cuando autoridades federales aseguraron 129 carros tanque en los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo, los cuales contenían más de 15 millones de litros de diésel y gasolina introducida a México de manera ilegal.
El destape de esta red criminal no solo llevó a señalar a altos mandos de la Secretaría de Marina (Semar), a cargo de las aduanas del país desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino a una red de más de 100 empresas relacionadas con el delito de contrabando de combustible.
Una de las empresas señaladas, para julio de 2025, fue Ingemar, fundada por el exgobernador panista de Baja California Ernesto Ruffo Appel. En ese momento, Ruffo —quien además había sido en varias ocasiones legislador por el PAN— se encontraba ya retirado de cargos políticos.
Desde junio de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) comenzó a armar los expedientes que pudieran llevar a la aprehensión de más de 200 personas, entre funcionarios, empresarios y agentes aduanales, presuntamente involucradas en esta trama delincuencial.
En julio, después del mega decomiso en Coahuila, más empresas salieron a la luz: la empresa Ingemar mintió en sus bitácoras para ingresar gasolina a México procedente de Estados Unidos, según documentos de inteligencia a los que EL UNIVERSAL tuvo acceso.
El 1 de agosto, la FGR y fiscalías locales comenzaron a solicitar las órdenes de aprehensión contra estas 200 personas involucradas. Entre ellas, Ernesto Ruffo Appel y 24 personas más dentro de su empresa, Ingemar.
El domingo 7 de septiembre, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas al contrabando de combustible luego del mega decomiso de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico.
En conferencia de prensa, el funcionario federal confirmó la captura de tres empresarios, cinco marinos en activo y uno en retiro, además de cinco exfuncionarios de aduanas.
Según las investigaciones a las que tuvo acceso EL UNIVERSAL, autoridades federales encontraron a la empresa de Ruffo, Ingemar, como la responsable de huachicolear más de 9 millones de litros de hidrocarburos en los últimos meses de ese año.
Las indagatorias también revelaron el modus operandi de Ingemar: a su ingreso por las aduanas reportaba que los carrotanques trasladaban desperdicios de combustible o aceite quemado de baja calidad, aunque en realidad era gasolina ilegal procedente de Estados Unidos.
Lee también ¿En el huachicol fiscal habrá limpieza a fondo?
En entrevista con este diario, en agosto de 2025, Ruffo Appel explicó que el combustible que llevaban los carrotanques decomisados en Coahuila no pertenecía a Ingemar:
“Nosotros importamos combustible, y probablemente una parte de lo que importamos venía transportado en ese ferrocarril, pero para nada el volumen que recientemente hemos gestionado da con el volumen que trae ese tren”, dijo.
Ruffo Appel señaló que Ingemar es una empresa que se dedica a la compraventa de combustible, cuya única función es ser intermediaria, por lo que después de hacer una importación y cruzar la aduana, el combustible deja de ser de ellos.
La FGR solicitó la orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo el 22 de junio de 2026, ante el juez de carrera judicial Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. Pero la negó al considerar que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) no fundamentó los delitos imputados.
Luego, el 13 de julio de 2026, la FGR presentó de nuevo la solicitud de captura, esta vez ante Alejandra Ramírez de la Vega, jueza de elección popular adscrita al mismo centro judicial en Almoloya de Juárez, quien la concedió.
A Ernesto Ruffo lo detuvieron el pasado jueves 16 de julio de 2026, en Ensenada, Baja California. La FGR ejecutó la orden de aprehensión acusándolo de los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.
Lee también ¿De qué acusan a Ruffo Appel?; está relacionado con megadecomiso de combustible en 2025
En la acusación, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, se explica que Ingemar declaraba volúmenes aproximados de 10 mil litros de combustible, cuando, en realidad, cada carrotanque contenía más de 100 mil litros de hidrocarburo, en por lo menos 163 vehículos.
De acuerdo con el expediente, Ruffo Appel, de 74 años, desempeñaba la función de operador estratégico en el nivel corporativo de la organización criminal, actuando como facilitador estructural y legitimador institucional.
La detención de Ruffo Appel se dio en medio de los señalamientos a la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, por pactar la entrega de información confidencial en materia de seguridad a agentes extranjeros, específicamente estadounidenses, con el fin de recuperar su visa americana.
Audios revelados por el periodista Héctor de Mauleón y corroborados como verdaderos por la propia gobernadora, dan muestra de estas negociaciones, por las que la oposición la señaló por “traición a la patria”, misma premisa que Morena y el gobierno federal estaban acusando a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, por el caso de agentes de la CIA muertos durante un operativo.
apr
sin interrupciones.
sin límites.