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Managua.— Los nicaragüenses volvieron a salir ayer a las calles para protestar pacíficamente contra el presidente Daniel Ortega, pese a las amenazas de grupos oficialistas y paramilitares que han atacado otras movilizaciones y a las contramarchas organizadas por el oficialismo, informaron medios locales.
Convocados por la opositora Alianza Cívica, que aglutina a estudiantes, campesinos, empresarios y sociedad civil, miles de personas participaron en dos marchas que recorrieron diversos puntos de Managua, para unirse al sur de la ciudad y concluir luego sin incidentes. Al grito de “justicia” y “libertad”, los manifestantes desafiaron las amenazas de los grupos de choque del oficialismo y las contramarchas programadas por el gobierno, para las que convocó a empleados públicos y partidarios.
A las manifestaciones opositoras se sumaron familiares de los más de 350 muertos por la violenta acción de la policía y de paramilitares desde que iniciaron las protestas el 18 de abril.
Los opositores portaron una vez más las banderas azul y blanco de Nicaragua y marcharon al son de marimbas en homenaje a la ciudad de Masaya, bastión de la resistencia opositora que esta semana vivió una violenta acción de grupos paramilitares y de la policía, y donde continúan surgiendo denuncias de persecución y captura de manifestantes antigubernamentales. “No es presidente, es delincuente”, coreó la multitud que nuevamente exigió la salida del poder de Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, así como el adelanto de los comicios presidenciales de 2021 a 2019.
Al norte de la ciudad, la policía bloqueó algunas avenidas para dar protección a una caminata oficialista de varias cuadras que concentró a empleados públicos y simpatizantes del partido de gobierno, con la aparente intención de desalojar a familiares de los opositores que permanecen en las cárceles de El Chipote, donde mantenían un campamento improvisado desde hace varias semanas.
La caminata denominada “Justicia para las víctimas del terrorismo” se desarrolló sin incidentes, cuando el campamento ocupado principalmente por mujeres —madres y esposas de los detenidos— ya había sido evacuado.
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Los obispos, que fungen como mediadores en el diálogo entre gobierno y oposición, dijeron el viernes que evaluaban si continuar en él, luego de que el gobierno los acusara de “golpistas”. El régimen tacha además a los manifestantes de “terroristas” y amenazó con llevarlos ante la Justicia.
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