Vivimos en una época en la que una narrativa puede recorrer el mundo en cuestión de minutos. No importa si es verdadera, basta con que sea verosímil, emocional o políticamente útil para que miles de personas la reproduzcan. La pregunta ya no es únicamente si una información es cierta, sino a quién beneficia que la creamos.
Lo vimos recientemente en el fútbol. Tras la victoria de la selección mexicana sobre Ecuador por 2-0, algunos medios y comentaristas, principalmente de Ecuador y Argentina, comenzaron a difundir que el resultado había sido consecuencia de supuestas amenazas de la “mafia” mexicana contra jugadores ecuatorianos. La versión fue desmentida posteriormente por los propios futbolistas, pero para entonces la narrativa ya había cumplido su propósito: sembrar duda sobre una victoria deportiva y reforzar una imagen de México asociada exclusivamente con la violencia y el crimen organizado.
El fútbol nunca ha sido únicamente fútbol. Es identidad, poder, diplomacia y, en muchos ejemplos, política. Por eso resulta llamativo observar cómo, en los últimos días, han circulado narrativas que no sólo buscan desacreditar un resultado deportivo, sino insistir en una imagen de permanente descomposición del Estado mexicano. Más aún cuando varios de los gobiernos que impulsan o amplifican estos discursos mantienen una posición política claramente opositora al actual gobierno de México.
Esto no significa negar una realidad dolorosa. México enfrenta desde hace décadas una profunda crisis de violencia, desapariciones y ataques contra periodistas. Sería irresponsable minimizarla.
El caso de la periodista Roxana Berenice Guzmán es una muestra desgarradora de ello. Su desaparición forzada y el reciente hallazgo de sus restos recuerdan la enorme deuda que el Estado mexicano mantiene con la libertad de expresión y con el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia.
Pero reconocer esa realidad no implica aceptar la instrumentalización política del dolor. Cuando una tragedia se convierte en materia para disputas ideológicas o geopolíticas, las víctimas dejan de ser el centro de la conversación. Se convierten en herramientas de propaganda.
Una lógica similar puede observarse en el caso de Mario Sáenz. En abril de 2022 fue condenado a 45 años de prisión por el feminicidio de Victoria Pamela Salas. Sin embargo, en junio de 2026 un tribunal ordenó la reposición del procedimiento tras concederle un amparo por presuntas violaciones al debido proceso durante etapas previas de la investigación.
Jurídicamente, la reposición del procedimiento no equivale a una declaración de inocencia. Significa que el proceso debe repetirse para garantizar plenamente los derechos procesales del imputado. Esa es precisamente la función del debido proceso en un Estado de derecho.
Sin embargo, parte de la conversación pública ha abandonado el terreno jurídico para trasladarse al de las redes sociales. Personas cercanas al acusado han impulsado una narrativa que insiste en su inocencia mediante la difusión constante de información sobre el caso, muchas veces reproduciendo datos sensibles y revictimizando a la familia de Victoria Pamela. La discusión que debería desarrollarse ante un tribunal termina librándose en internet, donde las emociones suelen pesar más que las pruebas.
En ambos casos existe un elemento común: la disputa ya no gira alrededor de los hechos, sino alrededor de las narrativas.
Mientras unas buscan presentar a México como un Estado permanentemente fallido, otras intentan reescribir procesos judiciales desde la opinión pública. En ambos escenarios, quienes menos ganan son las víctimas.
Las personas desaparecidas no recuperan justicia porque su caso sea utilizado para golpear políticamente a un gobierno. La familia de una víctima de feminicidio tampoco obtiene verdad cuando su dolor se convierte en contenido viral para defender la imagen de un acusado.
Por eso vale la pena detenernos antes de compartir la siguiente historia que aparece en nuestro teléfono y preguntarnos: ¿quién se beneficia de que esta narrativa circule?, ¿a quién favorece que esta versión se imponga sobre los hechos?
Porque cuando las narrativas sustituyen a la verdad, quienes casi siempre terminan perdiendo son las víctimas y el Estado de derecho.
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