La presidenta Claudia Sheinbaum ha pasado buena parte de sus primeros meses de gobierno sentada con empresarios. Ha tenido reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios, el llamado Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, grupos de banqueros, inversionistas estadounidenses, CEOs mexicanos y fondos internacionales. Ha encabezado mesas de trabajo, comidas privadas, encuentros en Palacio Nacional y foros para promover el Plan México. El problema es que, mientras las fotografías y los anuncios se multiplican, la inversión y la economía siguen cayendo.
En el primer trimestre de 2026 la economía mexicana retrocedió 0.8% y confirmó el freno que desde hace meses venían advirtiendo organismos financieros, bancos y calificadoras. A eso se sumó otro golpe todavía más delicado para el discurso oficial. La inversión física del sector público federal cayó 15.6% real anual en el mismo periodo, según datos de Hacienda. El gasto pasó de 212 mil 670 millones de pesos a 179 mil 554 millones. Más grave aún fue el desplome de la inversión física directa, la cual se hundió más de 40%.
El contraste es brutal porque prácticamente no ha habido semana sin una reunión empresarial en Palacio Nacional o sin anuncios sobre nuevas estrategias para detonar inversiones. Desde antes de asumir el cargo, Sheinbaum adelantó que el nearshoring sería uno de los pilares económicos de su administración y colocó a Altagracia Gómez como enlace con el sector privado. Luego vino la creación del Consejo Asesor Empresarial, integrado por algunos de los hombres y mujeres más ricos del país, bajo la promesa de aterrizar proyectos industriales, energéticos y de infraestructura.
En octubre de 2024 encabezó el CEO Dialogue con empresarios mexicanos y estadounidenses. Ahí ofreció certidumbre jurídica, respeto a las inversiones y estabilidad macroeconómica. En noviembre presentó formalmente su consejo de relocalización industrial. En enero lanzó el Plan México rodeada de empresarios y gobernadores. Después vinieron reuniones con Carlos Slim, Francisco Cervantes, el CMN, banqueros y fondos de inversión. También hubo encuentros específicos con empresas automotrices, energéticas y tecnológicas interesadas en instalar operaciones en México.
En casi todos esos encuentros se habló de cifras multimillonarias. Proyectos por 30 mil, 40 mil o hasta 100 mil millones de dólares. Compromisos para impulsar cadenas productivas, infraestructura, manufactura avanzada y contenido nacional. El problema es que gran parte de esas inversiones siguen atrapadas entre anuncios, permisos pendientes, incertidumbre regulatoria y dudas sobre el rumbo económico del país.
En el sector privado reconocen que existe disposición política para dialogar con la Presidenta y que el trato es muy distinto al que prevalecía con Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum escucha, recibe empresarios, busca acuerdos y evita las confrontaciones públicas. Pero también admiten que todavía no existe una señal contundente de confianza que permita destrabar inversiones de gran escala.
Las razones son varias. La primera tiene que ver con el deterioro económico. El dato negativo del PIB del primer trimestre terminó por encender alertas en sectores productivos que ya venían resentidos por la desaceleración de Estados Unidos, la caída del consumo y la menor inversión pública. La segunda está relacionada con la incertidumbre jurídica y regulatoria. Aunque el tono político cambió con respecto al sexenio anterior, muchas empresas siguen sin claridad sobre temas fiscales, energéticos y judiciales.
Ahí aparece otro problema que preocupa particularmente a inversionistas extranjeros. La reforma judicial y la elección de jueces siguen generando dudas sobre la independencia del Poder Judicial y la capacidad del sistema para garantizar certidumbre en disputas comerciales. A eso se agregan las tensiones crecientes con Estados Unidos por temas de seguridad, narcotráfico y la renovación del T-MEC.
Los empresarios también observan con preocupación el deterioro de las finanzas públicas. El gobierno necesita inversión privada, pero al mismo tiempo mantiene presiones presupuestales cada vez más fuertes. Pemex sigue representando un riesgo financiero estructural. La recaudación fiscal enfrenta señales de agotamiento y buena parte del gasto público continúa concentrado en programas sociales y subsidios.
Por eso el Plan México, pese a toda la narrativa oficial, no termina de convencer a los inversionistas. El gobierno anunció recientemente una ventanilla única para acelerar inversiones, permisos exprés y una oficina presidencial especializada para proyectos estratégicos. Pero la realidad es que ninguna oficina puede sustituir las condiciones básicas que buscan los inversionistas: crecimiento económico, seguridad jurídica, estabilidad política y reglas claras.
La encuesta de Banxico mostró que apenas 2% de los especialistas considera que es un buen momento para invertir en México. El resto se divide entre quienes creen que es mal momento y quienes simplemente no tienen certeza.
Eso explica por qué los anuncios siguen sin convertirse en inversión productiva real. Las empresas escuchan al gobierno, acuden a Palacio Nacional, participan en los consejos y respaldan públicamente el discurso oficial. Pero al momento de abrir la cartera prevalece la cautela.
La Presidenta necesita que el dinero privado llegue rápido para compensar el debilitamiento del gasto público y evitar que la desaceleración económica se convierta en una recesión más profunda. Pero el gobierno no está enviando las señales correctas para que esto suceda.
Posdata 1
El arresto en Chicago de Vladimir Sklarov, el prestamista acusado de haber defraudado a Ricardo Salinas Pliego por al menos 450 millones de dólares, se convirtió en uno de los casos más delicados y reveladores para empresarios y políticos mexicanos con intereses internacionales. La acusación presentada en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York confirma el tamaño del fraude y el sofisticado entramado de identidades falsas, empresas de papel y operaciones internacionales que durante años logró pasar inadvertido para inversionistas.
De acuerdo con la acusación federal y la investigación retomada por The Wall Street Journal, Sklarov utilizó nombres como Gregory Mitchell, Mark Simon Bentley y Thomas Astor Mellon para ofrecer préstamos multimillonarios respaldados supuestamente por fortunas históricas estadounidenses como la familia Astor. Bajo esa narrativa logró acercarse a Ricardo Salinas Pliego y estructurar un préstamo respaldado con acciones valuadas en unos 450 millones de dólares. Dichas acciones terminaron siendo liquidadas y el dinero dispersado entre cuentas vinculadas al propio Sklarov y sus colaboradores.
El expediente también exhibe algo más profundo. La investigación involucró a autoridades de Estados Unidos, Reino Unido, Grecia y Mónaco, además de unidades especializadas en lavado de dinero y fraude financiero internacional. Es decir, las agencias occidentales ya operan bajo esquemas permanentes de intercambio de inteligencia financiera y monitoreo bancario global. Eso debería incomodar en ciertos círculos empresariales y políticos mexicanos donde hay casos abiertos fuera del país.
Por ejemplo, se asegura que los bancos con operaciones internacionales ya activaron reportes relacionados con familiares del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dentro de sus esquemas globales de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. El problema es que en México existe temor dentro de algunas instituciones financieras para escalar ciertos reportes ante la UIF por las presiones políticas que provienen del oficialismo.
El caso Sklarov demuestra que las investigaciones financieras de alto perfil dejaron de depender exclusivamente de la voluntad política de los gobiernos locales. Cuando las alertas llegan a cortes federales estadounidenses o a unidades europeas antilavado, los expedientes adquieren otra velocidad y otra dimensión. Por eso en varios despachos corporativos, bancos y oficinas gubernamentales mexicanas hay nerviosismo. Porque el mensaje que envió esta semana el Distrito Sur de Nueva York —donde está depositado el expresidente contra Rocha Moya y nueve de sus presuntos cómplices— es que las redes financieras internacionales ya están siendo rastreadas de manera coordinada y los siguientes nombres podrían no tardar demasiado en aparecer.
Posdata 2
Y en medio de la desaceleración económica, la caída de la inversión y la presión creciente para elevar la recaudación fiscal, el gobierno federal decidió que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dejará de ser un organismo no sectorizado y pasará al control de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que encabeza Raquel Buenrostro. Es decir que perderá la independencia con la que operó desde su creación en 2006 y quedará subordinada a la estructura del gobierno federal.
Aunque oficialmente se asegura que la Procuraduría conservará personalidad jurídica y autonomía técnica, la lectura en el sector es distinta. La principal preocupación es que el único organismo creado para defender a los contribuyentes frente al SAT quede ahora bajo control político y administrativo del mismo gobierno que busca maximizar la recaudación.
La Prodecon ya venía debilitada desde el sexenio pasado. Pasó varios años sin titular formal, perdió presupuesto y dejó de tener el protagonismo que alcanzó en sus primeros años bajo la gestión de Diana Bernal. López Obrador llegó a plantear públicamente su fusión con la Condusef y acusó al organismo de servir para facilitar estrategias de evasión fiscal. Ahora, con Claudia Sheinbaum, el gobierno retomó el rediseño institucional bajo el argumento de simplificar estructuras y fortalecer el Plan México.
Esta misma semana, organismos empresariales volvieron a advertir sobre auditorías agresivas, litigios prolongados y menor certeza jurídica para invertir en México.
Posdata 3
Luego de varios días de rumores sobre una posible solicitud de licencia para separarse del cargo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, apareció este martes arropada por alcaldes, legisladores locales y federales de Morena y sus aliados. La reunión, organizada en Tijuana, tuvo como mensaje de fondo cerrar filas, contener versiones sobre una eventual crisis interna y proyectar estabilidad en uno de los estados más importantes del norte del país, el cual tendrá elecciones totales en 2027.
El encuentro ocurrió en medio de la confrontación política y judicial que mantiene con su antecesor, Jaime Bonilla. El exgobernador fue vinculado a proceso por el caso Next Energy, el contrato para una planta fotovoltaica que comprometía recursos públicos de Baja California por décadas y que derivó en acusaciones de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones. Bonilla sostiene que el proceso tiene motivaciones políticas y ha acusado directamente a Marina del Pilar de operar una persecución en su contra. La gobernadora, por su parte, asegura que se trata de defender el patrimonio estatal y recuperar recursos públicos.
Pero el conflicto ya rebasó el expediente judicial. Desde hace meses ambos grupos políticos mantienen una disputa abierta por el control de Morena en Baja California y por la sucesión adelantada de 2027. En ese contexto aparecieron también las denuncias y filtraciones contra el entorno cercano de Marina del Pilar y su exesposo, Carlos Torres. Las versiones políticas en el estado apuntan a que esas ofensivas forman parte de la guerra interna entre corrientes morenistas y grupos desplazados tras la salida de Bonilla del gobierno estatal.
Por eso la imagen de unidad de este martes no fue casual. Morena sabe que Baja California es un estado estratégico por su frontera con Estados Unidos, su peso económico y los temas de seguridad, migración e inversión.
Posdata 4
En Oaxaca ya comenzó la operación política rumbo al 2027. El gobernador Salomón Jara envió una señal sobre la posible alianza con el Partido Verde, mientras que el PT permanece en duda por las fracturas acumuladas en los últimos meses. El mandatario confirmó públicamente su acercamiento con el diputado Raúl Bolaños Cacho Cué, nuevo delegado electoral del PVEM en el estado, en medio de una disputa interna que dejó tocada la relación entre Morena y los petistas tras la consulta de revocación de mandato impulsada este año.
El gobierno estatal busca apuntalar resultados para llegar fortalecido a la segunda mitad del sexenio. Esta semana se relanzó el BinniBus, el sistema de transporte metropolitano que moviliza diariamente a más de 52 mil personas en 35 rutas que conectan 143 colonias de 32 municipios con una flotilla de 275 unidades, incluidas eléctricas y de doble piso. El proyecto, que arrancó en septiembre de 2025, entrará en una nueva etapa el próximo 1 de junio con la implementación del pago electrónico mediante tarjeta.
Después del desgaste político provocado por la consulta de revocación, el gobierno de Jara aceleró inversiones en seguridad, infraestructura y proyectos ligados al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hubo una reorganización en áreas estratégicas y un reforzamiento presupuestal para seguridad pública y procuración de justicia, mientras que en Salina Cruz y la zona del Istmo avanzan proyectos logísticos, ferroviarios y energéticos que buscan convertir a Oaxaca en uno de los polos de desarrollo prioritarios del sur del país.
@MarioMal