La extorsión y el desinterés llegaron antes que la justicia, pues la Fiscalía decidió no buscar a Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, perdiendo horas críticas entre excusas y exigencias de sobornos para revisar cámaras. Ante este abandono estatal, la familia de la joven tuvo que asumir el rol de investigadores de campo y peritos, logrando lo que la autoridad se negó a hacer: Localizar el mototaxi y mapear las evidencias; fue la estrategia y la toma de Avenida Revolución por parte de los familiares lo que finalmente forzó la entrada al edificio, sin embargo, llegó tarde por culpa de la burocracia; para entonces, Edith ya había sido hallada sin vida dentro de una bolsa en el sótano.
El caso de Edith no es la excepción, es la regla. En marzo, la familia de Berenice Ocampo Ramírez protestaba que después de tres años de su desaparición la investigación seguía paralizada. En enero los familiares de Mitzy Nahomi Hernández Barrera tomaron Avenida Tláhuac ante la inacción de la Fiscalía. En marzo de 2025 la familia de Alison Rodríguez Domínguez, de 15 años, bloqueó Calzada Ermita porque la FGJCDMX se negaba a entregar las imágenes del C5. En septiembre del mismo año, las familias de Nicol y Eder bloquearon la calle frente al “Búnker” exigiendo que se activaran diligencias básicas y en octubre la familia de Kimberly Hilary Moya González sostuvo un plantón de 16 horas sobre Periférico Norte.
Resulta un insulto que el motor de la justicia solo se encienda cuando las avenidas se cierran; obligar a las familias a paralizar una ciudad para ser escuchadas no es una falla del sistema, sino una decisión institucional calculada: la de no actuar mientras el silencio de las víctimas les resulte cómodo.
No se puede culpar a los procesos de lo que es, en el fondo, una falta de compromiso; todo servidor público con la determinación de honrar su placa sabe que la ley ofrece vías rápidas para actuar; que una orden de cateo o una coordinación interinstitucional se logran en horas cuando hay un servidor diligente al frente. La supuesta parálisis burocrática es solo la máscara de la inacción, pues cuando existe el hambre de justicia, las herramientas para responder de inmediato están ahí.
La reforma judicial se vendió como la panacea contra la impunidad, una estrategia política centrada en desmantelar el Poder Judicial bajo la promesa de limpiar la corrupción. Sin embargo, ese diagnóstico ignora que el verdadero cáncer de la justicia en México tiene un origen previo y más profundo: las Fiscalías. Es una crisis sistémica que trasciende nombres y sexenios porque los vicios de los Ministerios Públicos siguen intactos. Ahí, donde las carpetas no se integran, la evidencia se extravía y se cobra por “moverse” es donde la justicia muere antes de nacer. Ningún juez, por probo que sea, puede condenar a un criminal cuyo caso nunca fue integrado correctamente.
Mientras tanto, Citlalli Hernández, quien hasta el 16 de abril ocupó la Secretaría de las Mujeres, no renunció por Edith, por Alison, por Mitzy, por Kimberly o por Berenice. Renunció para coordinar las alianzas electorales de Morena rumbo a 2027. Mientras la Secretaría creada para atender a las mujeres quedaba acéfala, una familia enterraba a su hija de 21 años.
Está claro que para Citlalli, por encima de las víctimas, está el calendario electoral. ¿De qué sirve el discurso de género de la Presidenta si la titular de la Secretaría creada para proteger a la mujer abandona el cargo en poco más de un año para hacer campaña? La muerte de Edith no interrumpió ninguna agenda; las elecciones, en cambio, no podían esperar.
En México son las familias quienes aprenden a investigar; las madres se convierten en detectives, en gestoras de evidencia, en negociadoras, en estrategas de presión mediática. El Estado transfirió su responsabilidad a las víctimas, quienes a base de crisis y dolor tienen que inventar resiliencia, protocolos, trabajos, respuestas y consuelo.
Un gobierno que presume agenda de género y se ufana de tener una mujer Presidenta mientras las fiscalías actúan sólo bajo presión, que maneja el timing para extorsionar a las víctimas hasta que sus cuerpos aparecen en sótanos y descampados, es un gobierno que miente y manipula.
Edith y muchas mujeres más ya no pueden exigir nada, nosotros sí podemos.
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