Son muchos los temas pendientes de la agenda nacional. Un sexenio no es suficiente para resolverlos. Es muy pretencioso creer que seis años bastan para resolver los principales problemas del país. Resolver unos cuántos, y probablemente dar los pasos para que otros inicien el proceso de resolución, podría ser suficiente para que cualquier Gobierno diga que cumplió. En la administración pasada se abordó, y sigue en proceso de solución, el tema de la recuperación del poder de compra del salario mínimo. No es un tema menor. En otro momento, se dieron los pasos para abatir la inflación, que llegó a niveles de escándalo y que tampoco es un asunto simple. La seguridad pública, o ciudadana como la llaman contemporáneamente, es probablemente el tema que podría ser el estandarte de la actual administración.
En las décadas de los setenta y ochenta se creía que los delincuentes estaban perfectamente identificados. Si algún funcionario público o alguien con “influencias” era víctima del robo de un automóvil, basta con llamar a algún alto funcionario de la policía para recuperar relativamente rápido su vehículo. Es lo que decía vox populi. Al paso del tiempo las cosas cambiaron. En los noventa ya no era posible recuperar los bienes robados. No sólo eso, se empezaron a poner de moda delincuentes como “el mocha orejas”, que había diversificado sus actividades del robo al secuestro. En chistes y películas de la época se mostraba que la delincuencia se había “democratizado”, que ahora les pegaba a todos por igual y que la impunidad crecía.
Durante algunos años México se acercó a Colombia en términos de seguridad ciudadana. El segundo país tomó algunas medidas que le permitieron convertirse en una sociedad viable. En nuestro caso, hemos tenido episodios donde pareciera que está totalmente en entredicho la viabilidad del propio Estado Mexicano.
Es un hecho incuestionable que un débil Estado de Derecho no crea condiciones para que los negocios e inversiones fluyan y con esto se tenga crecimiento económico y empleo. El costo de la inseguridad, y de la deficiente administración de justicia, también se paga con menor crecimiento económico. Esta es una razón más por la que el problema de la inseguridad debe resolverse.
Un paso necesario es entender que en nuestro país hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. No para todos es transparente y se suele creer que el ejecutivo es responsable de la administración de justicia. No es tan simple como esto. Por ello, un primer paso es que la población reconozca las obligaciones y facultades de cada uno de los poderes, para saber a quién exigirle qué resultados.
No hay forma de que la administración de justicia mejore si no se pasa por una auténtica profesionalización de la policía. En redes sociales circula la lectura de derechos a un presunto culpable de la muerte de una mujer joven que salió de su casa en búsqueda de trabajo. La dicción de quien lee es lastimosamente mala. Urge que los encargados de la seguridad pública por lo menos sepan leer decorosamente. Profesionalización es lo que se requiere. No es lo único. Seguramente hay muchas tuercas que se deben apretar para que la administración de justicia cumpla con su cometido.
Hace décadas, por allá de los noventa, realizar cualquier trámite ante la SHCP era una verdadera tortura que no funcionaba sino había dinero de por medio para el funcionario que haría el trámite. Las cosas cambiaron. Con todo y sus áreas de oportunidad, el sector hacendario contemporáneo no tiene nada que ver con el de hace treinta años. Esto demuestra que es posible modificar las instituciones para que sean funcionales. Si se resuelve, al menos de un modo notorio, el problema de la inseguridad y administración de justicia, tengo la convicción de que el actual partido en el poder podría conservar el poder, si no, puede perderlo. Al tiempo.
Docente de la maestría en Economía, FES-Aragón-UNAM.
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