Es indudable el papel que todavía tiene la televisión en la construcción de cultura, conversación pública y entretenimiento. Los reality shows se han convertido en una de las principales apuestas de las televisoras: sostienen ratings, patrocinios y millones de pesos en publicidad. Pero también están funcionando como escaparates donde se normalizan y toleran múltiples formas de violencia.
Lo vimos con La Casa de los Famosos México. Durante su segunda temporada, el programa generó una conversación pública marcada por señalamientos de violencia simbólica, violencia emocional y misoginia dentro del propio espectáculo televisivo. Todo escaló a tal nivel que incluso autoridades tuvieron que pronunciarse mediante comunicados públicos. Y hasta ahí llegó la respuesta institucional.
Mientras crecían las críticas sociales, la televisora se limitó a cambiar patrocinadores muchos abandonaron el proyecto, feminizar superficialmente el discurso del programa y construir campañas de sensibilización sin asumir una verdadera responsabilidad frente a las violencias reproducidas en horario estelar.
Sin embargo, el problema no es exclusivo de una sola televisora. La industria del entretenimiento parece empeñada en construir procesos de limpieza mediática para agresores, violentadores y ahora también deudores alimentarios, lo vimos con “la Granja VIP” y ahora con Masterchef México. Se les reintroduce al espacio público mediante narrativas de redención cuidadosamente diseñadas: “las personas cambian”, “merecen otra oportunidad” o, incluso, mediante la omisión deliberada de las violencias que enfrentan.
Bajo esta lógica, figuras señaladas por violencia familiar o incumplimiento alimentario son representadas nuevamente como personajes entrañables, cercanos o admirables, especialmente cuando además son figuras mediáticas o creadores de contenido.
La situación resulta especialmente preocupante cuando hablamos de deudores alimentarios. No estamos frente a simples “problemas de pareja” ni a desacuerdos familiares sobre manutención. Estamos frente a violencias que impactan directamente la vida, el desarrollo y la dignidad de niñas, niños y adolescencias. El incumplimiento de una obligación alimentaria no es un asunto menor: implica negar recursos indispensables para alimentación, educación, salud, vivienda y desarrollo integral. Y en muchos casos, estas dinámicas terminan acompañadas de manipulación, control y violencia vicaria hacia las madres.
La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el pago de alimentos constituye una obligación prioritaria vinculada al interés superior de la niñez, no a un “derecho de los padres” ni a conflictos personales entre adultos. Incluso ha señalado que los pagos parciales pueden constituir incumplimiento cuando resultan insuficientes para garantizar los derechos de las infancias.
Desafortunadamente, los criterios que construye la Corte muchas veces se perciben lejanos e inalcanzables frente a poderes judiciales locales rebasados por cargas de trabajo, indiferencia institucional y falta de perspectiva de género e infancia. A casi un año de la implementación de la elección judicial y de múltiples cambios en titulares y estructuras, muchas víctimas siguen sin encontrar respuestas eficaces frente a violencias que atraviesan lo económico, lo emocional y lo familiar.
Es decir, no estamos hablando únicamente de reputaciones dañadas o escándalos mediáticos. Estamos hablando de derechos humanos.
Por eso resulta tan delicado que las televisoras y plataformas conviertan a agresores y deudores alimentarios en figuras de entretenimiento “lavadas” frente a las audiencias. En muchos casos, esto obliga a las propias víctimas a exigir públicamente su reivindicación y defensa. Ahí está el caso de la creadora de contenido Alejandra Dolores, quien durante años ha denunciado la violencia ejercida por el padre de su hija y el desgaste emocional, económico y jurídico que implica sostener litigios interminables para exigir algo tan básico como el cumplimiento de obligaciones alimentarias.
Mientras las empresas construyen narrativas de redención e incluso ofrecen espacios públicos a estas figuras, las víctimas enfrentan procesos desgastantes, revictimización y abandono institucional. Cada historia de “rehabilitación mediática” envía un mensaje social profundamente peligroso: que estas violencias pueden minimizarse, relativizarse o incluso olvidarse cuando existe suficiente carisma, fama o dinero de por medio.
Y el problema no termina ahí. Paralelamente, han surgido discursos, colectivos y creadores de contenido que instrumentalizan estas violencias para construir narrativas de criminalización hacia las mujeres que exigen justicia. Bajo consignas como “los padres no son criminales”, buscan desdibujar que muchos de estos hombres enfrentan señalamientos o procesos relacionados con violencia familiar, violencia vicaria o incumplimiento sistemático de obligaciones alimentarias.
Alejandra Dolores no es la única mujer en México que enfrenta esta realidad. Miles de mujeres viven diariamente violencia alimentaria, no solo enfrentándose a agresores, sino también a instituciones saturadas, burocráticas e indiferentes, así como a redes de legitimación pública que reivindican a violentadores mientras desacreditan a las víctimas.
Porque la violencia alimentaria también es violencia económica, institucional y simbólica.
Y quizá ahí radica una de las formas más peligrosas de violencia contemporánea: transformar el incumplimiento, el abandono y la agresión en espectáculo y en procesos de reivindicación pública para el consumo de las audiencias, mientras las víctimas continúan exigiendo justicia fuera de cámaras.