En 1999, el economista y filósofo Amartya Sen —Premio Nobel de Economía— publicó Desarrollo y libertad, en donde argumentó que el progreso real no está en las cifras macroeconómicas sino en las libertades que las personas pueden ejercer de manera efectiva. Sen identificó cinco libertades instrumentales para el desarrollo. Entre ellas, las garantías de transparencia que permiten que las personas puedan interactuar con confianza en la claridad y la apertura de las instituciones.
Esa visión coincide con lo que ha nombrado la Fiscal General, Ernestina Godoy Ramos, como transparencia con sentido social: una práctica que articula apertura, responsabilidad y resguardo en beneficio de la ciudadanía. Ese concepto orienta hoy la actuación dentro de la Fiscalía General de la República y define la manera en que la institución entiende su obligación de informar, clasificar y proteger la información que posee.
El 20 de marzo de 2025 se publicaron las nuevas leyes de transparencia, y con ellas se rediseñó el modelo de garantía del derecho de acceso a la información en el país. Nació Transparencia para el Pueblo y comenzó la instalación de las autoridades garantes de los órganos constitucionalmente autónomos, poderes de la Unión y organismos federales. La Autoridad Garante de la Fiscalía General de la República fue creada el 18 de abril de 2025.
La reforma modificó la lógica del sistema y abrió un modelo distinto de garantía del derecho de acceso a la información. En lugar de concentrar las decisiones en una sola instancia, optó por distribuirlas y acercarlas a la materia específica de cada institución. Esa decisión fue una apuesta por la especialización.
El Órgano Interno de Control, en su papel de Autoridad Garante de la Fiscalía, puede resolver en materia de transparencia y protección de datos con conocimiento directo de la naturaleza de los expedientes ministeriales, del peso de las investigaciones en curso, de los riesgos que implica divulgar información sensible y de la forma en que se cruzan, en la práctica cotidiana, el principio de máxima publicidad con el deber de resguardar derechos. Esa arquitectura permite una gobernanza más ordenada de la información.
A un año de la instalación de la Autoridad Garante de la Fiscalía General de la República, el proceso ha transitado por una etapa de construcción institucional progresiva. La transparencia con sentido social se ha ido configurando como un enfoque orientado a que la información pública resulte útil, comprensible y accesible para la sociedad, y contribuya a la generación de conocimiento público, con particular atención a las víctimas del delito y a los grupos en situación de vulnerabilidad.
Desde su Autoridad Garante, el Órgano Interno de Control de la FGR ha construido una instancia técnicamente especializada, inserta en la realidad de la institución, que opera con conocimiento directo de la materia que atiende y que continúa fortaleciendo sus capacidades en el ejercicio cotidiano de sus funciones.
En la procuración de justicia, esa función transversal se vuelve tangible: la calidad con la que una institución gestiona su información incide directamente en la confianza social, en la legitimidad de sus decisiones y en el ejercicio efectivo del acceso a la justicia.
Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República
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