La licencia de Rubén Rocha Moya era inminente. El fin de semana dejó de ser gobernador en funciones y difícilmente volverá a serlo. Es el inicio de una ruta obligada para contener un caso que, si no se procesa con rapidez en México, terminará siendo finiquitado por Estados Unidos. La lógica de la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido investigar a fondo y, eventualmente, judicializar el caso, pese a que la Fiscalía General de la República asegura que hasta el momento no hay pruebas “contundentes” e “irrefutables”.
Fuentes de agencias estadounidenses confirman que en el Departamento de Justicia existen expedientes abiertos contra al menos cuatro gobernadores y exgobernadores de Morena con líneas de investigación similares, cuyas carpetas llevan meses alimentándose. Se trata de cruces de información financiera, testimonios y seguimiento de operaciones vinculadas al narcotráfico. El caso de Sinaloa es apenas la primera pieza de una explosiva caja de pandora.
La renuncia de Rocha Moya la pidió la Presidenta. El gobierno federal necesitaba sacarlo de la escena para evitar que el costo político se siguiera acumulando en Morena y en el gobierno de Sheinbaum. La apuesta es ganar tiempo y mandar la señal de que el asunto se atenderá en México. Sin embargo, el margen para controlar el daño es cada vez menor. Si no hay acciones concretas, la temible intervención de Estados Unidos podría materializarse.
Con esa crisis a cuestas, este domingo se llevó a cabo el Congreso Nacional de Morena. Como lo escribí el viernes, Rocha fue el elefante en la sala. Su ausencia marcó el tono de un encuentro que evitó definiciones de fondo. Nadie quiso asumir el costo de defenderlo abiertamente, aunque tampoco hubo espacio para un deslinde abierto. El partido optó por la contención y por mantener la agenda interna lo más ordenada posible, pese a que la crisis ya lo rebasó.
En ese contexto, Andrés Manuel López Beltrán fue uno de los que más llamó la atención. El secretario de Organización se la pasó repitiendo que no se va de Morena. Lo dijo en corto y frente a quienes le preguntaron por los rumores que lo colocan fuera de la estructura del partido tras la elección de Coahuila, el próximo 7 de junio.
Morena entró en una fase donde las decisiones relevantes exudan mucha presencia de Palenque y de Palacio Nacional. El mensaje de Ariadna Montiel, sobre la “pureza” del perfil que se busca para todos los candidatos del movimiento que competirán en el 2027, pretendió enviar un mensaje de cambio; de que ya no habrá cabida para personas con pasados oscuros. El timing luce desfasado; demasiado tarde.
Por cierto que llamó la atención que Ariadna Montiel pidió ubicar en el presidium del evento a Jesús Ramírez, pese a no pertenecer al Consejo Nacional, lo que fue leído como una señal directa de alineamiento con el círculo más cercano al obradorismo.
También la escena en la que “Andy” López Beltrán se fundió en un abrazo largo, cercano, con palabras al oído de Ariadna Montiel, como para que no se equivoquen quienes piensan que la extitular del Bienestar no está alineada a Palenque.
Lo cierto es que el partido enfrenta su primera gran crisis en el nuevo sexenio. No es solo un tema reputacional. Si los expedientes en Estados Unidos avanzan, no habrá margen para administrar el daño con más discursos.
La decisión principal está con Sheinbaum: procesar los casos y asumir el costo o resistir y entrar en una ruta de confrontación con Estados Unidos. Lo que ya quedó claro es que el caso Rocha Moya es el inicio de algo mucho más grande. Y Morena lo sabe.
Posdata 1
El senador Enrique Inzunza Cázarez salió a negar cualquier señalamiento y aseguró que se mantiene concentrado en su trabajo legislativo. Sin embargo, fuentes vinculadas a agencias estadounidenses sostienen que el tema ya se mueve en otro plano. De acuerdo con esas versiones, integrantes de su defensa legal habrían establecido contactos iniciales con representantes de Estados Unidos, incluido personal de la embajada en México, para explorar escenarios de cooperación ante el avance de las investigaciones.
Hasta ahora no existe información pública verificable sobre la naturaleza jurídica de esos acercamientos. En lo que sí coinciden distintas fuentes es que se trataría de gestiones preliminares, habituales en expedientes de alto perfil, donde se busca medir el alcance de posibles beneficios legales a cambio de información relevante. Es el tipo de movimientos que no se anuncian y que suelen negarse mientras no exista una ruta definida.
El contraste entre la postura pública del senador y lo que se comenta en círculos de seguridad añade presión al caso que rodea a Rubén Rocha Moya. En EU, el interés no se limita a los cargos individuales, sino a la posibilidad de reconstruir redes completas de operación política y criminal. En ese contexto, cualquier actor con información de primera mano adquiere un valor estratégico.
Posdata 2
El caso de José Luis Moyá Moyá expone un proceso judicial que concluyó mediante la figura de procedimiento abreviado, luego de que el acusado aceptara los hechos que se le imputaron. Inicialmente, su detención se dio en octubre de 2024 tras el anuncio de la entonces fiscal capitalina Ernestina Godoy, del inicio de una investigación, en 2023, por acusaciones que incluían extorsión.
La sentencia incluye una pena privativa de la libertad menor a cuatro años. La resolución fue emitida tras una audiencia realizada en marzo pasado, en el marco de una causa penal iniciada en 2024. De acuerdo con el tribunal, se identificaron depósitos recurrentes en cuentas personales y de familiares, sin respaldo de actividades económicas comprobables. Los montos acumulados superan los cuatro millones de pesos, con conceptos que simulaban ingresos por arrendamiento.
La investigación tuvo origen en una denuncia de autoridades financieras capitalinas, que detectaron inconsistencias en movimientos vinculados con la obtención de información pública. Desde 2002 Moyá presentó más de mil solicitudes ante el INAI e interpuso alrededor de 700 recursos de revisión, utilizando los datos obtenidos para exigir beneficios económicos.
Posdata 3
El colapso de Spirit Airlines exhibió la fragilidad de las aerolíneas de bajo costo y dejó al descubierto las distorsiones de un modelo que durante años sobrevivió más por financiamiento barato que por rentabilidad real. Si bien es cierto que la compañía acumulaba pérdidas, deuda y reestructuraciones fallidas desde antes del choque energético, el discurso del “ultra low cost” terminó siendo una apuesta insostenible en cuanto cambió el entorno.
El detonante fue el encarecimiento del combustible tras la escalada en Medio Oriente, pero sería simplista atribuirle toda la responsabilidad. Spirit ya venía operando con márgenes mínimos, presionada por costos crecientes, competencia agresiva y una base de ingresos altamente vulnerable. El aumento de la turbosina sólo aceleró un desenlace que se anticipaba desde hace tiempo.
Tampoco funcionó el intento de rescate. El paquete de financiamiento no logró convencer a acreedores ni inversionistas, en un momento en el que el mercado dejó de premiar riesgos excesivos. La negativa a inyectar capital refleja un cambio de ciclo. Se acabó la tolerancia a empresas que crecen sin generar flujo suficiente para sostenerse.
¿En ese espejo pueden verse las aerolíneas mexicanas, principalmente la recién fusionada VivaAerobus y Volaris?
@MarioMal