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A dos meses de la caída de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el gobierno de Venezuela ha realizado cambios por la presión del gobierno de Donald Trump, entre los que se encuentran la apertura petrolera, con la Ley de Hidrocarburos, y la de Amnistía. No obstante, a Trump “no le importa la democracia”. Tras la detención de Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como mandataria encargada.
En una muestra de los cambios realizados desde la captura de Maduro, Trump destacó en su discurso sobre el estado de la Unión que “hemos recibido más de 80 millones de barriles de petróleo” de los que calificó como “nuestros nuevos amigos de Venezuela”.
La internacionalista Giovanna De Michele declaró a CNN que en el operativo de la captura de Maduro y Flores “vimos un ataque quirúrgico para extraer a quien ejercía funciones de presidente de la República, y acto seguido vimos al gobierno de Estados Unidos atribuyéndose directamente la acción”. De Michele añadió a ese medio que “todo parece indicar que la presidencia de Delcy Rodríguez está amarrada a su disposición a cumplir con las aspiraciones que provienen desde Washington”.
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“Están entregando mucho más de lo que yo pensaba que podían entregar en tan corto tiempo”, remarcó Colette Capriles, sicóloga social de la Universidad Simón Bolívar de Caracas al medio The New York Times, citando tanto el cambio radical de las políticas petroleras nacionalistas como lo que denominó “gestos serios de apertura del espacio político y público”.
Entre los cambios realizados, el Departamento del Tesoro oficializó la semana pasada una ley que permite rebajar las restricciones a las petroleras estadounidenses que operen en Venezuela y otorgan permiso de exportar el crudo bajo estrictas condiciones de control y reporte. Los avances sobre la extracción y venta del petróleo han avanzado con reglamentos y leyes concretas.
De Michele señaló a CNN que la figura actual es “un tutelaje impuesto por Estados Unidos y aceptado voluntariamente por Venezuela”. Agregó que incluso la reapertura del sector hidrocarburos está “absolutamente vinculada con la acción de Estados Unidos y con la salida de Nicolás Maduro”.
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Juan Barreto, exalcalde de Caracas que rompió con Maduro por el creciente autoritarismo del gobierno, ha declarado que “el país está con una pistola en la cabeza. Las decisiones que se están tomando están bajo esta presión”.
El mandatario ha declarado que la presidenta encargada del país sudamericano “está haciendo un gran trabajo”.
Rodríguez ha declarado que está decidida a convertir Venezuela en un gran productor de crudo a la altura de Estados Unidos o Arabia Saudita, y a su vez defendió, en una entrevista con NBC, que la nueva Ley de Hidrocarburos no es tanto un paso hacia la desnacionalización del sector petrolero, sino una manera de distribuir mejor los dividendos entre la población. Venezuela y Estados Unidos también han dado pasos en restablecer su relación diplomática: la embajadora Laura Dogu, encargada de negocios estadounidense, llegó a Caracas el pasado 31 de enero. También, en febrero, el jefe del Comando Sur visitó suelo venezolano y dijo que se alista para “regresar pronto a Venezuela”.
Añadió que el objetivo es “impulsar el plan de tres fases” del presidente Trump, que consiste en las etapas de “estabilización, recuperación y transición”.
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El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, detalló en el Senado los planes del gobierno Trump en Venezuela y aseguró que “la transición no será rápida ni fácil, puesto que los procesos democratizadores son complejos”.
No obstante, para expertos, “a Trump no le importa la democracia”. En enero, el politólogo estadounidense Steven Levitsky, reconocido experto en América Latina y autoritarismos, dijo en entrevista con La Nación que “se abrió una oportunidad para un cambio serio de régimen, pero hasta ahora se habló mucho... mucho humo, algo de fuego, pero muy poco cambió”. Añadió que “Trump ha demostrado inclusive en su propio país que no le importa nada la democracia”.
Una norma muy pequeña
También con Delcy Rodríguez se ha impulsado una Ley de Amnistía, que contempla el sobreseimiento de causas penales de cientos de presos políticos.
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Pero no es automática. Exige a quienes quieran optar por el beneficio acudir a tribunales para hacer una revisión de cada caso y dictar el sobreseimiento de la causa o la anulación de la sentencia.
Los expertos de Naciones Unidas han subrayado que el proceso debe aplicarse a todas las víctimas de enjuiciamiento ilegal e integrarse en un proceso integral de justicia transicional ajustado a las normas internacionales.
“Las víctimas y la sociedad civil deben poder ejercer la supervisión efectiva del proceso de amnistía para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales y evitar cualquier instrumentalización o aplicación indebida de la ley”, afirmaron los expertos, añadió en un comunicado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
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Tras su aprobación, organizaciones de derechos humanos recibieron con desconfianza la norma. “La amnistía es un instrumento muy pequeño, con muchas restricciones” y no se podrá alcanzar la reconciliación y la reunificación del país “sin que como condición previa se liberen todos los presos políticos”, dijo Alfredo Romero, presidente del Foro Penal.
Los activistas también consideraron además un despropósito que sean “los mismos jueces y fiscales que han acusado a personas injustamente, arbitrariamente” los encargados de “interpretar la ley para otorgar beneficios”, en lugar de designar “jueces ad hoc” para ese fin. “Los tribunales que nos judicializaron arbitrariamente siguen siendo nuestros verdugos”, denunció Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, en libertad condicional desde julio de 2025. El gobierno venezolano ha afirmado que ha liberado a al menos 223 detenidos por criterios políticos, tras la promulgación de la legislación; sin embargo, Foro Penal ha verificado la salida de 91.
Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), los dos últimos periodistas que quedaban detenidos fueron excarcelados este jueves, aunque uno de ellos, Jonathan Carrillo, preso desde julio de 2022, salió con medidas cautelares. Ahora “no hay ningún periodista ni trabajador de la prensa detenido”, dijo a EFE el secretario general del SNTP, Marco Ruiz.
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En un caso destacado, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano aliado de la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, fue liberado y luego detenido y luego liberado plenamente.
También otro cambio reciente fue la renuncia del fiscal Tarek William Saab, pero luego nombrado defensor del pueblo, lo que fue criticado por Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, quien dijo: “Tarek William Saab desempeñó un papel destacado en la persecución sistemática de críticos y opositores en Venezuela. Su renuncia como fiscal general es prometedora, pero su designación como defensor del pueblo es una bofetada a las víctimas”.
Benigno Alarcón, analista político, ha advertido, recordó el Times, que para que se inicie una verdadera transición democrática, “tiene que ocurrir efectivamente un cambio de la coalición que gobierna… y tiene que existir un cambio de régimen”.
“Las transiciones no son eventos”, dijo Alarcón. “Son procesos y son procesos que normalmente son conflictivos. Las transiciones reales suelen ser largas”. Con información de agencias y La Nación. GDA
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