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América Latina atraviesa un giro sostenido hacia la derecha. Si entre 2022 y los primeros meses de 2023, las seis principales economías de la región estaban gobernadas por fuerzas de centroizquierda o izquierda, 14 elecciones presidenciales celebradas en los últimos tres años han reconfigurado de manera significativa el mapa político regional.
El punto de inflexión se produjo en 2023, con los triunfos de Santiago Peña en Paraguay, Daniel Noboa en Ecuador y la irrupción de Javier Milei en Argentina. En 2024, la derecha consolidó su avance con las victorias de José Raúl Mulino en Panamá, Nayib Bukele en El Salvador y Luis Abinader en República Dominicana. El ciclo se intensificó en 2025, con cuatro elecciones y cuatro triunfos de fuerzas de derecha, entre ellos el de José Antonio Kast en Chile, la reelección de Noboa en Ecuador y resultados favorables en Bolivia y Honduras. En febrero de 2026, la victoria holgada de la oficialista Laura Fernández en Costa Rica terminó de confirmar esta tendencia.
Balance
El balance cuantitativo es claro: 11 de las 14 elecciones han sido ganadas por fuerzas de derecha —aunque heterogéneas en sus orientaciones—, frente a sólo tres triunfos de la izquierda: Bernardo Arévalo en Guatemala, Claudia Sheinbaum en México y Yamandú Orsi en Uruguay.
Sin embargo, el mapa emergente exige una lectura más desagregada. Aunque la derecha encadena victorias, la izquierda aún retiene el control de las principales economías de la región. Brasil, México y Colombia concentran, en conjunto, cerca de 70% del PIB regional y alrededor de 60% de su población. Esta asimetría matiza la narrativa de un giro uniforme y sugiere un reequilibrio más complejo que un simple cambio de signo político.
Lo que se observa no es únicamente un desplazamiento hacia la derecha, sino también la consolidación de un nuevo ciclo de voto de castigo. En gran medida, los electores no están votando sólo por afinidad ideológica, sino en respuesta a la frustración acumulada. La inseguridad, el deterioro del poder adquisitivo, la debilidad del empleo y la persistencia de la corrupción han erosionado la confianza en los gobiernos incumbentes —mayoritariamente asociados a la segunda “marea rosa”—. En ese contexto, la derecha emerge como la principal alternativa disponible frente al malestar social y la demanda de cambio.
El fenómeno no se agota en el castigo. También refleja una transformación en la oferta política. Las nuevas derechas han demostrado una notable capacidad de conexión con el electorado, apalancándose en redes sociales y mensajes simples, directos y emocionalmente eficaces. Han sabido capitalizar el rechazo a la política tradicional, así como las preocupaciones en torno a la inseguridad —la bukelización de la política— y la migración, articulando discursos antisistema que resuenan en sociedades fatigadas y, de manera creciente, entre los votantes más jóvenes.
A este escenario se suma un factor externo de creciente relevancia: la nueva política hemisférica de Donald Trump. El respaldo a gobiernos ideológicamente afines, junto con iniciativas como la llamada “doctrina Donroe” y el “Escudo de las Américas”, ha reforzado la convergencia entre las derechas latinoamericanas y Washington. Este alineamiento no sólo tiene implicaciones geopolíticas; también incide en la dinámica electoral interna de varios países, como evidenciaron sus intervenciones en las elecciones de Argentina y Honduras en 2025; injerencia que eventualmente podría volver a manifestarse en algunos comicios de este año.
Tres elecciones decisivas
En este contexto, las elecciones en tres países sudamericanos en los próximos seis meses —Perú, Colombia y Brasil— serán decisivas.
En Perú, Keiko Fujimori (derecha) lidera la primera vuelta con apenas 17% de los votos, mientras que la disputa por el segundo lugar —entre el izquierdista Roberto Sánchez y el derechista Rafael López Aliaga— permanece abierta y se definirá en la primera quincena de mayo, en sede judicial, dada la estrechez de los márgenes que existe entre el segundo y tercer lugar. El balotaje del 7 de junio se perfila así en un contexto de alta polarización, institucionalidad frágil y riesgo de conflictividad postelectoral.
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En Colombia, Gustavo Petro no puede optar a la reelección por mandato constitucional. De cara a la primera vuelta del 31 de mayo, el candidato del oficialismo, el izquierdista Iván Cepeda, encabeza las encuestas, aunque —por ahora— sin la ventaja suficiente para evitar un balotaje. La derecha, en tanto, se encuentra fragmentada entre figuras como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Todo apunta, por tanto, a una segunda vuelta el 21 de junio altamente polarizada, previsiblemente muy disputada y sin un resultado asegurado para ninguno de los bloques.
En Brasil, la contienda entre Luiz Inácio Lula da Silva —que aspira a la reelección— y la derecha bolsonarista, representada por Flávio Bolsonaro, se desarrolla en un clima de alta polarización. De cara a la primera vuelta del 4 de octubre, las encuestas muestran una cercanía entre ambos candidatos y la alta probabilidad de tener que disputar un balotaje —el 25 de octubre— para definir la presidencia. Dado el peso de Brasil —la mayor economía y población de la región—, el resultado tendrá implicaciones sistémicas para el conjunto de América Latina.
Los tres procesos electorales comparten rasgos comunes, entre ellos: fragmentación y polarización elevadas, preferencias volátiles y resultados estrechos que empujan casi inevitablemente a definiciones en segunda vuelta, con márgenes lo suficientemente ajustados como para permitir giros entre la primera y el balotaje. A este cuadro se suma el cuestionamiento de la integridad de los comicios y el avance del negacionismo electoral entre sectores que desconocen los resultados, lo que intensifica la presión sobre los organismos electorales y abre la puerta a una creciente judicialización.
Redes y desinformación
El escenario se vuelve aún más complejo por el uso masivo de redes sociales como canal de desinformación, ahora amplificado por herramientas de inteligencia artificial. En paralelo, ninguno de los tres países elegirá un presidente con mayoría propia en el Congreso, lo que anticipa gobiernos con márgenes de maniobra limitados, la necesidad de armar coaliciones y desafíos mayúsculos de gobernabilidad en democracias ya sometidas a fuertes tensiones sociales, económicas y políticas.
A este cuadro se añade una variable externa de alto impacto: las elecciones de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos. Una eventual pérdida del control de la Cámara Baja —un patrón recurrente para el partido en el poder—, o incluso del Senado de parte de los republicanos, limitaría de forma significativa el margen de maniobra de Trump en los dos últimos años de su mandato, con efectos directos sobre su política exterior y, por extensión, sobre América Latina.
Resumiendo: los próximos seis meses serán decisivos. Perú, Colombia y Brasil no sólo elegirán presidentes: definirán el nuevo equilibrio del mapa político latinoamericano y la forma en que la región se inserta en el actual (des)orden internacional. De este proceso emerge una doble interrogante. En el corto plazo, si el ciclo electoral derivará en una mayor homogeneidad —con predominio de gobiernos de derecha— o en una configuración más heterogénea, donde convivan distintas orientaciones políticas en las principales economías de la región. En el mediano plazo, la incógnita es si estamos ante un ciclo prolongado, comparable a la primera “marea rosa”, o frente a una etapa más breve y volátil, propia de electorados cada vez más pragmáticos y menos ideologizados.
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En síntesis, el punto decisivo no será ideológico sino de desempeño. En una América Latina de mayorías frágiles y expectativas cada vez más exigentes, la sostenibilidad del nuevo ciclo dependerá de la capacidad de los gobiernos para ofrecer resultados tangibles en seguridad, crecimiento, empleo, oportunidades y transparencia. Si no lo logran, lo más probable es que el péndulo político volverá a oscilar —como lo ha hecho de manera recurrente en lo que va de siglo—, confirmando que la continuidad ya no se define únicamente por la orientación ideológica, sino por la capacidad de los gobiernos de dar resultados oportunos y eficaces a las demandas ciudadanas.
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