La solicitud del gobierno de Estados Unidos para detener provisionalmente a Rubén Rocha Moya con fines de extradición ha generado una reacción inmediata de defensa política. Otra vez aparecen los argumentos conocidos y recurrentes: intervencionismo, ataque a la soberanía, conspiración extranjera. Sin embargo, la discusión más importante no está en Washington, sino en México. Lo verdaderamente alarmante no es que una fiscalía extranjera investigue posibles vínculos entre políticos y crimen organizado. Lo alarmante es que, desde hace años, buena parte de esos señalamientos ya eran conocidos públicamente en México y, aun así, no provocaron consecuencias políticas reales. Ese es el fondo del problema. Durante décadas, los vínculos entre política y crimen han existido en distintas regiones del país; pero antes, al menos, había cierto pudor institucional. Una acusación grave obligaba a tomar distancia, abrir investigaciones, contener políticamente el daño o fingir preocupación pública. Hoy ocurre lo contrario. Las alertas se administran políticamente, se desacredita a quien denuncia y se protege automáticamente al aliado.
México pasó de esconder la podredumbre a normalizarla.
En Sinaloa, desde 2021 existían denuncias periodísticas, testimonios y múltiples señales sobre la intervención del crimen organizado en procesos electorales y estructuras de gobierno. Aun así, Rocha Moya fue respaldado, aplaudido, protegido y sostenido políticamente.
No es un caso aislado. En San Luis Potosí, los antecedentes y señalamientos alrededor de Ricardo Gallardo eran ampliamente conocidos antes de llegar al gobierno estatal. En Sonora, diversos reportes y versiones sobre la operación del crimen organizado en 2021 durante la elección de Alfonso Durazo pasaron casi desapercibidos porque fueron más silenciosos que escandalosos, aunque no por ello fueron menos graves. En Guerrero, durante años han circulado acusaciones públicas sobre personajes cercanos al poder político local y sus presuntos vínculos criminales. En Tamaulipas, las sospechas y señalamientos han acompañado repetidamente a distintos actores políticos. Y en el caso de Ovidio Guzmán, la liberación ordenada por el gobierno federal transmitió un mensaje devastador: el Estado puede retroceder frente al crimen y después normalizar políticamente ese retroceso.
El problema ya no es solamente la posible infiltración criminal. El problema es que el sistema político aprendió a convivir con ella sin pagar costos internos.
Esa pérdida de límites también explica la degradación del debate público. Cada vez se discute menos la gravedad de las acusaciones. La conversación gira alrededor de cómo proteger al grupo político propio, cómo desacreditar periodistas, cómo acusar campañas extranjeras o cómo reducir el costo electoral.
La consecuencia es devastadora para el Estado de derecho. Porque cuando las señales de captura criminal dejan de escandalizar al poder, las instituciones dejan de funcionar como contrapesos y comienzan a operar como mecanismos de protección política. Lo más inquietante ni siquiera es la reacción del gobierno. Era previsible que intentaran trasladar la discusión hacia la soberanía, los intereses extranjeros o los adversarios políticos; lo verdaderamente alarmante es la pasividad con la que buena parte del país observa el deterioro. Hace años, revelaciones de este tamaño habrían provocado presión social, exigencia empresarial, movilización ciudadana y costos políticos reales. Hoy predominan el silencio, la resignación o el cálculo.
Como si hubiéramos aceptado que convivir con territorios controlados por el crimen, gobiernos bajo sospecha y autoridades que administran la impunidad fuera parte normal de la vida pública. Ese es quizá, el mayor triunfo de la degradación institucional, no solo haber capturado espacios del Estado, sino haber erosionado la capacidad de indignación de la sociedad. Cuando un país deja de escandalizarse frente a los vínculos entre el poder político y el crimen organizado, el problema ya no es únicamente de gobierno. Es una señal de deterioro institucional, pérdida de libertades y desgaste democrático.
Presidenta de Causa en Común