Esta semana, los ecos de la “justicia” estadounidense volvieron a incomodar y, sobre todo, a exhibir la frágil idea de soberanía jurisdiccional mexicana. Trascendió que una fiscalía federal de Nueva York solicitó al gobierno mexicano la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto con otros servidores públicos de la entidad, por presuntos vínculos de corrupción con el Cártel de Sinaloa.
Las reacciones en México no tardaron: polarización, discursos nacionalistas y evasivas. Pero lo verdaderamente revelador fue la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia matutina sostuvo que no puede haber detención sin pruebas, apelando a un estándar garantista que, en el papel, suena impecable. El problema es que ese estándar no opera en México para la mayoría de las personas.
Porque mientras se invoca la presunción de inocencia en el plano discursivo, en la práctica subsiste una de las figuras más regresivas del sistema penal: la prisión preventiva oficiosa.
Se trata de una medida cautelar automática, prevista en el artículo 19 constitucional, que permite encarcelar a una persona sin debate previo, sin análisis individualizado y sin necesidad de acreditar riesgos procesales. Basta con que el delito esté en un catálogo predefinido (catálogo que, por cierto, se ha ampliado en los últimos dos gobiernos que se autodenominan de izquierda). Es decir: no importa quién seas ni cuáles sean las circunstancias de tu caso, la prisión se impone de forma inmediata.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lo dijo con claridad en el caso García Rodríguez y otro vs. México: esta figura constituye, en los hechos, una pena anticipada. Viola la presunción de inocencia, elimina el derecho a una defensa efectiva en esa etapa inicial y despoja a la persona juzgadora de su función más elemental: valorar con proporcionalidad. Y, sin embargo, ahí sigue. No solo vigente, sino expandiéndose.
De acuerdo con el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025, el 36.3 % de las personas privadas de la libertad en México no tenía sentencia. Más de un tercio de la población penitenciaria está en prisión sin haber sido condenada. No es un error del sistema: es el sistema funcionando.
La prisión preventiva oficiosa, que supuestamente busca evitar la fuga o proteger a las víctimas, no ha demostrado reducir la incidencia delictiva ni mejorar la seguridad pública. Lo que sí ha hecho es consolidarse como un mecanismo de criminalización selectiva: afecta desproporcionadamente a personas pobres, a quienes no pueden pagar una defensa adecuada, a quienes no tienen redes de apoyo y a quienes son fácilmente sustituibles para el aparato punitivo.
En los últimos años, lejos de cuestionarse, esta figura se ha robustecido. Se ha ampliado el catálogo de delitos que la ameritan y se han introducido conceptos peligrosamente ambiguos, como aquellos que afectan el “libre desarrollo de la personalidad”. Una categoría tan abierta que permite criminalizar desde conductas graves hasta expresiones culturales incómodas.
Peor aún, junto con la destructiva reforma judicial, se han impulsado cambios que limitan la capacidad de las personas juzgadoras para interpretar la norma, obligándolas a aplicarla de manera literal. El mensaje es claro: no se espera criterio, se exige obediencia jurisdiccional.
El resultado es un sistema penal cada vez más automático, más punitivo y menos justo. Y en ese sistema, las consecuencias no son abstractas. Tienen rostro.
Las personas en prisión preventiva suelen ser el sostén económico y emocional de sus familias. Su encarcelamiento profundiza la precariedad, rompe redes de cuidado y perpetúa ciclos de exclusión. Muchas han reportado haber sufrido tortura, no haber sido informadas de sus derechos o haber enfrentado procesos sin una defensa adecuada.
Pero hay algo más incómodo: este sistema no está diseñado para todos.
En un país donde la prisión preventiva es la regla para las personas pobres, un gobernador con capital político y económico difícilmente enfrentará sus consecuencias. No teme a la prisión automática. No teme a la arbitrariedad. No teme al sistema que, en teoría, debería alcanzarlo.
Por eso, la narrativa de que en México no se detiene sin pruebas no solo es imprecisa: es profundamente desigual. Porque aquí sí se detiene sin pruebas. Pero no a todos.
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