Hace unas semanas, en Colima, un empresario platanero fue secuestrado por un grupo armado. Eduardo Ochoa Arias era uno de los principales productores de la región, generaba empleos y tenía presencia pública. Su desaparición provocó indignación y protestas de trabajadores, familiares y de la comunidad entera de Tecomán. No fue suficiente la presencia militar en la zona. Once días después, su cuerpo apareció sin vida y con signos de tortura en una playa de Michoacán. Hasta hoy, el silencio de las autoridades evidencia, una vez más, el control de grupos criminales sobre el territorio.
Si esto le ocurre a alguien con visibilidad, recursos y capacidad de presión social, ¿qué queda para quienes no tienen nada? Mientras los casos se multiplican, el gobierno presume una baja en secuestros; pero lo único que realmente cae es su registro.
Al igual que con el homicidio, las autoridades han encontrado una forma eficaz de maquillar la realidad: reclasificando los secuestros. Este delito, uno de los más graves por el daño irreparable que causa, no solo a la víctima, también a sus familias, se diluye en categorías ambiguas como “otros delitos contra la libertad personal”, privación ilegal de la libertad o incluso extorsión. El resultado es perverso, en el discurso oficial el secuestro baja, pero en la vida real las víctimas aumentan.
Los datos son contundentes. Mientras en el primer bimestre de 2026 se registraron apenas 84 secuestros, en ese mismo periodo se contabilizaron 5,965 víctimas en “otros delitos contra la libertad personal”. La proporción es escandalosa, por cada secuestro reconocido hay decenas de casos que podrían corresponder al mismo fenómeno, pero que han sido desplazados a categorías más amplias, menos visibles y, sobre todo, menos exigibles a la autoridad.
No es un problema técnico, es una decisión política: cambiar la etiqueta de un delito no reduce su incidencia, pero sí reduce el costo de enfrentarlo. En un país donde la cifra negra del secuestro supera el 98%, esta manipulación borra casi por completo el fenómeno de las estadísticas oficiales.
Muchas víctimas no denuncian por miedo, desconfianza o colusión de autoridades; pero incluso cuando lo hacen, es muy probable que el caso ni siquiera se registre como secuestro, sino en un rubro genérico que fragmenta la información y diluye la gravedad del delito.
El resultado es devastador. No solo se engaña a la opinión pública, se desactiva la respuesta institucional. No es lo mismo activar protocolos especializados que tratar el caso como un delito menor. Durante años, México construyó capacidades para combatir el secuestro; sin embargo, en lugar de consolidarlas, se opta por una estrategia más cómoda, desaparecerlo de las cifras.
El problema no es solo la reclasificación, es el margen de discrecionalidad que se ha abierto. Los cambios metodológicos permiten mezclar delitos consumados con tentativas, ampliar categorías ambiguas y mantener rubros abiertos donde cabe prácticamente cualquier cosa.
Las inconsistencias son evidentes; hay entidades que reportan niveles mínimos o incluso nulos de secuestro, mientras concentran miles de casos en categorías paralelas. El delito no disminuye, cambia de nombre y cambia su prioridad. Deja de ser urgente, deja de movilizar recursos y de activar protocolos; al dispersarse, deja de existir como problema central para el gobierno.
Sin embargo, la realidad no se ajusta a las estadísticas. Las familias siguen recibiendo llamadas, siguen negociando con criminales, siguen enfrentando el terror de no saber si su ser querido regresará con vida. Yo lo sé, yo lo viví.
Hoy, el Estado no está resolviendo el problema del secuestro, está administrando su invisibilidad, lo cual no sólo diluye el delito, sino también a las víctimas.
Presidenta de Causa en Común