La muerte de dos agentes de la CIA en territorio nacional sin que se tuviera conocimiento de su presencia, revela que las agencias de seguridad extranjeras operan bajo la premisa de que pedir permiso a las autoridades mexicanas equivale a filtrar información a los cárteles y que las invocaciones a la soberanía nacional son un fetiche para encubrir la complicidad gubernamental.
El partido hegemónico de México opera desde un espejismo de invulnerabilidad que replica la decadencia de otros totalitarismos. Como ocurrió con el poder soviético, el colapso se gesta detrás de la peligrosa ilusión de inmunidad alimentada por la ausencia de oposición y el ejercicio del control punitivo.
Una fuerza política que concentra el poder de la narcocorrupción, como lo hace Morena, suele confundir el blindaje institucional con la verdadera fortaleza. Asume erróneamente que la ausencia de oposición eficiente equivale a un proyecto de gobierno, e ignora que el silencio de la sociedad es, en realidad, el síntoma de una necrosis irreversible.
La historia advierte el alto costo que puede tener la descomposición interna. La ejecución de Enrique Camarena en 1985 y el trágico caso de Manuel Buendía evidenciaron la complicidad de gran parte de la Dirección Federal de Seguridad con el narcotráfico. Aquella revelación, aunada a la falta de respuesta del Estado frente al sismo de 1985, acompañaron la larga agonía del régimen priista. Hoy, la enfermedad del poder se manifiesta en la corrupción desbordante que invade a la administración pública e involucra a no pocos funcionarios, banqueros, empresarios y líderes sindicales.
El país atestigua el desfalco multimillonario en Segalmex, la incontrolable presencia del huachicol, el despilfarro en megaobras inservibles, sin respuesta alguna ante los excesos de la actual administración. Mientras tanto, la falsa austeridad republicana promueve la destrucción de instituciones vitales para la población, como el Fonden, el INE o el Seguro Popular, para concentrar el presupuesto en el activismo y la operación preelectoral.
En este marco de fragilidad institucional, las acusaciones en Estados Unidos contra diez funcionarios mexicanos evidencian que la captura criminal de una parte del aparato gubernamental ha dejado de ser un accidente para convertirse en un método central de gobernanza. El expediente de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa describe una narcoarquitectura en la que candidaturas, fiscalías, policías locales y estructuras electorales articulan los intereses criminales bajo el eje rector impunidad-inmunidad.
Jesús Reyes Heroles comprendió en 1977 que la hegemonía y el poder absoluto terminan por asfixiarse bajo sus propios excesos; por eso impulsó arduamente una reforma que abrió las válvulas de la representación antes de que la presión social dinamitara el edificio institucional. El viejo régimen tuvo la lucidez para sacrificar a sus cuadros podridos cuando ponían en peligro la estabilidad del aparato estatal. Morena, en cambio, defiende a muerte a sus impresentables sin conservar la prudencia reformista y sancionadora de sus predecesores.
Si el antiguo PRI administraba la pobreza como capital político bajo el disfraz de justicia social, Morena radicaliza el modelo y convierte el asistencialismo en lealtad electoral cuantificable, mientras prescinde del debido proceso para devorar los recursos de la nación con la voracidad de quien se siente moralmente superior a cualquier norma.
Proteger el relato oficial hasta que ya no sea posible encubrir la ruina, acelera la decadencia y anticipa la muerte política de la hegemonía de Morena. El cierre de filas al interior del partido y la defensa del relato ideológico por encima de la integridad de la República demuestran una incapacidad absoluta para la autocrítica.
Cuando un régimen y su partido prefieren salvar la imagen de sus representantes y funcionarios, antes que rescatar al país y a la sociedad, no dudará en liquidar el futuro de la nación.
Notario, exprocurador General de la República