Las fiscalías no hacen nada.
En un país donde se prometió una ley general para atender la violencia feminicida, en un supuesto “tiempo de mujeres”, donde la Fiscalía General de la República está encabezada por una mujer, la Fiscalía de la Ciudad de México también, y donde incluso tenemos una presidenta, la realidad es brutalmente clara: la presencia de mujeres en el poder no ha significado justicia para las mujeres.
El problema no es la falta de leyes. Tampoco la ausencia de protocolos. El problema es la voluntad política y la cultura institucional que decide, todos los días, no actuar.
Esta semana lo evidenció con crudeza. Por un lado, la Fiscalía General de la República, bajo la titularidad de Ernestina Godoy, determinó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta iniciada contra Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo. Un caso que no puede entenderse sin considerar las redes de poder político que han protegido históricamente a esa organización. La decisión no solo cierra una investigación: desprotege a víctimas de violencia sexual que durante más de siete años enfrentaron la inacción de la fiscalía. Mientras en México la carpeta quedó sin consecuencias, en Estados Unidos Naasón Joaquín ya fue sentenciado. La diferencia no es jurídica; es institucional.
Por otro lado, el feminicidio de Edith Guadalupe volvió a mostrar la misma constante: negligencia, indolencia y abandono institucional. No fue la fiscalía quien la buscó. Fueron su familia, sus vecinos, sus amistades. Fueron la rabia, el amor y la desesperación los que activaron la búsqueda.
La familia de Edith tuvo que hacer lo que el Estado se negó a hacer. Sin formación jurídica, sin herramientas institucionales, sin respaldo, se convirtieron en buscadoras, en investigadoras, en articuladoras de redes. Y en ese camino, se enfrentaron a lo que miles de familias ya conocen: una fiscalía indiferente, que desgasta, que revictimiza y que, de acuerdo con lo denunciado, incluso condiciona su actuación a cambio de dinero.
Es alarmante que desde las propias fiscalías se siga repitiendo que hay que esperar 72 horas para denunciar una desaparición. Es falso.
A pesar de sentencias como Campo Algodonero, de la lucha de las familias que impulsaron una Ley General en materia de desaparición, del activismo en las calles y de la creación de mecanismos como la Alerta Alba, esa narrativa persiste. Y no es un error: es una forma de violencia institucional. Sostenerla hoy no solo es incorrecto, es inhumano y profundamente cruel.
El problema es operativo: la atención que reciben las familias. Tiempos de espera que superan las cuatro horas, revictimización constante, desinterés, indiferencia, instalaciones hostiles, falta de personal. Un sistema que, en lugar de activar las investigaciones, desgasta a quienes denuncian.
Otro aspecto preocupante es la forma en que algunos “periodistas” se apresuran a calificar al imputado del feminicidio de Edith Guadalupe como un “enfermo”. Más allá de su imprecisión, esa narrativa desplaza la discusión hacia lo individual y lo excepcional, como si se tratara de un caso aislado y no de un fenómeno estructural.
En términos jurídicos, incluso podría abrir la puerta a argumentos de inimputabilidad. Pero, sobre todo, cumple una función más grave: diluye la responsabilidad colectiva e institucional al convertir la violencia en una anomalía individual.
No es un “enfermo”. Es un hombre funcional dentro de un sistema que normaliza, permite y reproduce la violencia contra las mujeres. Nombrarlo así no es un gesto retórico: es una posición política y analítica.
Ante ese vacío, las familias han hecho lo que el Estado no hace: buscar. Han construido redes, han desarrollado estrategias, han aprendido procedimientos que no les corresponden. La búsqueda en México no es una política pública eficaz; es una respuesta social a la omisión institucional.
Porque la justicia no tendría que depender de la rabia ni del amor. No tendría que sostenerse en la desesperación de quienes buscan. No tendría que construirse desde la ausencia del Estado.
Pero hoy, en México, así funciona.
Y mientras las fiscalías sigan operando desde la negligencia, mientras la impunidad siga protegiendo a unos y abandonando a otras, y mientras el acceso a la justicia dependa más de la insistencia de las familias que de la obligación del Estado, la pregunta no es si esto volverá a ocurrir.
La pregunta es cuándo.
Y, sobre todo, a quién.
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