La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, intentó deslindar a Rubén Rocha Moya de una decisión clave: el nombramiento del general Gerardo Mérida como secretario de Seguridad Pública. Señaló que no fue decisión del gobernador con licencia, sino de la Secretaría de la Defensa. La frase, quizá pensada para proteger a Rocha, abrió una pregunta más importante: si no lo nombró el gobernador, ¿quién decidió la seguridad de Sinaloa y quién es corresponsable de sus consecuencias?
El caso exhibe el modelo construido durante los últimos años. Mérida fue detenido en Estados Unidos por señalamientos de presuntos vínculos con Los Chapitos. Después, fuentes militares buscaron corregir el señalamiento diciendo que no habría sido una decisión institucional de la Sedena, sino una designación impulsada por el general Audomaro Martínez, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y muy cercano a López Obrador.
Esa disputa por lavarse las manos no resuelve el problema; lo agrava. Unos apuntan a Sedena, otros al CNI, otros más culpan directamente al entonces secretario de la Defensa. Sin embargo, todos los caminos conducen al mismo problema: durante los últimos años, los nombramientos de seguridad local pasaron por circuitos federales opacos, sin controles civiles y sin claridad sobre quién decidía esos nombramientos y a quién debían realmente responder.
López Obrador no ocultó esa lógica. En octubre de 2021 dijo que recomendaba a los gobernadores cuidar el nombramiento de sus secretarios de Seguridad Pública y consultar a Marina y Defensa. Lo presentó como garantía de honestidad. La promesa era tan simple como débil: frente a policías incapaces o capturadas, los militares serían la solución rápida. Actualmente, 15 secretarios de seguridad estatales y muchos más a nivel municipal son militares.
Esa solución ha costado demasiado. La militarización no resolvió la violencia; tampoco reconstruyó instituciones civiles, las sustituyó y las dejó rezagadas. No sometió el uso de la fuerza a controles democráticos, concentró poder en las Fuerzas Armadas que hoy realizan funciones civiles de todo tipo: seguridad pública, aduanas, puertos, aeropuertos, obras públicas y negocios.
El resultado no ha sido más Estado de derecho, sino menos. Se forzaron leyes, se normalizó que decisiones civiles fueran tomadas en espacios militares y se colocó a las Fuerzas Armadas en una posición ambigua, alejadas de su mandato constitucional de proteger la seguridad nacional, cargadas de funciones civiles cada vez más amplias y responsables de casi todo, pero fiscalizables por casi nadie.
Mientras López Obrador y Claudia Sheinbaum presentan la militarización como eficacia, los mecanismos legislativos para vigilarla han funcionado mal o han permanecido paralizados. Las comisiones bicamerales deberían revisar resultados, abusos, controles y nombramientos, pero eso no ha sucedido. Justo cuando más creció el poder militar, menos vigilancia democrática hay.
No se trata de una crítica contra soldados o marinos. Se trata de defender el principio básico que la seguridad pública debe estar subordinada a instituciones civiles y rendición de cuentas. Las Fuerzas Armadas no pueden usarse como atajo para evadir la construcción de policías civiles.
Sinaloa muestra el costo de aceptar ese atajo. Si un mando militar llega a una secretaría estatal por recomendación federal y luego termina señalado por vínculos criminales, no basta con que todos intenten deslindarse.
La militarización fue vendida como emergencia frente a la violencia, pero una emergencia permanente deja de ser excepción y se convierte en parte esencial del régimen. Cuando ese régimen concentra poder, debilita instituciones civiles y reduce controles democráticos, el daño es un deterioro profundo del Estado de derecho.
México no necesita decisiones opacas en nombre de la seguridad. Necesita instituciones civiles capaces, policías profesionales, fiscalías que investiguen y congresos que fiscalicen. Cuando la seguridad se entrega sin controles, se abre la puerta a formas autoritarias de ejercer el poder.
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