El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre incentivos a la inversión, en el marco del llamado Plan México, es de lo mejor que hemos visto en meses en materia económica. La simplificación de trámites, la creación de una ventanilla única digital para inversiones orientada a proyectos de comercio exterior y relocalización y la homologación de procesos entre dependencias federales forman parte del paquete presentado en el Museo de Antropología. A ello se suma la incorporación del principio de afirmativa ficta. Si la autoridad no responde la solicitud de un permiso en un plazo máximo de 90 días, el trámite se da por aprobado. En un país donde los tiempos regulatorios han sido históricamente un obstáculo estructural para invertir, este giro no es menor. Implica trasladar el costo de la ineficiencia burocrática del inversionista al Estado.
El anuncio llega justo después de que se confirmara que la economía está estancada. Según el INEGI, el crecimiento en el primer trimestre de 2026 fue de apenas 0.2% trimestral y cerca de 1.1% anual. En ese contexto, atraer inversión no es una opción, es una necesidad.
Sobre el papel, el paquete es difícil de criticar. Es técnico, es pragmático y, sobre todo, es necesario. El problema es que llega acompañado de un mensaje contradictorio que pesa más que cualquier incentivo administrativo.
México ya vivió algo parecido. Cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador decidió cancelar el NAIM en Texcoco, asumió que la decisión política bastaría para redirigir la realidad económica. Apostó a que el AIFA se convertiría, por decreto, en el nuevo hub aéreo del país. No ocurrió. La lógica de mercado no se doblega fácilmente ante la voluntad política. Hoy, de cara al Mundial, el propio gobierno se ve obligado a invertir contrarreloj en el AICM dado el fracaso del AIFA.
Y es que es más que evidente que la voluntad política se topa con pared cuando se socavan las condiciones básicas de confianza. Y aquí es donde el esfuerzo de Sheinbaum tropieza con su propio contexto. La reforma judicial, con la elección de jueces, magistrados y ministros bajo un esquema que privilegia la cercanía política sobre la experiencia técnica, deja de concebir al Poder Judicial como contrapeso y lo inserta a la lógica del poder.
Para un inversionista el punto de partida no es la velocidad de un permiso, sino la certeza de que, en caso de conflicto, habrá un árbitro independiente y competente. Sin eso, todo lo demás es accesorio.
La paradoja es evidente. Por un lado, se construye un andamiaje administrativo más eficiente; por el otro, se debilita el pilar que sostiene cualquier decisión de inversión de largo plazo, el Estado de derecho.
Por eso, aunque las medidas anunciadas merecen reconocimiento, es difícil imaginar que logren detonar el potencial de inversión que México necesita mientras persista la percepción de que el terreno jurídico ha dejado de ser un contrapeso para convertirse en una herramienta del poder.
Si no se corrige el rumbo, si la presidenta Claudia Sheinbaum insiste en un modelo que somete al Poder Judicial a la lógica de las urnas y no a la de la ley, cualquier esfuerzo por detonar la inversión quedará incompleto. Ninguna ventanilla única compensa la ausencia de un árbitro independiente. Ningún plan, por ambicioso que sea, sustituye la certeza jurídica. Ojalá la Presidenta enmiende el camino y no cometa el mismo error que su antecesor de empecinarse en una aberración.
@AnaPOrdorica