La petición del gobierno de Estados Unidos para extraditar a Rubén Rocha Moya no es, en el fondo, un caso aislado, es un síntoma. No tanto por el contenido de la acusación, sino por la forma en que el gobierno mexicano ha reaccionado. Es revelador que la presidenta Claudia Sheinbaum sostuviera que no se cubrirá a nadie que haya cometido un delito; pero de inmediato introdujo un matiz, si no hay pruebas claras, la imputación es política. La frase parece prudente, pero en realidad, preconfigura la narrativa de exoneración.
El primer problema es que la reacción no es jurídica, es política. En un sistema que realmente funcionara, una acusación de este tipo activaría mecanismos de investigación, contraste y esclarecimiento. Aquí ocurre lo contrario. Antes de que exista un proceso de investigación, ya hay un posicionamiento que desacredita la acusación.
El segundo problema es de credibilidad. No se trata de asumir que lo que diga otro país es cierto, sino de reconocer que en México una parte del territorio está en manos del crimen organizado, precisamente porque no cuenta con instituciones que generen confianza suficiente para procesar acusaciones con carpetas de investigación sólidas. La Fiscalía General de la República debería ser ese espacio, sin embargo, su debilidad no está sólo en sus pésimos resultados, sino en la percepción de que no actúa con autonomía, y menos, cuando los casos tocan a Morena.
Cuando la justicia interna no es creíble, el conflicto se desplaza. La Presidenta fue advertida en varias ocasiones por el gobierno de Estados Unidos sobre la necesidad de actuar frente a políticos presuntamente vinculados con el crimen, pero fue y sigue siendo omisa. Es ahí donde la soberanía se vuelve un argumento retórico. No se debilita por lo que otros hagan, se debilita cuando el Estado no tiene la capacidad de investigar y resolver por sí mismo.
El tercer problema es el doble estándar. El contraste es inevitable. En Chihuahua, frente a la actuación de autoridades estatales, la reacción fue inmediata. Se habló de violaciones a la soberanía y de responsabilidades concretas de la gobernadora Maru Campos. No hubo espera ni matices, la posición se fijó sin investigación de por medio.
Hoy, ante una acusación mucho más delicada por su posible vínculo con estructuras criminales, el tono cambia. Se invoca la necesidad de pruebas, se sugiere una motivación política y se pide cautela. La diferencia no está en los hechos, está en el personaje. No es un matiz menor, es la evidencia de que la aplicación de la ley depende del contexto y del partido político.
El cuarto problema es la captura del poder. La cuestión de fondo es si existen condiciones reales para realizar una investigación con independencia. Cuando las instituciones encargadas de investigar dependen, en los hechos, del poder político, la posibilidad de esclarecer casos sensibles se reduce drásticamente.
En los tiempos que corren la justicia se activa con fuerza frente a unos y con cautela, cálculo e incluso miedo frente a otros. No por la naturaleza del delito, sino por la posición de quien es señalado.
Por eso el problema no es la petición de extradición, sino que exhibe un sistema donde la ley no se aplica con el mismo rigor para todos, donde la reacción institucional se ajusta al costo político y donde la justicia no opera como límite al poder, sino como una herramienta que se adapta a él.
Mientras eso no cambie, cualquier discurso sobre legalidad o soberanía es engañoso. Y sí, resulta inevitable llegar a la conclusión que cuando desde el poder se elige proteger a un posible narcopolítico antes que defender a México, no sólo se compromete la justicia, se compromete al propio Estado.
Presidenta de Causa en Común