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Miami. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) sostuvieron reuniones con autoridades judiciales de México encaminadas a acabar con la impunidad ante la violencia contra periodistas y delitos que amenazan la libertad de expresión.
La SIP, con sede en Miami, subrayó en un comunicado que la idea busca también la formación de jueces en materia de libertad de expresión en toda América Latina.
La delegación estuvo integrada por el director ejecutivo de la SIP, Carlos Lauría, y José Zamora, director regional para las Américas del CPJ, entre otros directivos de prensa.
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La SIP analizó con Mariana Díaz, fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, y con Ruth Zenteno López, nueva titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle), la persistencia de crímenes contra periodistas y la impunidad en la mayoría de estos casos.
Las partes coincidieron en la conveniencia de explorar la creación de un grupo de trabajo conjunto que permita intercambiar información, fortalecer la cooperación institucional y contribuir a que avance un mayor número de casos.
"Tanto el diálogo con la Corte como con la Fiscalía abre oportunidades concretas para avanzar en la lucha contra la impunidad y fortalecer la protección de la libertad de prensa en México, a través de mayor cooperación institucional", afirmó Roberto Rock, expresidente de la SIP.
La SIP, una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas, está conformada por más de mil 300 medios en la región.
Durante la reunión, la delegación de la SIP destacó la "importancia estratégica de fortalecer la formación de jueces en materia de libertad de expresión en toda América Latina, y planteó la posibilidad de establecer un acuerdo de colaboración orientado a sensibilizar a operadores judiciales en estándares interamericanos", señala el comunicado.
La SIP expresó su mostró dispuesta a aportar su experiencia en el monitoreo de la libertad de prensa en la región y acercando a los jueces a los desafíos concretos que enfrentan periodistas y medios.
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