La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se viene derrumbando.Y en el proceso de ese derrumbe, se está llevando a las víctimas.
Y es que, recientemente y todavía sin que terminemos de dimensionarlo, el feminicidio de Edith Guadalupe destapó una cloaca que lleva años abierta: la de una institución que presume resultados mientras normaliza la indolencia.
Es particularmente incómodo porque, hace apenas unos días, se estrenó con bombo y platillo un documental sobre la fiscal. Un documental que, sí, muestra historias de víctimas y coloca en el centro la violencia feminicida, pero que también funciona como una cuidadosa operación de imagen. Una lavada de cara que hoy frente a los hechos se queda corta, insuficiente, casi ofensiva.
Porque mientras se narran historias de justicia en pantalla, en la realidad se siguen construyendo historias de abandono.
El caso de Karen Mariel Juárez Romero es prueba de ello.
Una joven, estudiante de enfermería del IPN, cuya familia ha tenido que recorrer medios, redes y espacios públicos para denunciar lo que la Fiscalía no ha querido ver: que Karen no murió en un accidente, que Karen fue víctima de violencia.
Las omisiones son graves: no se investigó con protocolo de muerte violenta, se permitió la pérdida de evidencia, y se ha dado un trato revictimizante a su familia.
Todo esto, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara y no una, sino varias veces en los estándares que deben seguirse.
Ahí están los precedentes de Mariana Lima y Karla Pontigo, dos casos paradigmáticos que establecen una obligación ineludible: toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con protocolo de investigación de feminicidio desde el inicio.
Pero en la práctica, nada de eso importa.
La Fiscalía parece operar bajo una lógica propia, una donde las resoluciones judiciales son sugerencias y no mandatos. Una donde los protocolos existen en papel, pero no en la vida de las víctimas.
Y en ese mismo escenario aparece el caso de Carolina Flores Gómez.
Un feminicidio brutal que se volvió mediático, no por la eficacia institucional, sino por la filtración de un video. Otra vez: la violencia convertida en espectáculo.
Aquí la pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿la Fiscalía actúa o reacciona cuando hay presión mediática?
Porque si algo muestran estos casos en conjunto es una diferencia dolorosa: Karen, sin video viral, sin morbo masivo, sin espectáculo, queda atrapada en la indiferencia institucional. Carolina, con video circulando, con nota roja explotando su imagen, entra en la conversación pública.
Entonces, ¿qué se necesita para que una mujer tenga acceso a la justicia? ¿una carpeta sólida o un video filtrado?
Y esto no es casual.
Durante años se ha señalado la relación entre autoridades y ciertos circuitos de la llamada “nota roja”: filtración de información, venta de imágenes, circulación de evidencia antes que justicia. Un ecosistema donde las víctimas no son sujetas de derechos, sino contenido.
Si no hay video, no hay urgencia y si no hay escándalo, no hay acción.
Y mientras tanto, las familias hacen el trabajo que le corresponde al Estado: investigan, buscan, prueban, exigen.
Hoy, con el feminicidio de Edith Guadalupe, la crisis ya no se puede disimular. Todo parece desbordarse: áreas incompetentes llevando casos que no les corresponden, clasificaciones erróneas, ausencia de perspectiva de género, y una constante: el desprecio institucional por el dolor de las víctimas.
La Fiscalía de la Ciudad de México no solo está fallando. Está reproduciendo violencia.
Y es urgente decirlo con todas sus letras:
No basta con discursos. No bastan documentales. No bastan protocolos que no se aplican.
Se necesita una transformación real, una que ponga en el centro a las víctimas, sus tiempos, sus duelos, sus derechos.
Porque la justicia no puede depender del algoritmo. Ni del morbo. Ni de la viralidad.
La justicia, en un Estado que se dice democrático, debería ser lo único que no se negocia.